Maximiliano Alarcón G. /Resumen Latinoamericano, 13 de noviembre de 2020
El Congreso peruano destituyó a Martín Vizcarra de la presidencia de dicho país, quien es investigado por presuntas coimas recibidas de parte de empresas constructoras. A raíz de esto, INTERFERENCIA conversó con Antonio Maldonado, procurador Anticorrupción entre 2004 y 2006 en Perú, quien sostiene que los parlamentarios transgredieron la constitución realizando un juicio anticipado.
El empleo político más peligroso en Perú es el de presidente de la república. Desde 1985 a la fecha todos los presidentes de dicho país, a excepción de Valentín Paniagua, 
se han visto involucrados en conflictos judiciales principalmente ligados a la corrupción. Ahora el caso le toca a Martín Vizcarra.
Durante la tarde de ayer lunes el Congreso de Perú destituyó al ahora ex mandatario a través de una solicitud de vacancia, con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, quien había asumido el cargo en marzo de 2018, luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. A cargo del gobierno quedó de manera interina el presidente del Congreso, Manuel Merino.
El argumento utilizado por el Congreso fue el de “permanente incapacidad moral” establecido en la constitución local, motivados por presuntos US$ 637.000 que habría recibido Vizcarra de parte de dos empresas constructoras peruanas para adjudicarse obras públicas mientras era gobernador regional de Moquegua.
En septiembre pasado el Congreso de Perú rechazó otra moción de vacancia contra Vizcarra, acusado aquella vez por presunta responsabilidad en contratos del gobierno ascendentes a los US$ 50.000 en favor del cantante Richard Swing.
Algunos medios, como el diario La República, hablan de un golpe de estado y el análisis de varios expertos constitucionalistas señalan que los congresistas aprobaron esta vacancia yendo más allá de lo que permite la constitución vigente, puesto que se trataría de un juicio anticipado que no le corresponde a los parlamentarios y que sería una maniobra política.
A propósito de la tensión actual, INTERFERENCIA conversó con Antonio Maldonado, quien fuera procurador Anticorrupción del Perú –un símil al presidente del Consejo de Defensa del Estado chileno– y que investigó casos de alta relevancia política, como los relativos al ex presidente Alberto Fujimori y que involucraron al empresario chileno-croata, Andrónico Luksic Craig.
De entrada, Maldonado indica que “el Congreso peruano quebrantó la constitución en la jornada de ayer”.
– Muchos, incluso importantes medios de comunicación peruanos, hablan de un golpe de estado. Se percibe que hay antecedentes judiciales pero también un alto componente político en la decisión del Congreso ¿Cuál es la situación?
– Hoy la mayoría de un congreso electo para un período corto ha tomado una decisión que quebranta la propia constitución y lesiona de manera muy seria el débil y precario estado constitucional de derecho.
– ¿Los argumentos judiciales que impulsan esto tienen sustento?
– La sesión del Congreso que ha decidido la vacancia por incapacidad moral permanente del presidente, ha sido invocada conforme lo que establece el artículo 113 numeral 2 de la constitución. Este artículo es singular porque establece las situaciones de hecho, objetivas, por las cuales un presidente puede dejar de serlo, pero el numeral 2 (permanente inhabilidad política o física declarada por el Congreso) se refiere a una situación que no es objetiva, que no es de hecho.
Esa causal ha sido usada para hacer una valoración en principio de hechos de contenido penal. El problema con el artículo es que no está diseñado para valorar la conducta de un presidente de cara a presuntos hechos delictivos.
Son tres niveles donde se articula la responsabilidad de un presidente en el Perú. Uno es el nivel de la infracción constitucional que se hace mediante el antejuicio político, que es una suerte de impeachment; otro el nivel de la posible responsabilidad penal que sólo se dilucida mediante la acción del sistema de administración de justicia con sus dos componentes principales, el Ministerio Público y el Poder Judicial; y finalmente el llamado precepto de la incapacidad moral, que no aplica cuando los hechos tienen contenido delictivo o tienen la naturaleza de una potencial infracción constitucional.
– ¿En qué caso aplicaría este numeral?
– Un caso que podría ejemplarizar qué es incapacidad es que el presidente mostrara signos cotidianos de ebriedad, que saliera al balcón del palacio de gobierno desnudo, o que consumiese drogas, o lo que ha hecho Trump y Bolsonaro, decir que toman tales y cuales medicinas y que con eso se cura el Covid-19, esos son supuestos de incapacidad moral, no los supuestos que dieron origen a este caso, porque estos son de naturaleza jurídico penal.
El modelo político peruano es presidencialista, el presidente es elegido para un período fijo y por eso tiene una serie de garantías que establece el artículo 117 de la constitución. Precisamente por esa razón es que usar el argumento de la incapacidad moral lesiona la garantía que tiene un gobierno de terminar su mandato en el plazo para el cual ha sido electo.
Hay que anotar también que estamos frente a una constitución que ha diferencia de lo que ha pasado en Chile, donde ha habido un plebiscito, se ha decidido por la reforma a la constitución. En Perú tenemos heredada y vigente la misma constitución que nos dejó el dictador (Alberto Fujimori). Ésta merecería ser reformada porque tiene una serie de problemas, uno es el de este caso. Pese a la precariedad normativa, el Congreso lo que ha hecho es avasallarla completamente, ha quebrantado los principios del estado constitucional de derecho, ha usurpado funciones de un tribunal de justicia al condenar prácticamente a Vizcarra por los hechos de contenido penal.
– Se puede interpretar como un juicio anticipado a Vizcarra, pero ¿En qué etapa se encuentra la investigación judicial?
– Hay dos investigaciones grandes. La primera se refiere a la contratación indebida de un personaje muy folclórico (Richard Swing) quien fue contratado, según parece, debido a las decisiones que tomó el presidente para favorecerlo. Esa investigación está más avanzada y está a cargo de los fiscales anticorrupción.
La segunda investigación penal se refiere a presuntos hechos de corrupción ocurridos cuando Vizcarra era presidente del gobierno regional de Moquegua, y a su vez tiene dos hechos diferentes. Unos vinculados a los patrones de corrupción llevados a cabo por las empresas constructoras brasileñas y sus asociados, mientras que el otro patrón de hechos está relacionado con el llamado «club de la construcción», que trabajaron de la mano con los brasileños pero con cierta autonomía. Estos últimos hechos están a cargo de dos fiscalías, una pertenece al grupo especial de fiscales del caso Lava Jato, mientras que el otro paquete de casos, el del club de la construcción está a cargo de una fiscalía del sistema ordinario anticorrupción. Hay una situación curiosa, porque ambas fiscalías se atribuyen la competencia para investigar estos dos últimos hechos. En todo caso ambos hechos, son de naturaleza penal y solo pueden ser investigados por el Ministerio Público, el que si prueba que se cometieron los delitos que se sospechan de Vizcarra, debería ir a juicio, a condena y a la cárcel, pero estos hechos de naturaleza penal están totalmente excluidos de la invocación que ha hecho el Congreso para iniciar su audiencia sobre presunta incapacidad moral.
– Hay un evidente componente político ¿Pero estos sectores que acusaron a Vizcarra a qué responden?
– Hay varios partidos que hoy se unieron con el propósito de destituir al ex presidente Vizcarra. Está Acción Popular, un partido histórico; está un partido nuevo, que se llama Alianza para El Progreso; está otro partido que se llama Podemos; el partido de Izquierda, Frente Amplio; el popular evangélico, el Frepap, y varios otros más.
Todos estos partidos, son el producto del régimen constitucional vigente, es decir, si se hubiera reformado el ordenamiento constitucional peruano no tendríamos estos actores políticos, como el fujimorismo, que es investigado como organización criminal. Los partidos políticos todos tienen cuentas con la justicia. Marta Chavez, del fujimorismo, fue la persona que encubrió los gravísimos delitos a los derechos humanos y delitos de corrupción de Fujimori y hoy está en el Congreso. Omar Chehade Moya fue el primer vicepresidente de Humala y fue procesado por un caso de corrupción que no llegó a condena porque fue favorecido por el propio partido del señor Humala. Los propios dirigentes de Podemos están vinculados a universidades de dudosa reputación y conducta, incluso el fundador de uno de esos partidos fue hace unos días detenido por orden de la fiscal que investiga un caso denominado “los cuellos blancos del puerto”, por su presunta vinculación a una organización criminal denominada los gángsters de la política. Uno de los partidos, el UPP, fue creado por el ex embajador Javier Pérez de Cuéllar y ahora es un cascarón sin contenido, digitado por un señor que se llama Antauro Humala, que está cumpliendo condena en una carcel de Lima por su liderazgo y participación en un acto violento conocido como el andahuailazo, que terminó con el asesinato de policías rendidos, lo que también constituye una infracción gravísima al derecho internacional humanitario.
En resumen, son partidos de cuestionables procedencia, son líderes con cuentas en la justicia, que carecen de total autoridad moral para juzgar la autoridad moral de cualquier otra persona que no sean ellos.
– ¿Qué debió haber hecho el Congreso ante la situación de Vizcarra?
– El caso penal ya está en manos de fiscalía, está en una investigación preparatoria, dentro de esa fase hay una subfase denominada “investigación preliminar”, pero ya está siendo investigada con el Ministerio Público. El congreso tenía que haber apoyado a los fiscales que trabajan en condiciones precarias, no duplicar ni usurpar sus funciones. Por cierto, hay que investigar los hechos de manera penal y hacer votos para que la justicia actúe con rigor, diligencia, y que en caso de que se compruebe la culpabilidad de Vizcarra, que terminase condenado. No había nada más que hacer. Hoy el tema principal no es Vizcarra ni la corrupción que realizó, hoy el tema principal en Perú es la pandemia, somos de los primeros países con más muertes en el mundo, es una situación gravísima. El Congreso no está acompañando a la sociedad peruana y sus integrantes se mueven con arreglos a sus intereses privados y particulares, que además son nada loables, como los ejemplos de los negocios de universidades, el interés del fujimorismo de acabar con la investigación de Lava Jato, etc. Es una situación muy grave, hoy se ha producido un serio quebrantamiento del estado de derecho.
– ¿Qué situación política se proyecta ahora?
– El panorama es muy oscuro, las proyecciones no son nada buenas. El día de mañana el Congreso va a asumir la presidencia de la república, se quiebra el equilibrio de poderes. Esa asunción iba a ser a las 6 de la tarde inicialmente y ahora han convocado a la gente a las 10 de la mañana. Van a generar un gabinete con personajes deleznables, con prontuario policial o judicial, es un retroceso enorme, que tendrá implicancias en la lucha contra la corrupción, salir de la pandemia, la lucha contra la pobreza. Es un golpe muy duro a cualquier programa racional y civilizado de gobierno democrático.
FUENTE : Interferencia
