Por Silvina Reguera, Resumen Latinoamericano, 27 de diciembre de 2020.
Costaron dos acampes frente al palacio de justicia, para que la Corte Suprema Justicia de la Nación tomara en cuenta que hay un pueblo que existe, que resiste y que se llama Andalgalá. El 23 de diciembre, a horas de la Navidad, la Corte de Justicia de Catamarca puso en juego el orden democrático en Andalgalá, declarando inconstitucional la ordenanza (029÷2016), que protege el único reservorio de Agua, para favorecer un emprendimiento minero. Unos días antes Yamana Gold y Glencore Xstrata habían anunciado la creación del Proyecto MARA para explotar «Agua Rica».
Costaron dos acampes frente al palacio de justicia, para que la Corte Suprema Justicia de la Nación tomara en cuenta que hay un pueblo que existe, que resiste y que se llama Andalgalá. Y que, con todos los fundamentos científicos, geográficos, históricos y jurídicos se opone a una actividad tan corrupta como criminal, como es la megaminería a cielo abierto.
Lograr que el máximo tribunal de la República Argentina le diera la razón al pueblo trajo como resultante la aprobación de una ordenanza “antiminera” que dormía en los cajones del olvido; y fue aprobada por unanimidad, logrando así, ganarle otra batalla al enemigo depredador, porque la guerra, es por el Agua, y se gana con pequeñas batallas, como esta.
Así las cosas, el pasado 23 de diciembre, a horas de la Navidad, la Corte de Justicia de Catamarca puso en juego el orden democrático en Andalgalá, declarando inconstitucional la ordenanza, que protege el único reservorio de Agua, para favorecer un emprendimiento (agua rica-alumbrera-mara…o como le quieran llamar).
La memoria, la historia, la lógica y el sentido común nos lleva a relacionar la actitud tanto de los jueces como de los gobernantes, con los gobiernos militares, donde desaparecían personas. Ahora en plena “Democracia” quieren desaparecer pueblos enteros, en nombre del “desarrollo” y para pagar una deuda eterna y sucia con los pocos recursos naturales que quedan, luego del vaciamiento de alumbrera, aunque eso signifique poner en riesgo lo verdaderamente esencial que es el Agua.
Los argentinos en su conjunto, debemos empezar a repudiar fuertemente estos atropellos que vienen de la mano del abuso de poder, de la arrogancia y la soberbia de personajes “VIP”, parásitos de una sociedad con la que están en deuda. De nuevo, la deuda es con nosotros, y lo que está mal debe tener tolerancia cero, si verdaderamente queremos cambiar las cosas y hacer un mundo mejor.
Y que lo inmediato no tape lo siguiente. La embestida minera no tiene freno. También hay que decir que la Provincia de Catamarca ha autorizado la perforación de 11 pozos en el Nevado del Aconquija.
Conforme a los mapas georeferenciados, realizados por nuestros técnicos, esto quiere decir que, pretenden hacer pozos de exploración geológica y metalúrgica en Filo Colorado. Es muy grave que la Provincia haya autorizado la perforación de pozos en el ambiente glaciar y periglaciar, pero más grave es que autorice la perforación de uno de esos pozos por fuera de los límites de la propiedad minera y justamente se ubique en el yacimiento Filo Colorado. Lo cual demuestra las intenciones de corrernos de nuestro propio pueblo con el Yacimiento Pilciao 16 ubicado arriba de nuestras propias casas en la ciudad de Andalgalá. Esta situación es de una gravedad extrema, debido a que la propia realidad actual del pueblo con la problemática del agua, la población entera está sufriendo la falta de ella, tanto para consumo humano como para el resto de las actividades productivas que hoy tenemos en nuestras poblaciones.
Los Nevados del Aconquija, calificados como Santuario de la Naturaleza, dejarán de ser tales con los yacimientos mineros funcionando en nuestra cuenca del Río Andalgalá.
No sería sorprendente que luego quisieran formar un “municipio paralelo” o algo así como un municipio de “altura”, conociendo al enemigo que ya ni escrúpulos tiene, no sería nada extraño. Y entonces si, ya estaríamos en condiciones de INDEPENDIZARNOS de una provincia cuyo gobierno nos discrimina, nos odia y fomenta la pelea de vecinos contra vecinos, cuando en realidad lo único que queremos es conservar el agua y vivir en Paz.
El mundo se ha frenado en su propio eje, la tierra nos viene dando mensajes a grito pelado, antes de la pandemia y nos está diciendo que ya no soporta más tanto daño, y en ese sentido, la parte que nos toca cuidar como ciudadanos consientes y coherentes, la estamos cumpliendo. Son los funcionarios, los gobernantes los que se tienen que poner a la altura de las circunstancias. El gobierno nacional, el provincial y el intendente de Andalgalá, que hasta ahora no hace más que esquivar sus responsabilidades como tal y se olvida que el único mérito que tiene de haber sido elegido, es haber tomado la bandera de la lucha ambientalista, pero no está demostrando mas que “tibiezas”, propio de quien carece de verdadero compromiso. La verdad duele…pero sigue siendo la verdad.
Y que alguien le explique a los andalgalenses, por qué sus derechos son menos importantes que los derechos de los demás.
La Deuda, señores: es con el pueblo. Hoy Sábado 26 de diciembre, una vez más, Andalgalá camina, y cuando ellos “vienen por todo” nosotros vamos por MÁS: sin descansar hasta que se vaya Agua Rica y se prohíba la megaminería en toda la Argentina.
Comunicado de organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y personalidades:
Repudiamos la Sentencia Definitiva que declara inconstitucional la ordenanza de Andalgalá que prohíbe la minería en todas sus formas en la Cuenca del Río Andalgalá
Desde el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) cuyo presidente honorario es Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Dialogo 2000 – Jubileo Sur Argentina, Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo L.F, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, La Matanza (APDH La Matanza), Pablo Pimentel defensor de Derechos Humanos, Amigos de la Tierra, Colectivo Yopoy, Asociación Civil Pro Eco Grupo Ecologista (PRO ECO), Conciencia Solidaria y Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega, repudiamos y rechazamos la Sentencia de la Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca Nro. 48⁄2020, de fecha 22 de diciembre del 2020, mediante la cual se declara inconstitucional la ordenanza del Concejo Deliberante de Andalgalá 029⁄16 que prohíbe la minería en todas sus formas en la Cuenca del Río Andalgalá, en el marco de los expedientes judiciales 143⁄16 caratulado: “Minera Agua Rica LLC Sucursal Argentina c/Municipalidad de Andalgalá s/Acción de Inconstitucionalidad” y 133⁄2016 caratulado: «Gobierno de la Provincia de Catamarca c/Municipalidad de Andalgalá s/Acción de inconstitucionalidad». Lamentablemente esta sentencia pone en jaque el orden democrático local, dado que la ordenanza municipal dictada como inconstitucional fue aprobada por todos los bloques políticos (Frente de Todos y Cambiemos) del ámbito local y de manera unánime. En el artículo 1° de dicha ordenanza se lee: “Prohíbase la actividad minera metalífera (oro, cobre, plomo, plata, etc.), en la modalidad denominada a cielo abierto y la actividad minera de minerales nucleares, uranio y torio, bajo cualquiera de sus formas, en las modalidades a cielo abierto o por galería, en todas sus etapas: cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación y extracción en toda la cuenca hídrica del río Andalgalá”. El artículo 2° prohíbe el uso de cianuro, mercurio y los ácidos sulfúrico, clorhídrico, fluorhídrico y nítrico. Y en el artículo 3° se señala la prohibición del uso de agua de ríos, arroyos y de depósitos naturales de agua (tanto superficiales como subterráneos) para la actividad extractiva.A simple vista, puede observarse que esta ordenanza ha sido un logro en la férrea defensa del derecho humano al agua y el acceso a ella libre de contaminación, que desde hace más de 11 años viene llevando adelante el Pueblo de Andalgalá. El mismo pueblo que ha denunciado ante todas las autoridades posibles la vulneración de sus derechos, que ha interpuesto un recurso de amparo, dos denuncias penales, una en el ámbito federal y otra en la justicia provincial, que se ha presentado como terceros interesados en cuatro expedientes, que sabe que su vida está ligada al curso del río Andalgalá, que genera proyectos de vida alternativos pensando en sus hijxs y nietxs, que sostiene una radio comunitaria para mantenerse informado, que desde hace una década camina todos los sábados alrededor de la plaza principal por la vida y el derecho a la autodeterminación del pueblo.Por el otro lado, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Catamarca argumenta que el Estado provincial es dueño de los recursos minerales. Y desde la empresa minera Yamana Gold Inc. aducen que la actividad minera es una actividad económica lícita. Con estos fundamentos formales, ambos actores iniciaron acciones judiciales para desestimar la ordenanza municipal.Sin embargo, ninguno de ellos quiere oír al pueblo de Andalgalá, ni respetar sus derechos humanos a vivir en un ambiente sano y acceder al agua libre de contaminación. Cuenta de ello da la reciente integración de las empresas Yamana Gold y Minera Alumbrera (Glencore y Newmont Gold Corp.), para burlar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado el 2 de Marzo del 2016, a favor del recurso de amparo presentado por los vecinos de Andalgalá, como así también la autorización, Declaración de Impacto Ambiental, dictada por el Ministerio de Minería de la Provincia en junio del 2020, la cual da vía libre a la etapa de exploración avanzada, autorizando incluso un pozo que se encuentra por fuera de la mensura minera y en áreas prohibidas por la ley nacional de Presupuestos Mínimos de Glaciares y Ambiente Periglaciar. Esto muestra tanto la impunidad con la que se manejan estas empresas, así como la falta de compromiso del Estado en el cumplimiento de los Derechos Humanos. Es hora de que las autoridades ejerzan la función para la que fueron votadas y respeten la voluntad del Pueblo, no los intereses de las empresas transnacionales. Por ello, esperamos que esta misma Corte permita el ejercicio del derecho a la doble instancia judicial a los efectos de que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que decida sobre la ordenanza que protege los derechos fundamentales del Pueblo de Andalgalá.
Fuente: AnRed
