Resumen Latinoamericano, 17 diciembre, 2020
Finalmente, con una orden firmada por el fiscal Ricardo Mazzuchi y con el apoyo de policías y la Guardia de Infantería, el municipio logró ingresar a la sede de la Coopi, en el marco del proceso de toma del servicio de agua.
Minutos antes de las 15 el fiscal emitió la orden que obligó a la Coopi a dejar ingresar a los funcionarios. Sin embargo, no pudieron acceder a la información que pretendían llevarse.
Es que se les informó que, por un lado, el horario laboral finalizó a las 14,15, y por otro, los trabajadores están en estado de asamblea permanente, con quite de colaboración.
En este sentido vale recordar que el decreto planteaba conocer la base de datos informáticos relativas a las cuentas afectadas al servicio de agua potable, rutas de lecturas de medidores, historial de consumos de usuarios, información de accesos, en tiempo real, de monitoreos y maniobras de válvula, accesos a controles remotos de bombeos y niveles de tanques de almacenamiento.
Tras una breve reunión que se llevó a cabo en el interior de la sede de Moreno 78, y de la que participaron el gerente General Rodolfo Frizza y el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Gustavo García Setti, se firmó un acta y la comitiva municipal se retiró sin hacer declaraciones.
Fortísimo apoyo político y ciudadano a la Coopi ante el ‘atropello’ del municipio
Mientras se aguardaba una decisión del fiscal Ricardo Mazzuchi respecto a ordenar a la Coopi que habilite el ingreso de la comitiva municipal en el marco del inicio del proceso de toma del servicio de agua, se desarrolló una importante asamblea en la sede central de la institución.
Además de trabajadores, acompañados en muchos casos por sus familias, delegados e integrantes del cuerpo social, se hicieron presentes dirigentes políticos de diferentes espacios, numerosos vecinos y referentes de instituciones intermedias, movimientos y agrupaciones sociales.
Estuvieron presentes, entre otros, los concejales Natalia Lenci, Gustavo Molina, Carlos Quaranta, Jorge Lassaga y Daniel Ribetti, y los exediles Walter Gispert y Adrián Lizarriturri.
Hubo unánime rechazo al ‘atropello’ del municipio, y se explicitó el respaldo a la Coopi como prestadora de servicios públicos hace 57 años en la ciudad.
La Coopi objetó el inicio del proceso de toma del servicio de agua y denunció al municipio por abuso de autoridad. También, la Cooperativa rechazó el inicio del proceso de traspaso del municipio de agua y denunció a las autoridades municipales por abuso de autoridad.
Horas antes de acceder a la sede de la Coopi, el municipio había acudido a la fiscalía y no descartaba el uso de la fuerza pública para ingresar a la sede de la institución, cosa que finalmente hizo.
La comitiva oficial llegó acompañada por fuerte presencia policial) estuvo integrada por el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Gustavo García Setti, el flamante subsecretario de Agua y Saneamiento, Roberto Cotti, el Asesor Letrado Darío Pérez y parte de su equipo (Marcelo Di Pietro y Ramón Montenegro), y el escribano Gastón Recalde.
Fue el gerente General de la Coopi, Rodolfo Frizza, junto al abogado Juan Antonino, el encargado de explicar la postura de la institución de impedir el ingreso.
Tras la firma del acta, tanto municipio como Coopi se dirigieron hacia la fiscalía. Por el lado del gobierno para denunciar que no los dejaron ingresar, y desde la Coopi para denunciar a las autoridades por abuso de autoridad, entendiendo que el fallo del Tribunal Superior de Justicia no está firme porque aún puede ser impugnado.
‘Cotti traidor’
Las presencias de Roberto Cotti y Aldo Lescano, extrabajadores de la Coopi que fueron despedidos con justa causa, fueron tomadas como una provocación.
Si bien se mantuvieron alejados del centro de la discusión, hubo carteles y cánticos con dedicatoria por ‘traidores’.
Cabe recordar que Cotti fue despedido tras comprobarse una conexión clandestina de gas natural a un complejo de su propiedad cuando se desempeñaba como gerente de Carlos Paz Gas.
El ahora elegido por el municipio para llevar adelante la prestación del servicio de agua respondió al despido con una demanda laboral contra la Coopi por más de dos millones de pesos. Sin embargo, la justicia falló a favor de la institución y dictaminó que fue echado “con causa”.