Resumen Latinoamericano, 23 de diciembre de 2020.
Entidades, ambientalistas, parlamentarios de la oposición y trabajadores de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente se han pronunciado en contra de la reforma a la Ley de Plaguicidas de Rio Grande do Sul y piden que se elimine el régimen urgente del proyecto.
El Proyecto de ley 260⁄2020, propuesto por el gobierno gaucho, elimina la autorización de uso obligatorio en el país que produce el producto, vigente desde 1982 en el estado. La oposición pide una discusión efectiva: «La ley existe desde hace 38 años y Rio Grande do Sul no ha dejado de ser un importante productor de alimentos».
El pasado lunes 21 por la tarde, se realizó una audiencia pública, en un entorno virtual, de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Cooperativas de la Asamblea Legislativa, que trató el proyecto de ley enviado por Eduardo Leite (PSDB), que modifica la Ley Nº 7.747 /1982. Debido a la urgencia, el asunto se puede votar este martes (22), la última sesión legislativa del año.
El encuentro, iniciativa de la diputada Sofía Cavedón (PT), escuchó a entidades de los diferentes sectores involucrados, buscando, según el parlamentario, “la mínima garantía de que los organismos estatales puedan controlar y prevenir mayores daños por el uso de algunos plaguicidas”.
Ley histórica
La Ley 7.747 fue aprobada en 1982 por parlamentarios de todos los partidos, que evita que los plaguicidas prohibidos en los países donde se encuentran los fabricantes se apliquen a los cultivos del estado.
El autor de la legislación de ese año, el exdiputado Antenor Ferrari, asistió al encuentro y habló sobre la historia de la ley, que surgió de un debate en torno al uso de plaguicidas que terminaron en aguas fluviales.
“Hubo movilización y durante seis meses hubo varias discusiones para tomar algún tipo de acción, con el objetivo de solucionar un problema que afectaba a todos. Fueron meses de debate y diálogo y se concluyó la prohibición de plaguicidas que no fueron aprobados en sus países de origen”, dijo.
La enmienda propuesta por el Ejecutivo de Rio Grande do Sul se centra en el artículo 2 de la Ley. El dispositivo permite la distribución y comercialización de plaguicidas y biocidas en Rio Grande do Sul que ya están registrados en el organismo federal competente (Ministerio de Agricultura (MAPA), Anvisa e Ibama ) y también resultantes de la importación de productos con uso autorizado en su país de origen.
El subsecretario de Agricultura, Luiz Fernando Rodrigues Junior, explicó que la intención del Ejecutivo es una «corrección de rumbo». Enumeró la legislación nacional actual sobre el tema y dijo que correspondería al estado registrar e inspeccionar la aplicación de productos pesticidas registrados a nivel nacional.
¿Cuál es la urgencia?
El grupo que se opuso a la aprobación de la PL 260 criticó el régimen de urgencia solicitado por el gobernador, que impide un adecuado debate con la sociedad en Rio Grande do Sul.
Para el diputado del PT, Pepe Vargas, este es un debate sobre bioseguridad. «Tenemos una legislación que cumple 38 años, por lo que RS ya no es un importante productor de alimentos. No hay ninguna razón por la que esta ley deba ser considerada como una cuestión de urgencia».
El congresista Edegar Pretto (PT), quien preside el Frente Parlamentario por la Alimentación Saludable, recordó la construcción de un documento que se envió al gobernador Eduardo Leite, en la PL 260, en el que se solicitó una reunión con la actual gerencia, quien ni siquiera respondió. al movimiento.
“La legislación original fue construida precisamente para equiparar RS con países europeos, que había estudios que estaban más avanzados que nosotros y que conocían sus causas y daños. Todavía estamos experimentando los efectos de la peor sequía en décadas, en la que el gobernador Leite le dio la espalda a la agricultura en nuestro estado, y sabemos que es posible producir con otros métodos ”.
Los que solo ven el mercado no se preocupan por la vida
Para el presidente de la Comisión de Seguridad y Servicios Públicos, diputado Jeferson Fernandes (PT), lo que está detrás de este proyecto es la industria química. «Tenemos varias culturas que ya se están volviendo inviables, ¿quién no sabe que cuando se trata de veneno no tiene frontera? Los que solo ven el mercado no se preocupan por la vida».
La representante del Ministerio Público, Ana Marquesan, defendió la realización de un estudio de impacto regulatorio antes de la votación de la PL 269⁄2020.
Más vida, menos veneno
Más de 200 entidades de diferentes ámbitos han firmado la carta abierta Mais Vida, Menos Veneno, dirigida al gobernador. El documento fue sugerido durante una reunión del Frente Parlamentario Gaúcha en Defensa de la Alimentación Saludable, en una reunión virtual promovida en una emergencia que reunió a más de 140 personas.
La carta advierte sobre los impactos en el medio ambiente y las consecuencias para la salud de las personas, si se aprueba el PL sin que haya un amplio debate con la población de Rio Grande do Sul sobre el tema, escuchando a productores, vendedores justos, investigadores, especialistas y entidades ambientales y ambientales. Salud.
Un grupo de organizaciones alemanas también emitió una carta advirtiendo sobre cambios en la ley de plaguicidas, manifestando su apoyo irrestricto a la actual Ley de Plaguicidas en Rio Grande do Sul. Según las entidades, actualmente, dos de las mayores empresas de plaguicidas del mundo tienen su sede en Alemania y vender a Brasil decenas de principios activos no registrados allí.
Como demuestra el informe “Pesticidas peligrosos: Bayer y BASF, un negocio global con dos pesos y dos medidas”, al menos 12 pesticidas BASF y 12 pesticidas Bayer se venden en Brasil sin el debido registro en Alemania.
Fuente: 
Brasil de Fato
Traducción: Resumen Latinoamericano
