Por Gearóid Ó Loingsigh. Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2020.
El tema de las drogas es uno que nunca está lejos en el discurso público
sobre el conflicto colombiano. Periodistas sesgados y /o simplemente
perezosos usan el tema para describir los motivos detrás de un sin fin
de hechos, masacres y asesinatos. Es cierto que el narcotráfico ha
permeado a toda la sociedad colombiana, y no existe sector alguno que no haya sido impactado por ello. Pero no todos en Colombia somos
narcotraficantes. Sin embargo, una vez más se vuelve a jugar con el
naipe, el Rey de Bastos para describir el conflicto en términos de un
problema de narcotráfico.
Varios periódicos colombianos sacaron artículos recientes sobre la
supuesta relación de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional
(ELN) con el narcotráfico y ya hay 11 comandantes del ELN que tienen
procesos abiertos por dicha actividad y están pedidos en extradición.[1]
Hablan del ELN como si dominara el narcotráfico, hablan de ajustes de
cuentas internas por dinero de narcotráfico, como si fueran una
pandilla, en vez de que el ELN toma medidas drásticas contra sus
miembros que se metan en el narcotráfico, y esas ejecuciones internas
responden a la indisciplina y traición de principios de unas personas y
no son una pelea interna por dinero.[2]
Por supuesto el ELN en una carta abierta, ampliamente difundida en redes sociales y prensa alternativa, respondió negando cualquier vínculo con el narcotráfico.[3] Pero ¿cuán cierto es este nuevo relato? Antes de mirar a las
acusaciones dirigidas contra el ELN vale la pena repasar un poquito la
historia del narcotráfico en Colombia y la realidad del negocio en
términos internacionales.
Comenzando con lo obvio cuando fundaron las FARC y también el ELN en
1964 el narcotráfico no era un problema en el país y no existían grandes
cultivos tampoco, es decir, la existencia de las guerrillas es anterior
a la existencia del narcotráfico. Luego en los 70 el país vivió una
bonanza de la marihuana en la costa, pero es el surgimiento de los
grandes carteles de drogas en los 80 alrededor de la producción de la
cocaína que define para siempre la forma que toma el narcotráfico en el
país. Hasta los 90 el país no era autosuficiente en hoja de coca, aun
siendo el principal fabricante del producto final, cocaína.
Escobar ya estaba muerto cuando Colombia logra la autosuficiencia y es en ese contexto que toma fuerza un discurso de echar la culpa del narcotráfico
a las FARC, ignorando por completo que los principales narcos eran
fundadores de grupos paramilitares. Uno de los grupos paramilitares más
notorios en los ochenta fue el MAS (Muerte A Secuestradores) fundado por
el Cartel de Cali y otros narcotraficantes como respuesta al secuestro
de Marta Nieves Ochoa, familiar de los narcos Ochoa, por el M‑19.
El discurso sin embargo, sirvió para justificar el Plan Colombia y tenía
algo de verdad, pero no mucho en ese entonces. La relación de las FARC
con el narcotráfico no ha sido constante y con el tiempo ha
evolucionado. Casi todo el mundo acepta que ellos comenzaron imponiendo un impuesto sobre la producción de coca, base de coca o cocaína en los territorios que controlaban. Esa relación inicial cambió y las FARC pasaron de simplemente cobrar un impuesto revolucionario a promover el cultivo, proteger laboratorios y hasta tener laboratorios propios y en el caso de algunos comandantes como el fallecido Negro Acacio, se metieron directamente en el tráfico de drogas. No hay duda al respecto.
Pero tampoco fueron los grandes narcotraficantes que intentaron
hacernos creer, estos narcos son del entorno no sólo del Centro
Democrático sino del Partido Liberal y el Partido Conservador. Se
olvida que la excusa de Samper frente al ingreso de dinero del
narcotráfico a su campaña fue y sigue siendo que se hizo a sus espaldas,
pero nadie niega que el narcotráfico de algún grado financia todas las
campañas electorales en el país, aunque empresas como Odebrecht juegan
un papel a nivel nacional, a nivel local y regional el narcotráfico
quita y pone a más de un alcalde, gobernador, representantes y hasta
senadores.
Hasta el hermano de la actual vicepresidente del país Marta
Lucía Ramírez fue narcotraficante y abundan fotos de muchos políticos
con el Ñeñe Hernández y Uribe aparece en fotos también con el hijo del
narcotraficante y paramilitar Cuco Vanoy. Es de conocimiento público
que varios altos mandos de la Policía cercanos a Uribe como su exjefe de
seguridad Mauricio Santoyo fueron extraditados a los EE.UU. por delitos
relacionados con el narcotráfico y la excusa de Uribe fue la misma que
Samper, todo fue a sus espaldas.
Pero cuando miramos a la extensión de los cultivos ilícitos en Colombia,
vemos claramente la razón porque los relacionaron con las FARC durante
tanto tiempo y no con el ELN. La razón es sencilla, la mayoría de las
grandes extensiones de coca y amapola se encontraban en zonas de
influencia de las FARC. Si miramos al monitoreo de cultivos que hace la
Oficina del Delito y la Droga de las Naciones Unidas (UNODC) vemos que
en 2001 los principales departamentos donde había cultivos eran casi
exclusivamente feudos farianos.
En 2001, la coca ya se encontraba en 22 departamentos del país,
comparado con apenas 12 en 1999 (p4). Sin embargo, a pesar de esa
expansión dos zonas concentraban la mayor parte de los cultivos:
Putumayo-Caquetá tenía 45% del total de coca (aproximadamente 65.000
ha.) y Meta-Guaviare-Vaupés con 34% de la área de coca (unas 49.000
ha.), es decir el 79% de toda la área sembrada con coca.[4] Eran zonas
completamente dominadas por las FARC, ni un solo eleno caminaba por esos territorios, o si lo hacía, lo hacía encubierto so pena de ejecución a
manos de las FARC en caso de que lo encontraran, pues las FARC no
toleraban competencia política en sus feudos.
Cuando uno mira al mapa de los cultivos en ese entonces, uno ve no sólo esa concentración en esas zonas sino que casi todos los demás departamentos eran dominados por las FARC, y en los que había cultivos significativos y también una presencia del ELN, uno encuentra a Cauca, con 3.139 ha., Nariño con 7.494 ha. y Norte de Santander con 9.145 ha. Pero en esas zonas existía cierto equilibrio territorial entre las distintas guerrillas y uno de los pocos departamentos donde el ELN era claramente la guerrilla
dominante era Arauca con 2.749 ha.[5]
Pero cuando miramos a los municipios vemos que no es tan claro, pues en el Norte de Santander 83% de los cultivos se encontraban en un solo municipio: Tibú, feudo fariano durante mucho tiempo antes de la llegada de los paramilitares en 1999.[6] En Arauca el municipio de Araquita representaba más de 60% de
los cultivos en el departamento y también era un feudo fariano dentro de
un territorio dominado por el ELN. Así es obvio porque se hablaba casi
exclusivamente del papel de las FARC en el narcotráfico y no del ELN en
ese entonces.
Años más tarde la situación no había cambiado mucho, los principales
departamentos productores eran los feudos farianos. El estudio de la
UNODC sobre los cultivos en el país en el año 2013, sigue representando
una concentración en los feudos farianos, con un desplazamiento desde
Putumayo hacía Nariño debido a la fumigación y la persecución de las
FARC en ese departamento por parte del Estado. En 2013, existían apenas 48.000 hectáreas de coca en todo el país, con significativas reducciones
en algunas partes. Nariño, Putumayo, Guaviare y Caquetá sumaban 62% de
las hectáreas de coca, con el Norte de Santander con 13% y Cauca con
apenas 9%.[7] Hubo una reducción y un desplazamiento de los cultivos
hacia nuevas zonas con Nariño representando el aumento más dramático de todos los departamentos.
En 2019, ya había 154.000 ha de coca en todo el país, algo más del
triple de la cantidad sembrada en 2013, aunque representaba una leve
reducción frente a 2018 cuando había 169.000 ha.[8] La producción de
coca se recuperó a partir de 2014 en pleno proceso de paz con las FARC.
Es de anotar que en 2019, Arauca un departamento donde domina el ELN la
UNODC no reportó cultivos de coca.[9] Una vez más el Norte de Santander
es un departamento con una amplia producción de hoja de coca casi
cuadruplicando la cantidad reportada en 2001. Tenía 41.749 ha. de coca
pero el solo municipio de Tibú tiene 20.000 ha y el mismo informe de la
UNODC indica que no son áreas nuevas e indican un arraigo del cultivo en
la zona.[10]
Sin embargo, no obstante el papel de las FARC en las drogas, no eran los
grandes narcotraficantes que nos hacían creer. ¿Cómo sabemos? Su
desmovilización no cambió para nada el flujo de cocaína hacía los EE.UU.
y Europa. Los grandes capos del narcotráfico, en las empresas, en el
Congreso de la República, en los bancos internacionales no pararon ni un
segundo. Tampoco pararon por un instante personajes como Ñeñe Hernández ni demás asociados de los partidos políticos de la derecha en Colombia.
La producción de cocaína no paró, como tampoco paró el consumo. El
Informe Global de Drogas de la UNODC da fe de ambos fenómenos. Según
la UNODC el consumo de cocaína en los EE.UU. cayó de 2.5% de la
población en 2002 a 1.5% en 2011, pero desde ese año volvió a aumentar y
en 2018 se situaba en 2.0%, además existen indicios de un aumento en la
venta de cocaína de alta pureza a precios más bajos entre 2013 y 2017.
El precio de un gramo puro cayó 29% y la pureza aumentó 32%.[11]
También el informe indica que en Europa hubo un aumento significativo en
varias partes como Holanda, Noruega, Dinamarca, Estonia y Alemania. No
obstante algunos de esos países habían experimentado reducciones en el
consumo en los primeros años del siglo.[12] Todo esto indica que existe
una mayor oferta de la droga. Eso no solo podemos ver en las cifras
antes citadas de un aumento en la producción de hoja de coca en Colombia
(o en otros países como Perú y Bolivia), sino se ve en las incautaciones
de drogas. Un aumento en incautaciones puede indicar una mayor eficacia
por parte de las fuerzas policiales, pero combinado con una estabilidad
o aumento en consumo y una reducción en el precio, indican, más bien, un
aumento en la producción y la disponibilidad.
Según la UNODC las incautaciones de cocaína han aumentado dramáticamente desde el comienzo del Plan Colombia, indicando, aunque no lo reconocen el fracaso de su estrategia anti-drogas y la táctica de fumigaciones áreas con glifosato. En 1998, incautaron globalmente 400 toneladas, y esa cifra se mantenía relativamente estable hasta 2003, superando los 750 toneladas en 2005 y pasando el umbral de 900 toneladas en 2015 para terminar en 1.300 toneladas en 2018.[13] Es decir, no hubo reducción ni en el consumo ni en la producción de cocaína. A lo largo de los años con o sin las FARC hay producción de hoja de coca y por supuesto los narcotraficantes principales nunca se desmovilizaron, los jefes de los
bancos siguen en sus puestos.
Los verdaderos narcotraficantes lucen corbata, tienen fincas grandes, se
reúnen con el presidente Duque, no es el ELN quienes mueven centenares
de toneladas de cocaína en el mundo. En 2012, el banco Suizo, HSBC
acordó con las autoridades de los EE.UU. pagar una especie de multa de
USD 1,920 millones por haber lavado la suma de USD 881 millones del
cartel de Sinaloa y el cartel de Norte del Valle.
El banco, a pesar de todo, clasificó a México como un país de bajo riesgo, excluyendo de esta forma USD 670.000 millones en transacciones de los sistemas de monitoreo y además el banco recibió notificaciones de las autoridades y las ignoró.[14] Nadie paró en la cárcel, de hecho, no persiguieron judicialmente a nadie. Como la senadora Warren señaló en una sesión del Comité Bancario del Senado nadie iba a parar a la cárcel por ese delito masivo.
Es más en esa sesión el Sub Secretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera David S. Cohen, se negó a recomendar una investigación criminal contra el banco. Sobra decir que ningún comandante del ELN es directivo de ese u otros bancos. Se suele acusar al ELN de infiltrar a las universidades pero hasta el momento no les han acusado de haber infiltrado las juntas directivas de los bancos.
No es el único banco implicado en el lavado de activos, en 2015 se
describió a Londres como uno de los centros principales del lavado de
activos provenientes del narcotráfico.[15] Un informe de la Agencia
Nacional del Delito del Reino Unido (NCA) afirma con base en un cálculo
de la ONU que entre 2 y 5% del PIB global son fondos lavados, que existe
la «posibilidad realista [entre 40 – 50%] que anualmente se lavan
centenares de millardos (un millardo = 1000 millones) de libras inglesas
[en Londres]»[16] y que la mayor parte proviene de delitos cometidos
fuera del Reino Unido.
También sobra decir que ningún comandante del ELN es directivo de esas empresas, también sobra decir que esas empresas siguen funcionando y sus directivos andan libres y según el mismo informe apenas pudieron extinguir el dominio sobre 132 millones de libras.[17] La NCA citan favorablemente a los informes de Transparencia Internacional. Según esta organización 1.201 empresas operando en los Territorios Británicos de Ultramar infligieron 250 mil millones de daño en corrupción en las últimas décadas.
Ellos analizaron 237 casos de corrupción de los últimos 30 años. La mayoría de las empresas están registradas en las Islas Vírgenes Británicas (92%) y la mayoría (90%) de los casos ocurrieron allá[18] en la sede preferida de muchas empresas que operan en Colombia ni hablar de personas que financian campañas electorales. De nuevo, el ELN no opera en esos territorios, aunque muchas empresas mineras en Colombia sí tienen registro allá. El informe señala que debido a cambios legislativos existen menos razones para la compra de propiedades en el Reino Unido a través de esas empresas registradas en los Territorios de Ultramar y sin embargo, el número de propiedades permanece relativamente estable en unas 28.000.[19] Claro no todos serán el producto de dinero ilícito empero… Hasta donde sabemos el Comando Central del ELN no es dueño de ninguna de esas propiedades.
Transparencia Internacional siguió con sus investigaciones y en su
último informe señala el número de empresas británicas involucradas en
el lavado de activos o transacciones dudosas. Señala que 86 bancos e
instituciones financieras, 81 bufetes de abogados y 62 empresas de
contaduría pública incluyendo las cuatro grandes que dominan el mercado.
Según esta ONG estas empresas, conscientes o no, ayudaron a adquirir los siguientes bienes usados para obtener, mover o defender riquezas corruptas o dudosas: 2.225 empresas inscritas en el Reino Unido, sus Territorios en Ultramar y las Dependencias de la Corona involucrados directamente en pagos; 17.000 más empresas inscritas en el Reino Unido sobre las cuales existen pruebas razonables de haber facilitado actividades parecidas; 421 propiedades en el Reino Unido por un valor de más de 5 mil millones de libras; 7 aviones de lujo con un valor de unas 170 millones de libras y 3 yates de lujo con un valor de unas 237 millones de libras.[20]
Claro, o todos los fondos lavados provienen de drogas, pero todos son
ilícitos en su origen. Sin embargo, los EE.UU. no ha pedido en
extradición a los capos de los bancos, bufetes de abogados y mucho menos
a las cuatro grandes empresas de contaduría a nivel mundial.
Simplemente colapsarían el sistema financiero si lo hicieran.
La extradición de delincuentes desde Colombia siempre ha sido
problemático en términos políticos y legales. Hoy en día la mayoría de
los extraditados son por narcotráfico. Los EE.UU. recibió 73% de todos
los extraditados de Colombia y de ellos 60% enfrentan procesos por
narcotráfico y el lavado de activos.[21]
Aunque no todos los extraditados resultan ser culpables y existen casos de varias personas devueltas a Colombia, luego de su extradición u otros más afortunados que lograron comprobar su inocencia antes de ser extraditados, tal es el caso de Ariel Josué, un carpintero de San Vicente del Caguán quien ni siquiera sabía manejar un computador pero para …los Estados Unidos, y luego para la misma justicia colombiana, Ariel Josué era el responsable de una red electrónica de lavado de activos, y debía pagar su delito en una cárcel norteamericana. Sin hacer una investigación independiente ni verificación de identidad, la Corte Suprema de Justicia terminó dando concepto favorable a su extradición y hasta el presidente Juan Manuel Santos firmó la orden para que se lo llevaran.[22]
No obstante que los extraditados cuando no son inocentes, son personas
pobres o aquellos que tengan alguna relación con los partidos políticos
de la derecha y las élites económicas del país, en los medios y para los
gobiernos de Colombia y los EE.UU. el problema siempre tiene el mismo
enfoque: la guerrilla y no los bancos ni los empresarios. De hecho, uno
de los más famosos extraditados es Simón Trinidad, un comandante de las
FARC y parte del equipo negociador en el Caguán.
A Trinidad lo extraditaron a los EE.UU. por narcotráfico, y aun siendo un comandante fariano, no lograron comprobar sus nexos con dicha actividad, así recurrieron a la detención y cautiverio de tres mercenarios norteamericanos contratados por la empresa Dyncorp, una empresa
denunciada por delitos como el tráfico de menores, prostitución, abuso
sexual entre otros.[23] Así debemos tener mucha cautela a la hora de
aceptar las nuevas sindicaciones contra el ELN.
El ELN en su carta abierta reconoce que ellos sí cobran impuestos a los
compradores de base y cocaína que llegan a sus zonas de influencia, tal
como hacen con las demás actividades económicas. Entonces, si el ELN no
está involucrado en el narcotráfico ¿Cómo se puede explicar la presencia
de cultivos ilícitos[24] en sus zonas? Los comandantes del ELN explican
la presencia de dichos cultivos de la misma forma y la misma dinámica
que describen se vio en todas las regiones donde ellos tenían que tratar
con las FARC. Existía una disputa entre ambas organizaciones sobre que
hacer frente a los cultivos y el narcotráfico en sí.
Inicialmente el ELN se opuso a la siembra de coca y amapola en las regiones, pero las FARC dijeron que sí y autorizaban a los campesinos a sembrarlos y además decía en muchas partes que estaban dispuestas a comprar la base o la cocaína como tal, según la región. Ante esa realidad el ELN sentía que no tenía más opción que permitir la siembra, pues de lo contrario tendría que enfrentar militarmente a las FARC y además a las
comunidades.
Es por eso que el ELN se encuentra en zonas con tradición
cocalera y además que ellos como reconoce su carta abierta cobran un
impuesto a compradores de base y cocaína, tal como hacen con otras
actividades económicas. Sin embargo, valga decir que las FARC
inicialmente vivían esa misma realidad de cobrar impuestos pero con la
larga tradición elena frente a las drogas es poco probable, más no
imposible, que haga lo mismo.
Su carta abierta no sólo niega las sindicaciones en su contra sino hace
propuestas frente a qué hacer con la problemática de los cultivos y el
consumo de drogas. Invita a distintos organismos a hacer visitas e
inspecciones sobre el terreno para ver la realidad de su relación con el
narcotráfico, pero van más allá de un deseo de esclarecer la cuestión de
sus vínculos o no y hacen propuestas frente al problema de drogas como
tal.
Retomar las propuestas expuestas en distintas oportunidades por el ELN,
con el propósito de llegar a un Acuerdo que supere el fenómeno del
narcotráfico que cuente con la participación de la comunidad
internacional, las comunidades de las regiones que padecen este flagelo
y los diversos sectores de la sociedad colombiana.[25]
El tema del narcotráfico no es uno que Colombia puede resolver solo, es
un tema de orden internacional, no sólo en cuánto a la distribución y
consumo de los productos finales, como la cocaína y la heroína o el
éxtasis y demás drogas producidas generalmente en los países del norte,
sino porque las obligaciones de Colombia en la materia están sujetas a
diversos tratados internacionales de la ONU. El ELN plantea varios
puntos.
Solo la legalización de las sustancias psicoactivas acabará
con las ganancias extraordinarias del narcotráfico y su razón de ser.
Esta postura ha sido discutida mil un veces en diversos foros y
escenarios internacionales. Es parcialmente cierta. Sin duda alguna la
legalización exigida por diversas organizaciones sociales, incluyendo
organizaciones de salud, acabaría con las ganancias de las mafias, más
no, con las ganancias en sí. Los usos medicinales de la coca, el opio,
nunca han sido prohibidos, sino la Jefatura Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) regula y controla su producción
y uso final. La UNODC calcula que en 2018 hubo poco menos de 12.000
millones de dosis diarias de opiáceos disponibles en el mercado legal
duplicando la cantidad disponible en 1998.[26]
La cocaína y los opiáceos medicinales, incluyendo heroína siempre se han usado en un contexto médico y el uso y regulación de cannabis es un mercado creciente. La legalización del consumo recreacional es otro asunto, el estado de Colorado en los EE.UU. y Uruguay son dos lugares donde legalizaron el consumo recreacional, con varios beneficios en cuánto a la criminalidad, salud e impuestos. Las ganancias son menores en esos
mercados lícitos pero siguen siendo cuantiosos, como lo son para las
drogas legalizadas como el alcohol y el tabaco y los productos son
controlados en términos de su calidad y el impacto sobre la salud del
consumidor.
El mercado de marihuana legal en Colorado sumó USD 1.750
millones en 2019 con 65.960.024 transacciones con un valor promedio por
transacción de USD 51,89, pero el precio para el consumidor sigue
cayendo y la calidad está garantizada.[27] Sin embargo, tanto Colorado
como Uruguay han experimentado problemas legales dentro del sistema
bancario, pues la legalización que hicieron no tiene reconocimiento
internacional. La propuesta del ELN sólo se puede dar en el marco de
debate internacional y un cambio de paradigma en los estados y las
entidades regulatorias a nivel internacional como la UNODC y la JIFE,
entre otras y la reciente decisión de la OMS respecto al uso medicinal
de cannabis es un buen comienzo.[28]
Se necesita un pacto de responsabilidad compartida entre
países productores y consumidores de narcóticos.
Ese pacto ya existe. Son varios los pactos de la ONU en la materia
comenzando con la Convención Única de 1961, la Convención Sobre
Sustancias Psicotrópicas de 1971, y la Convención de las Naciones Unidas
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
Este último tratado aborda temas relacionados con el crimen organizado,
las sustancias precursoras y demás. Lo que falta es una voluntad
política, no otro pacto. No se bombardea a las fábricas de ácidos
usados para fabricar cocaína pero sí se bombardea y se ataca a
comunidades productoras y tampoco se bombardea las fábricas de drogas
ilegales como éxtasis en Holanda. Ese no es un problema de una ausencia
de pactos, sino que como se dice en Colombia, la ley es para los de
ruana, y en términos geopolíticos Colombia lleva una ruana bien grande.
Los narco dependientes son enfermos que deben atender los
Estados y no deben ser perseguidos como delincuentes.
Este punto es uno que se pierde siempre en las discusiones sobre los
cultivos ilícitos y no obstante el tono belicista de los EE.UU. tanto el
sistema de salud norteamericano como el sistema de salud en la mayoría
de los países europeos lo tratan así, incluso algunos países no
persiguen el consumo como tal, reconociendo su carácter de problema de
salud y sólo persiguen los delitos conexos. La ONU reconoce la
necesidad de tratamiento para los toxicómanos y calcula en su Informe
Global de Drogas que 35,6 millones de personas abusan de drogas en el
mundo y apenas 12.5% de los que necesitan tratamiento lo reciben, es
decir unas 4.45 millones de personas.[29]
Los campesinos que trabajan en cultivos de uso ilícito, deben
tener planes alternativos de producción alimentaria o de materias primas industriales, financiados por los Estados, para que puedan resolver su subsistencia sin recurrir a los cultivos de uso ilícito.
Este punto, aunque bien intencionado cae en el mismo error de las FARC,
las ONG, la cooperación internacional y demás. Si bien es cierto que
los campesinos deben tener planes alternativos y apoyo económico de los
estados, el problema es uno de fondo y no se resuelve mediante proyectos
ni créditos: la apertura económica arruinó la producción agrícola del
país y los campesinos no pueden competir contra las importaciones
subsidiadas por los gobiernos de los EE.UU. y Europa. El problema de
fondo no es ni agrícola, ni económico sino político y requiere cambios
nacionales e internacionales. Los tratados de libre comercio, el
monopolio ejercido en el sector agrícola y de alimentos por
multinacionales como Cargill, Nestlé, Barry Callebaut entre otras, no se
resuelven con subsidios ni proyectos.[30]
Además de perseguir los Carteles de los países que producen
narcóticos, también se debe perseguir los Carteles de distribución en
los países industrializados consumidores; así mismo, a los Carteles de
precursores químicos y de lavadores de los narco dineros en el sistema
financiero internacional, y en los paraísos fiscales.
Este último punto es clave. Mientras las drogas sean ilegales, se debe
perseguir a los eslabones de la cadena de producción allá, tanto en los
bancos, las empresas que lavan activos y las empresas cuyos químicos son
usados para la fabricación de cocaína. Nada de eso se hace por
supuesto, o se hace poco. Mientras los EE.UU. piden en extradición a
cualquiera en Colombia, nunca ha pedido ni pretende pedir a los
directivos de bancos como HSBC.
Existen motivos para creerle al ELN frente al tema de las drogas,
también nos sobran razones para aceptar el debate sobre las drogas y qué
hacer con ellas. Es un debate que nunca se dio en el marco de las
negociaciones con las FARC. Los farianos optaron por negociar prebendas
para ellos, su base social y nunca tocaron la estructura de la economía
agrícola del país ni el derecho internacional que rige en materia de
drogas.[31]
Las sindicaciones contra el ELN caen por su propio peso, pero realmente
los medios no se proponen que las tomemos como verdad, sino que sirvan
como una excusa a deslegitimar a dicha organización ante el pueblo
colombiano y en el ámbito internacional que sirvan como excusa para
seguir apoyando militarmente al Estado colombiano y en un momento dado
se pueden usar como pretexto para intervenciones más directas contra el
ELN y quizás Venezuela.
[1] El Tiempo (05÷10÷2020) Los 11 elenos que EE.UU. pide en extradición por narcotráfico 
https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/los-11-miembros-del-eln-que-estados-unidos-pide-en-extradicion-por-narcotrafico-541475
[2] El Tiempo (16÷10÷2020) Confirman vendetta por coca en las entrañas del Eln https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/eln-alias-pablito-ordena-ejecutar-a-3-lideres-por-temas-de-narcotrafico-543671
[3] ELN (12÷10÷2020) Carta abierta al Departamento de Estado, a la Fiscalía Federal de los Estados Unidos y al gobierno colombiano https://eln-voces.net/carta-abierta-al-departamento-de-estado-a-la-fiscalia-federal-de-los-estados-unidos-y-al-gobierno-colombiano/
[4] UNODC (2002) Annual Coca Cultivation Survey 2001, SIMCI Project AD/COL/99/E67 p.4
[5] Ibíd., p.6
[6] Cálculos hechos con base en el Censo de Coca Noviembre 01 de Noviembre 2001. Proyecto SIMCI
[7] UNODC (2014) Colombia: Monitoreo de Cultivos de Coca 2013. Colombia. UNODC p. 17
[8] UNODC (2020) Colombia: Monitoreo de Cultivos de Coca 2019. Colombia. UNODC p.15
[9] Ibíd., p.22
[10] Ibíd., p.81
[11] UNODC (2020) World Drug Report Vol. 2 Drug Use and Health Consequences. UNODC. Vienna, p. 26
[12] Ibíd., p.29
[13] UNODC (2020) World Drug Report Vol. 3 Drug Supply. UNODC. Vienna. p.28
[14] Reuters (11÷12÷2020) HSBC to pay $1.9 billion U.S. fine in money laundering case https://www.reuters.com/article/us-hsbc-probe-idUSBRE8BA05M20121211
[15] The Independent (25÷12÷2015) London is now the globa money-laundering centre for the drug trade, says crime expert. https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/london-now-global-money-laundering-centre-drug-trade-says-crime-expert-10366262.html
[16] NCA (2020) National Strategic Assessment of Serious and Organised Crime. NCA. London p.54 https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/437-national-strategic-assessment-of-serious-and-organised-crime-2020/file
[17] Ibíd., 55
[18] Transparency International UK (2018) The Cost of Secrecy: The role played by companies registered in the UK’s Overseas Territories in money launderin and corruption. TIUK. London. p.2 https://www.transparency.org.uk/sites/default/files/pdf/publications/TIUK-CostofSecrecy-WEB-v2.pdf
[19] Ibíd., p4
[20]Transparency International (2019) At Your Service: Investigating how UK businesses and institutions help corrupt individuals and regimes launder their money and reputations p.13 https://www.transparency.org.uk/sites/default/files/pdf/publications/TIUK_AtYourService_WEB.pdf
[21] Rojas Castañeda, D. (16÷07÷2020) Estados Unidos recibió 73% de extraditados desde Colombia en los últimos tres años https://www.asuntoslegales.com.co/consumidor/estados-unido-recibio-73-de-extraditados-desde-colombia-en-los-ultimos-tres-anos-3032110
[22] Vean esta y otras historias en https://www.kienyke.com/krimen-y-korrupcion/indignantes-historias-de-inocentes-que-fueron-prision-por-errores-judiciales
[23] La descripción de Dyncorp como una empresa de mercenarios puede parecer controversial, pero la misma página de la empresa no deja ninguna duda respecto al tema. Tiene 15.000 empleados y contratistas en 36 países del mundo y que ellos ofrecen sus servicios a todas las ramas de las fuerzas armadas de los EE.UU., agencias federales y otros «clientes» internacionales». véase https://www.dyn-intl.com Además la empresa ha sido denunciado públicamente por varias de sus actividades entre ellas el maltrato de sus empleados y el tráfico de niñas y prostitución en Bosnia y Afganistán además del abuso sexual de menores en Colombia. Véase
https://www.mintpressnews.com/lawsuit-military-contractor-enslaved-american-employees-sewage-flooded-barracks-tent-cities/250994/ La página web
https://trello.com/b/KdjpFSGS/dyncorp-crimes-by-country da una lista de crímenes de la empresa por país.
[24] Algunas ONG prefieren usar la frase cultivos de uso ilícito pero es una frase equivocada. Los tratados internacionales en la materia no dejan ninguna duda al respecto, es el cultivo en sí que es ilícito. La Convención Única de 1961, convención que rige en la materia, en su Artículo 22 No 1 exige la erradicación total, se prohíbe la hoja de coca y sus derivados. El tratado exige arrancar hasta las matas de los pueblos indígenas.
[25] ELN (12÷10÷2020) Op. Cit.
[26] UNODC (2020) World Drug Report Vol 6. Other Drug Policy Issues. Vienna. UNODC p.9
[27] MPG (2020) 2019 Regulated Marijuana Market Update. https://www.colorado.gov/pacific/sites/default/files/2019%20Regulated%20Marijuana%20Market%20Update%20Report%20Final.pdf
[28] Para más información sobre el tema de la decisión de la OMS véase Jelsma, M. (2020) Potential fall-out from the vote on the WHO cannabis recommendations https://www.tni.org/en/article/potential-fall-out-from-the-vote-on-the-who-cannabis-recommendations
[29] Véase UNODC (2020) World Drug Report Vol 5. Socioeconomic Characteristics and Drug Use Disorders. Vienna. UNODC.
[30] Para una crítica al modelo agrícola colombiana en la sub región del Sur de Bolívar, Nordeste de Antioquia y el Bajo Cauca véase Ó Loingsigh, G. (27÷07÷2014) El Modelo Agro-Exportador y las Comunidades Campesinas https://www.academia.edu/44677017/El_Modelo_Agro_Exportador_y_las_Comunidades_Campesinas y Ó Loingsigh, G. (2019) Extractivismo y muerte en el nororiente. Bogotá. Equipo Jurídico Pueblos
https://www.equipopueblos.com/project/extractivismo-y-muerte-en-el-nororiente/
[31] Ó Loingsigh, G. (2016) Las Drogas y la Paz. El Salmón. No.27 Ibagué pp. 42 – 46 https://www.academia.edu/30669926/La_Paz_y_las_Drogas
