Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020.
El Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga condenó a la mujer a una pena de nueve meses de multa con una cuota diaria de diez euros, es decir, al pago de 2.700 euros.
La defensa de la mujer condenada a una multa por participar en la exhibición pública a modo de procesión de la imagen de una vagina de plástico ataviada como si fuera una virgen con el nombre de procesión del “Chumino rebelde“, durante la manifestación del Día de la Mujer el 8 de marzo de 2013 en Málaga, presentará un recurso contra la sentencia que la consideró responsable de un delito contra los sentimientos religiosos.Así lo han informado a Europa Press fuentes de la defensa, al tiempo que han apuntado que, aunque todavía se está elaborando el recurso, inicialmente entre los argumentos que se aleguen está el error en la valoración de la prueba e infracción del artículo 525 por aplicación indebida, considerando que no concurren los elementos del tipo delictivo por el que se condena.
El Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga condenó a la mujer a una pena de nueve meses de multa con una cuota diaria de diez euros, es decir, al pago de 2.700 euros; absolviéndola de un delito de provocación a la discriminación y el odio, del que también era acusada por la Asociación de Abogados Cristianos, cuya denuncia dio origen a este procedimiento.
En la resolución, se consideró probado que la acusada participó en dicha manifestación por el 8M y que iba “ataviada con una peineta y con una vela grande en la mano, portaba, en compañía de otras personas no identificadas que vestían túnicas, mantillas o peinetas, lo que se antoja una imitación de un paso de Semana Santa cuya imagen es una vagina” de plástico.
La procesada se declaró inocente en el juicio y aseguró que no pensó en ese momento que pudiera ofender a los católicos y que no era su intención hacerlo, sino que pretendía defender los derechos de las mujeres, ya que ese año la manifestación incidía contra la reforma del aborto y protestaba contra instituciones, como la Conferencia Episcopal, que defendían esa contrarreforma del Gobierno.
Su defensa incidió también en que se hizo en un contexto político en contra de la contrarreforma del aborto, considerando que es “una intervención protegida por el ejercicio de la libertad de expresión”, que a su criterio “se tiene que llevar a cabo de la manera más extensa posible” y tener “especial celo para establecer los límites”.
Fuente: Andalucía Información