Resumen Latinoamericano*, 4 de diciembre de 2020.
El Partido Nuevo Progresista (PNP) se ha acostumbrado a gobernar a Puerto Rico a base de espejismos y falsedades. Así fue también su campaña para las pasadas elecciones del 3 de noviembre. El plebiscito de estadidad Sí o No, que se celebró junto a las elecciones, fue diseñado para impulsar el triunfo del PNP en dichos comicios. Se trató de una consulta artificiosa que específicamente había sido rechazada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y tampoco contaba con el aval del Congreso federal, árbitro último en el asunto del estatus de Puerto Rico.
Como colectividad, el PNP lleva largo tiempo experimentando un creciente desgaste. Para contener la caída, ha puesto en vigor una estrategia deliberada de auto perpetuación en el recortado poder de la colonia. Sus constantes movidas durante las últimas décadas, han ido dirigidas a lograr el control sostenido de las principales instituciones gubernamentales, como la Gobernación, las Cámaras Legislativas, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y los tribunales- sobre todo el Tribunal Supremo, todo parte de la estrategia para auto perpetuarse. Este objetivo del PNP, que ha ido ganando terreno gradualmente, es una de las más serias amenazas que confronta la frágil democracia puertorriqueña.
Puerto Rico es una colonia (territorio) de Estados Unidos con uno de los más altos niveles de endeudamiento público y escasez de recursos fiscales. Además, carece de desarrollo económico planificado y coherente que le permita construir empleos y prosperidad sostenibles para la ciudadanía. Su incentivo económico mayor son las asignaciones de fondos que provienen del gobierno de Estados Unidos, las cuales se han convertido en el recurso principal para sostener la presente estructura gubernamental clientelista y parasitaria. Esta estructura le sirve de base de empleo a perpetuidad a los militantes más fervorosos de su partido, así como contratistas, amigos, cabilderos, y toda una gama de llamados “empresarios” que viven y se enriquecen de los fondos federales que administra el gobierno de Puerto Rico.
A base de ese esquema corrupto e inmoral, el PNP ha logrado el control institucional que le ha permitido sobrevivir en el poder tras la expulsión por el pueblo de su último gobernador electo, Ricardo Rosselló, la incumbencia fallida de la gobernadora actual, Wanda Vázquez, y la nueva elección de Pedro Pierluisi, un candidato débil y cuestionado que apenas logró 406,830 sufragios – un 32% de los votos totales de la pasada elección. A pesar de resultar el partido vencedor, ni los comicios recientes ni el plebiscito de estadidad Sí o No han sido grandes triunfos para el PNP. Una gobernación ganada por un ínfimo 1.4% de los votos no es un gran reclamo de victoria. Un Sí “a pelo”- 623, 053 votos por el Sí y 567,346 por el No, una diferencia de apenas 55,707 votos- no es un mandato contundente, sino más bien un resultado indicativo de que el pueblo puertorriqueño está dividido por la misma mitad en cuanto a preferencia de estatus.
Y todo eso, a pesar de que el PNP invirtió muchos millones de dólares en una campaña de meses a favor del Sí, a través de todos los medios masivos. Mientras, el No solo contó con esfuerzos muy limitados en medios masivos y redes sociales por parte del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y grupos que abogan por la autodeterminación de nuestra nación.
Al cierre de estas líneas, aún no ha concluido el escrutinio general de votos, por lo cual las cifras finales del evento electoral no se conocerán hasta dentro de unos días. Dado el margen estrecho de algunas contiendas, los resultados podrían variar. Sin embargo, ya el PNP y su gobernador electo, Pedro Pierluisi, andan nuevamente por la ruta del engaño a Puerto Rico, pretendiendo aprovechar la mayoría legislativa con que aún cuentan para legislar sobre nuevos plebiscitos, reforzar la llamada “comisión de igualdad” y elegir a un nuevo grupo de “representantes errantes” que, a nombre del pueblo de Puerto Rico, caminarían como fantasmas por los pasillos del Congreso de Estados Unidos, clamando por una estadidad con la que nadie con poder en ese recinto se ha comprometido.
Ni Pierluisi ni nadie en el PNP parece haber aprendido las lecciones del pasado cuatrienio cuando un pueblo iracundo castigó con fuerza al entonces gobernador de su colectividad, Ricardo Rosselló. Tampoco parecen tener la intención de acatar la voluntad del pueblo expresada recientemente en las urnas. Tal pareciera que están ciegos ante la realidad de que estas elecciones les convirtieron en un partido de mayoría mínima, que intentará gobernar esta colonia en crisis, bajo la égida de una Junta de Control Fiscal nombrada por el Congresos de Estados Unidos, y con dos terceras partes del electorado en contra.
Por eso, seguramente la tendrán bien dura este próximo cuatrienio. Sobre todo, si se empeñan en ignorar el mandato electoral del pueblo puertorriqueño; si intentan gobernar en beneficio de sí mismos y de intereses ajenos al bien común, y si pretenden desviar recursos del Estado para tratar de imponer su enajenada agenda ideológica.
*Fuente: Claridad | Nota editorial
