Mediante Ley de 2 de diciembre de 1963 el régimen de Franco creó el Tribunal de Orden Público, el tristemente famoso TOP. Lo hizo después de torturar y fusilar al dirigente comunista Julián Grimau.
El TOP sustituyó al Juzgado Militar Especial Nacional de Actividades Extremista del que se hacía cargo el coronel Enrique Eymar desde 1958. El TOP también fue un tribunal especial para la represión política; es decir, para castigar cualquier tentativa de ejercer los derechos fundamentales de asociación, reunión, expresión y manifestación. Derechos todos ellos considerados delitos por la dictadura.
Aunque el TOP fue un tribunal especial, encargado de la represión, los Consejos de Guerra nunca dejaron de funcionar como mecanismos represivos, consejos de guerra como el Juicio de Burgos, el de los cinco últimos fusilados de la dictadura, el de El Ferrol y los Sucesos de Sardina del Norte en Canarias donde fueron condenados militantes de CCOO y del PCE.
El TOP quedó disuelto el 5 de enero de 1977, dando paso en el mismo momento a la Audiencia Nacional. Durante los años en los que estuvo funcionando emitió 3.798 sentencias, de las que las tres cuartas partes fueron condenatorias dando lugar a 6.748 condenados. Para hacernos una idea de la escala de la represión que desencadenó el TOP, hay que recordar que el conjunto de años de cárcel con los que castigó a las personas que condenó sumaron más de 11.700 años; a la vez, el total de multas impuestas superó los treinta y un millones y medio de pesetas de la época.
El TOP estuvo auxiliado en todo momento por la policía política de la dictadura: la Brigada Política Social, creada en 1941. Por esta Brigada pasaban todos los detenidos por razones políticas antes de ir a parar al tribunal. Las torturas, que constituyen delitos de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles, así como los malos tratos fueron moneda corriente en la policía política franquista. La mayoría de las gentes procesadas por el TOP, hasta el 70 por ciento del total, eran trabajadoras y trabajadores. El segundo grupo social más reprimido fue el estudiantado universitario. La militancia más castigada por el Tribunal de Orden Público fue la de las CCOO y el PCE, seguida del Nacionalismo Vasco.
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