Por Juan Manuel Boccacci. Resumen Latinoamericano, 26 de diciembre de 2020.
La búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia en Uruguay encuentra en este sitio web una de sus trincheras. Un recurso didáctico construido a base de militancia con información sobre víctimas, represores, causas judiciales y mucho más.
En Uruguay el castigo a los represores que violaron Derechos Humanos durante la última dictadura sigue siendo un proceso lento y parcial. Sin embargo la búsqueda de Memoria y Verdad fue creando sus propios carriles a fuerza de militancia. Uno de ellos se plasmó en la página web Sitios de Memoria Uruguay. Allí se puede encontrar un mapa interactivo del país plagado de información sobre cada lugar donde dejó su marca el terrorismo de Estado. “El objetivo del proyecto es identificar, visibilizar, conectar y disponibilizar la información sobre los lugares desde donde se organizaron y cometieron delitos de lesa humanidad”, informa la web charrúa. Detrás de esas palabras hay un trabajo titánico que generó una herramienta fundamental para construir memoria y darle espacio a un dolor que sigue vivo.
Territorio minado
En un primer momento fueron alfileres sobre un mapa de papel. Ese fue el germen de Sitios de Memoria Uruguay según narran a Página/12 los creadores de la web. Era el año 2018, durante el gobierno del recientemente fallecido Tabaré Vázquez. El Congreso uruguayo había sancionado una ley que habilitó la creación de espacios de la memoria en el país. “En ese momento empezamos a pensar una web que concretara la posibilidad de un mapeo y una georreferenciación, incorporando información significativa sobre las luchas por Memoria, Verdad y Justicia”, indicó la investigadora Mariana Risso. Una vez trazado el plan, había que reunir los materiales. “Existían muchas fuentes dispersas que habían sistematizado cada una por su parte la información sobre cárceles de presos y presas políticos, centros de detención clandestinos, una de ellas, muy importante, llevada a cabo por la central sindical Pit-Cnt. Lo que hicimos fue incorporar todas esas fuentes en un sitio interactivo”, comentó Rodrigo Barbajo, cabeza informática del proyecto. La página vio la luz por primera vez el primero de octubre del año pasado.
Los alfileres se digitalizaron y ahora aparecen como puntos de colores en un mapa virtual. «Una persona puede buscar su barrio y descubrir que a pocas cuadras de su casa existió un Centro Clandestino de Detención y Tortura. Nosotros localizamos más de 140 en el mapa, cuando sólo unos 40 están identificados en su lugar físico», contó María Eugenia Sotelo, otra de las responsables del proyecto. Además se puede acceder a la ficha completa de los 176 uruguayos que permanecen desaparecidos, así como los 192 que fueron asesinados por la violencia estatal en Uruguay, Argentina y otros países de la región. “La mayoría de las personas detenidas-desaparecidas de nacionalidad uruguaya se dieron en el marco del Plan Cóndor y desaparecieron en Argentina”, señaló Risso. En breve el sitio publicará un apartado especial para las víctimas del accionar represivo coordinado por las dictaduras del continente.
Otra característica del terrorismo de estado uruguayo es que muchas de sus víctimas tuvieron que atravesar períodos de prisión y torturas prolongados. “Esto llevo a que Amnistía Internacional informara en 1978 que Uruguay era el país con más presos políticos por habitante. Y es que aquí hubo personas que han estado 12 o 14 años detenidas”, informó Sotelo. Uno de ellos fue el expresidente José «Pepe» Mujica, que junto a otros dirigentes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros sufrió, además de la reclusión, tormentos físicos y psicológicos durante 13 años.
Barreras hacia la Verdad
Recopilar la información de fuentes tan diversas era y es el gran desafío. Se trata de información que en la mayoría de los casos no está sistematizada. Uruguay enfrentó múltiples barreras para empezar a conocer la verdad sobre los delitos cometidos por la dictadura encabezada por Juan María Bordaberry en 1973, así como sobre el accionar ilegal del Estado durante el período previo al golpe. “Las trabas judiciales han sido sistemáticas y persistentes, sostenidas a lo largo de todos los gobiernos, más fuertemente en el período previo a la llegada del Frente Amplio al poder”, señaló Risso. Tras la vuelta a la democracia en 1985, los militares uruguayos lograron su amnistía con la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, sancionada en 1986 bajo amenaza de un nuevo alzamiento militar. “Es una ley siniestra porque además obligaba el Poder Judicial a preguntarle al Poder Ejecutivo si podía juzgar determinado crimen de lesa humanidad”, sostiene la investigadora. Hubo dos plebiscitos en Uruguay que intentaron terminar con esta ley. El de 1989 alcanzó el 42,4 por ciento de los votos, y el de 2009 el 47,7 por ciento. Es decir que ninguno pudo superar la barrera del 50 por ciento para anularla.
Sin embargo, en 2005, durante la primera presidencia de Vázquez, se dió un primer paso para iniciar los juicios contra los militares. “El presidente permitió que se investiguen las desapariciones forzadas. Luego en 2011 se sancionaron unas leyes interpretadas de la ‘ley de Caducidad’ que en la práctica terminan derogándola”, informa Risso. Desde 2011 comenzó un abrumador ingreso y reactivación de causas por tortura y prisión prolongada. Hasta la fecha hubo 281 causas en Uruguay y fueron procesado y/o condenados 46 represores. De ellos 32 formaban parte de las Fuerzas Armadas. En tanto que solo dos miembros del gobierno civil de la dictadura recibieron condena. Uno de ellos fue Bordaberry al que le dictaron 30 años de prisión. Estuvo detenido desde 2006 hasta su muerte en 2011. El listado completo de las causas está disponible en en la página web.
En los últimos años en Uruguay empezó a tomar mayor visibilidad una retórica militarista. Guido Mannini Ríos, excomandante en jefe del ejército aparece a la cabeza de este movimiento que niega las atrocidades cometidas durante la dictadura. Su partido Cabildo Abierto conforma la Coalición Multicolor que llevó a la presidencia a Luis Lacalle Pou en 2019. “Es algo que si bien siempre estuvo, ahora tiene una representación parlamentaria muy fuerte, y en el Poder Ejecutivo. El horror sistemáticamente intenta ser negado, como una forma de que sus perpretradores puedan seguir teniendo acumulación político-social”, sostuvo Risso.
Pequeños grandes homenajes
“El otro día nos llegó un mail de una chiquilina que tenía que hacer un trabajo práctico sobre la dictadura. Nos contactó para tener información y terminamos dándole una mini charla sobre lo que fue todo eso. La verdad es que no tenía mucha idea de lo que había pasado”, dijo Sotelo. Los creadores del sitio señalan la necesidad de que el tema ingrese en los planes de estudio. “Lo que tiene de bueno la memoria es que uno nunca le pone el sello y la fija para siempre. La memoria implica que recordar sea un apropiarse de los sucesos para interpretar el presente y para saber donde uno quiere ir. Y a donde no quiere ir”, sostuvo Risso.
Si la memoria tiene múltiples derivas, la reparación tal vez sea una de las más importantes. En este sentido, el sitio web suma su grano de arena. “Hace muy poquito la sobrina de un detenido-desaparecido uruguayo, Omar Cubas, nos hizo llegar una foto muy preciosa de él. Hasta ahora la única imagen que teníamos de Omar era de cuando tenía 12 años. La familia no tenía otra y usaban esa para la Marcha del Silencio de cada 20 de mayo. Ahora encontraron esta foto de una fecha cercana a su desaparición y nos las mandaron por mail. Nosotros la editamos y la subimos al sitio. Son cosas así, íntimas, pequeños homenajes”, narró Risso. El sitio termina construyéndose a sí mismo como un espacio para la memoria. Una trinchera virtual para seguir exigiendo Justicia.