Por Vijay Prashad y Carlos Ron. Resumen Latinoamericano, 6 de diciembre de 2020.
El domingo 6 de diciembre el pueblo venezolano votará la nueva Asamblea Nacional. Normalmente este hecho no tendría nada de especial, ni merecería salir en las noticias fuera de Venezuela. Desde la elección de Hugo Chávez a la presidencia en 1998, el pueblo venezolano está acostumbrado a más de una elección nacional al año (esta elección legislativa hace la número 25 en 21 años); ha habido elecciones presidenciales, elecciones legislativas y referendos para fortalecer la Constitución de 1999. En apariencia, se trata tan solo de una de esas elecciones que han servido para profundizar en el sentido de la democracia en Venezuela.
Pero en estos días, incluso la celebración de una elección es un pulso entre el pueblo venezolano y el gobierno de Estados Unidos. Desde que Chávez se convirtió en presidente, el gobierno de Estados Unidos y sus aliados han intentado desestabilizar al gobierno venezolano, entre otras formas dirigiendo iniciativas directas para cambiar el régimen. Cuando resultó evidente que Chávez y la Revolución Bolivariana que dirigía contaban con un fuerte respaldo popular y no podían derrotarse en las urnas, Estados Unidos y sus aliados presionaron para deslegitimar la soberanía política venezolana.
El ruedo político venezolano está marcado por fuertes discrepancias y la oligarquía venezolana mantiene sus propias plataformas políticas y continúa intentando socavar y derrotar a la Revolución Bolivariana. Estas fuerzas –ahora denominadas la oposición– han participado en elecciones desde 1998 y, sin duda, han tenido ciertos avances, pero no han sido capaces de imponerse. En 2015, por ejemplo, la oposición consiguió una mayoría en la votación para la Asamblea Nacional y ha controlado la Asamblea los pasados cinco años. El mero hecho de que la oposición ganara en 2015 demuestra la existencia de un sistema electoral robusto en el país. En esa ocasión no hubo quejas por fraude.
Una oposición made in Washington
En lugar de asumir su deber constitucional de gobernar mano a mano con el presidente Nicolás Maduro, sectores de la oposición decidieron actuar como un ramal de la embajada de EE.UU. en Caracas. Uno de los parlamentarios, Juan Guaidó (que había ganado su escaño por el estado de Vargas), permitió que le utilizaran como instrumento de un golpe de Estado propiciado por Washington tras la elección presidencial de 2018. La oposición a la Revolución Bolivariana siempre ha estado dividida y no ha sido capaz de actuar con unidad de propósito. Una de las diferencias más importantes se relaciona con la subordinación o no al gobierno de EE.UU.
Personas como Guaidó están encantadas de ser un instrumento de Donald Trump y Mike Pompeo, mientras que otras han expresado claramente que tal actitud era antipatriótica e incluso toda una traición. Desde 2015 la oposición ha tenido que hacer frente a una crisis existencial sobre cuánto apoyo de Estados Unidos debería aceptar para avanzar su proceso político; toda la influencia de Guaidó se ha basado en el apoyo que le proporcionó Washington, y no en el de sus propios votantes o en el del resto de la oposición.
La Constitución de Venezuela marca que debe celebrarse una elección para la Asamblea Nacional antes del 5 de enero de 2021, día en que los nuevos parlamentarios deben jurar su cargo. Esa es la razón por la cual la elección ha sido programada para el 6 de diciembre. Algunos sectores de la oposición cuyo poder deriva de Washington –como el grupo de Guaidó– decidieron desde el principio boicotear estos comicios alegando que serían fraudulentos. No han aportado, sin embargo, ninguna prueba que sostenga dicha acusación. Tampoco los medios de comunicación del Atlántico Norte exigieron ninguna prueba para reproducir dicha acusación, ni se molestaron en comentar que las elecciones legislativas de 2015 habían favorecido, de hecho, a la oposición. En lugar de disputar el poder a través de medios democráticos como las elecciones o de la proposición de leyes, la oposición encabezada por Guaidó pretende conseguir el poder mediante medios no democráticos. Parece que ganar la elección tiene menos importancia que deslegitimar el proceso electoral y el democrático.
Interferencia de EE.UU. en las elecciones
El gobierno de Estados Unidos –con el apoyo tanto de republicanos como de demócratas– ha intervenido activamente en las elecciones venezolanas de 2020 a la Asamblea Nacional. El pasado mes de septiembre, el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a cuatro funcionarios del gobierno venezolano: Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza (fiscal general), David Eugenio de Lima Salas (un antiguo gobernador), y dos funcionarios del Consejo Nacional Electoral, Indira Maira Alfonzo Izaguirre y José Luis Gutiérrez Parra. Alfonzo es la presidenta del Consejo Nacional Electoral y una respetada exmagistrada con antiguos lazos con la oposición.
El gobierno estadounidense declaró (sin proporciona pruebas que lo sostuvieran) que estos funcionarios formaban parte de un “plan para interferir en las elecciones de diciembre de 2020 y evitar que estas fueran libres y justas”. La interferencia del gobierno de EE.UU. continuó ese mismo mes con las sanciones posteriores a cinco líderes de la oposición que decidieron participar en los comicios: el Departamento de Estado afirmó hacerlo por su “complicidad” en las elecciones.
Los políticos opositores que se enfrentan a estas presiones por parte de Washington también se enfrentan a unas bases descontentas en Venezuela que han estado luchando contra esta política de abstención y boicot. Muchos de los afiliados a estos grupos opositores han denunciado a sus líderes, exigiéndoles participar en la elección. Están hartos de la estrategia de desgaste de Guaidó y de la sumisión de este al Departamento de Estados de EE.UU.
Esa es la razón por la que en los comicios del domingo hay más de 14.000 candidatos de 107 organizaciones políticas, de las cuales 98 se identifican como partidos de la oposición. Competirán por los 277 escaños (aumentados desde 165 para acomodarse al crecimiento de la población y tener mayor representatividad democrática).
La Asamblea Nacional de Venezuela ha estado paralizada desde que se convirtió en un instrumento al servicio del cambio de régimen propiciado por Washington. Ahora, con esta elección, hay esperanzas de que el proceso legislativo pueda seguir su curso. Una nueva Asamblea Nacional tendría capacidad para nombrar puestos clave en la administración y aprobar leyes para abordar la pandemia; debería convertirse en un escenario para el diálogo saludable entre gobierno y oposición, entorpecido por Washington y por Guaidó. Y, más que nada, esta Asamblea Nacional debería suponer un desafío legal para los gobiernos y bancos de Estados Unidos y de Europa que han congelado al menos 6.000 millones de dólares de fondos venezolanos y confiscado activos como Citgo; ya no podrán utilizar el supuesto gobierno interino de Guaidó como excusa para sus actos.
En resumidas cuentas: Venezuela gana simplemente por celebrar elecciones.
Vijay Prashad es un historiador, editor y periodista indio, corresponsal habitual de Globetrotter. Es también editor de LeftWord Books y director de 
Tricontinental: Institute for Social Research. Autor de más de 20 libros, el último de ellos Washington Bullets prologado por Evo Morales.
Fuente: Rebelión
