Por Hedelberto López Blanch, Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre de 2020.
De rotunda puede catalogarse la victoria parlamentaria obtenida por el pueblo venezolano que se cansó de sufrir los desmanes cometidos durante cinco años por una Asamblea Nacional derechista en desacato cuyos hilos fueron dirigidos desde Estados Unidos.
El pueblo salió a votar en las urnas en apoyo soberano al líder histórico de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías y a su legítimo presidente Nicolás Maduro quien había anunciado que si la Asamblea Nacional volvía a caer en manos de la ultraderecha, abandonaría su cargo.
Las organizaciones de izquierdas, unidas en el Gran Polo Patriótico obtuvieron el 67,8 % de los sufragios, mientras la oposición obtuvo el 32,2 % lo que deja la vía expedita para que una nueva Asamblea Nacional, progresista, democrática y nacionalista comience a regir los destinos de Venezuela el 5 de enero de 2021.
Recordemos que cuando la Asamblea Nacional derechista tomó posesión en enero de 2016, inmediatamente impulsó medidas coercitivas y de bloqueo contra su propio país y logró que se congelaran todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos como los de la filial de PDVSA, Citgo y la Monómeros Colombo Venezolanos S.A. en Colombia.
En una maniobra imperial, Washington le otorgó el manejo de esos capitales al autoproclamado presidente Juan Guaidó a la par que fueron congelados los recursos venezolanos en bancos extranjeros y el oro de la nación sudamericana en el Reino Unido, entre otras deleznables acciones.
Los jefes de la fantasmagórica Asamblea Nacional también utilizaron ese dinero, en coordinación con la Casa Blanca, en vanos intentos por sacar de la presidencia a Nicolás Maduro para lo cual utilizaron todo tipo de medios como intentos de magnicidio, golpes de Estado, bloqueo económico y financiero indiscriminado, y otras cientos de artimañas.
La defenestrada Asamblea Nacional derechista no solo originó medidas coercitivas contra la patria sino que en su afán de derrocar al Gobierno, incumplió muchas leyes y promovió las guarimbas que dejaron numerosos muertos y heridos.
En una reciente comparecencia pública, el presidente Nicolás Maduro informó que “entre 2014 y 2019 Venezuela experimentó la caída de ingresos más brusca de su historia. En seis años perdió el 99 % del volumen de ingresos en divisas, o sea, de cada 100 dólares o euros que el país obtenía por la venta de petróleo en 2014, hoy obtiene menos del 1 %. El ritmo de caída de los ingresos externos desde 2015 se elevó a 30 000 millones de dólares al año”.
Para contrarrestar la ofensiva de la ultraderecha que con fraude trató de imponer a tres diputados opositores por el Estado de Amazonas que le darían mayoría en el Parlamento, ese órgano fue declarado en desacato, lo que dio lugar a la creación de una Asamblea Nacional Constituyente con el apoyo del pueblo.
Ya desde el 9 de marzo de 2015 se arreció el cerco económico-financiero contra Caracas cuando el entonces presidente Barack Obama, declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad política y exterior de Washington, una acción que conllevó una serie de políticas unilaterales con el fin de derrocar a la revolución bolivariana.
A lo largo de estos cinco años de bloqueo se cortó todo tipo de financiamiento a la nación sudamericana, impidiendo que el Estado disponga de divisas para adquirir alimentos, medicinas e insumos.
En aras de contrarrestar esas inhumanas medidas, hace unos meses, la Asamblea Nacional Constituyente sancionó la ley Antibloqueo cuyo objetivo se encamina directamente a que los ingresos que entren al país sean dirigidos a la recuperación del salario de la clase trabajadora, a satisfacer las necesidades básicas como la alimentación, acceso a la educación, la salud y al agua, mejoramiento del servicio eléctrico y el suministro de gas entre otros.
La ley Antibloqueo es una herencia que deja la ANC que surgió de las bases del pueblo para frenar la arremetida violenta de la extrema derecha dirigida desde Washington.
En las elecciones parlamentarias de este 6 de diciembre, estaban habilitadas para votar 20 710 421 personas, en las que participaron 14 400 candidatos de 107 organizaciones políticas para elegir a 277 diputados que ejercerán sus deberes hasta el 5 de enero de 2026.
Como es de esperar, la ultraderecha venezolana, sus jefes estadounidenses y los aliados occidentales, desconocerán los resultados parlamentarios y buscarán subterfugios para continuar acorralando a la República Bolivariana, pero con una nueva Asamblea Nacional y la unión del pueblo, el Gobierno continuará derrotando los escollos provenientes del decadente imperio norteamericano.
El éxito popular en los comicios parlamentarios ha sido incuestionable.