Resumen Latinoamericano, 29 de enero de 2021.
Las manifestaciones en las distintas localidades de la provincia en contra de la megaminería fueron protagonistas de la semana. Ante la avanzada del proyecto de zonificación minera y la presión explícita del ejecutivo nacional para tratar el proyecto en legislatura, Trabajadores de la ciencia, la educación y la salud de Chubut expresan su disconformidad y responden con detalle a cada uno de los argumentos esgrimidos por las empresas y el gobierno para aprobarlo. El proyecto permitiría la explotación de vastas extensiones de la provincia, a pesar de que sus habitantes y especialistas insisten en su inviabilidad ambiental. Compartimos el comunicado.
Los proyectos megamineros en la provincia gobernada hoy por Mariano Arcioni han sido frenados en el pasado por las protestas de diferentes sectores del pueblo provincial y nacional. Esta vez la avanzada extractivista cuenta con el aval el gobierno nacional de Alberto Fernández y Cristina Fernández, que dan luz verde a las intenciones del gobierno provincial de aprobar la zonificación y, con ella, la destrucción asociada del medio ambiente por parte de las empresas multinacionales. Ante esto trabajadores de la ciencia, la educación y la salud de Chubut expresan:
‘La megaminería (minería metalífera a cielo abierto) forma parte de este modelo basado en lógicas patriarcales, economicistas, predatorias y cortoplacistas, que no contempla las autodeterminaciones de los pueblos en el diseño de un futuro donde la calidad socioambiental del territorio sea prioritaria. Por esta razón, consideramos que, como colectivo, debemos asumir el desafío de plantear un modelo socio-económico inclusivo y plural, basado en los principios de sostenibilidad y del buen vivir.’
En el comunicado subrayan que la expresión “minería sustentable” es falaz, ya que no puede aplicarse a una actividad que utiliza explosivos, emplea químicos contaminantes, demanda millones de litros de agua potable y provoca cambios irreversibles en el ecosistema y en la sociedad. Además el concepto de “sustentabilidad” en el tiempo no aplica dado que la actividad se realiza hasta agotar los recursos del lugar. Compartimos los principales puntos:
Carencia de licencia social
La historia da cuenta de ello, desde hace 18 años y de diferentes modos, el pueblo chubutense se manifiesta en contra de la megaminería: el plebiscito de Esquel y la sanción de la Ley 5001 en 2003, la presentación del Primer Proyecto de Iniciativa Popular en 2014, la presentación del Segundo Proyecto de Iniciativa Popular en 2020 son ejemplos de las acciones organizadas por el pueblo que frenaron cada embestida minera.
El pueblo de Chubut se manifestó y se sigue manifestando en las calles. El proyecto de zonificación fue explícitamente rechazado por todas las comunidades originarias de la Meseta, por todas las instituciones académicas y tecnológicas de la provincia del Chubut, por la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica Metodista y por muchas organizaciones sociales y políticas de todo el territorio chubutense.
Además se exige que el proyecto debe contar con la consulta previa a los pueblos originarios de la meseta. Así como el debate no debe ser sostenido por legisladores denunciados por cobro de coimas, ni llevarse adelante a puertas cerradas, ni justificarse con documentos científicos falseados y/o tergiversados, ni contando en secreto los votos para obtener una mayoría penosa y sin representatividad democrática.
Si no existe licencia social para la megaminería en Chubut, el Gobierno tiene la obligación de retirar el PL128/20 y la Legislatura Provincial debe tratar la Iniciativa Popular 2020 en tiempo y forma, atendiendo el reclamo de la comunidad.
Debates ficticios
El proyecto de Ley 128⁄20 no fue elaborado de manera participativa y democrática. No se consultó a las instituciones científicas y universidades locales con vasta experiencia en investigaciones en la meseta, tampoco a organizaciones socioambientales, ni a comunidades de pueblos originarios. Hoy el Gobierno provincial declara, en medios periodísticos, conclusiones favorables a la minería, basadas en debates que en realidad nunca existieron.
Desde los Ministerios de Hidrocarburos y Ambiente provinciales se intentó disimular la falta de consulta recurriendo al armado forzado, apurado e improvisado de una serie de exposiciones cerradas, reunidas en una maratónica jornada de cinco días. Un gesto extemporáneo y antidemocrático, en tanto no invitaba a una discusión amplia y plural sino a la expresión de breves opiniones sobre un proyecto ya presentado, a las cuales ni siquiera la prensa adicta tuvo acceso.
Consideramos que contribuir a un fortalecimiento de la matriz productiva implica discutir sobre la situación general de la provincia (en sus dimensiones sociales, económicas, geográficas, políticas), plantear diferentes posibilidades de desarrollo y, finalmente, tomar decisiones que se concreten en proyectos elevados a la legislatura provincial.
La megaminería impacta negativamente en la economía, la salud, la sociedad y la naturaleza
La megaminería no va a modificar la crisis socio-económica de la provincia, causada por la falta de trabajo y la falta de divisas. Desde hace años, Chubut es la cuarta provincia más exportadora del país (según INDEC, a partir de la explotación de petróleo, pesca, lana ovina y aluminio). Está detrás de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, pero, a diferencia de estas, posee una ínfima parte de la población (1,2% del total nacional). Esto deja en claro que el problema no es la generación de más divisas, sino el sistema económico excluyente y destructivo.
La zonificación pone en riesgo cuencas de muy bajo caudal. El promedio del Río Chubut es mucho menor al del Río Colorado y el Santa Cruz. Pero, además, en la cuenca del Chubut, se esperan mermas del 30 al 40% en la producción de agua media anual en los próximos 50 – 80 años debido al cambio climático. De esta cuenca depende el 50% de la población de Chubut y algunas localidades de la provincia están sufriendo la falta de agua potable desde hace años, lo cual debiera ser un tema prioritario para el Estado provincial. El agua debe ser entendida como un bien común y un derecho humano, no como una mercancía.
Hay estudios sociológicos en América Latina y en Argentina que han demostrado que la actividad minera tiene múltiples efectos negativos en la sociedad. Es un negocio transnacional que requiere de la deslocalización de la mano de obra, promueve la pérdida de las identidades culturales, ejerce una influencia antidemocrática en la prensa y en el Estado, e inhibe el desarrollo de actividades económicas y culturales que no estén asociadas directa o indirectamente con esa industria.
La Sociedad Argentina de Pediatría advierte sobre cómo la explotación minera puede afectar gravemente la salud de las personas a corto, mediano y largo plazo. Dependiendo del tipo de explotación y de los compuestos presentes en las voladuras. En el caso del plomo, en alta concentración en el Proyecto Navidad, los niños absorben este metal seis veces más que los mayores, pueden presentar pérdida de coeficiente intelectual, trastornos psiquiátricos, déficit de atención, diarreas, desnutrición, convulsiones e incluso la muerte en los casos más graves. Todo esto, sin mencionar los daños generados por los drenajes ácidos y los químicos utilizados en el proceso como xantatos y ácido sulfúrico, entre otros.
Fuente AnRed