Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2021.
Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal Abierto, ANRed, Estado de Alerta y Agencia ACTA y otras agencias.
Los responsables de una firma productora de frutos rojos quedaron procesados por presunta «trata de personas con fines de explotación laboral», por las condiciones de trabajo a las que estaban sometidas unas 150 personas en predios hortícolas de las localidades bonaerenses de Sierra de los Padres y Tandil, y de la correntina Bella Vista, informaron fuentes judiciales.
La decisión fue tomada por el juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti en una causa en la que intervinieron la fiscal federal de esa ciudad Laura Mazzaferri y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de dos fiscales porteños, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo.
Según se determinó en la investigación, al menos 150 personas ‑en su mayoría ciudadanos bolivianos en «situación de vulnerabilidad»- trabajaban en distintos predios con jornadas laborales de hasta 16 horas y sueldos por debajo de los estipulados en las leyes laborales.
El juez procesó sin prisión preventiva a cuatro investigados, el presidente, la vicepresidenta y dos encargados de recursos humanos de la empresa, en la causa abierta en 2016 luego de que una docente contó en un blog personal la situación de una de sus alumnas, que trabajaba en uno de los lugares conocido como «El Frutillar»
Los trabajadores vivían en campamentos, no tenían descanso semanal y sufrían descuentos por enfermedad, multas o sanciones.
En el procesamiento se consideró probada «la política de empresa, de explotación a un sector de la población vulnerable por su condición de migrante».
También, «la existencia de extensas jornadas laborales, falta de registración de algunos trabajadores, salarios –en algunos casos-por debajo de los mínimos legales, descuento de la jornada laboral incluso en casos de enfermedad»
Para el magistrado, había «sujeción de la voluntad de los trabajadores a los designios de la empresa ya sea por la dependencia en cuanto a su retorno al lugar de origen (en caso de aquellos migrantes que habían sido trasladados a Mar del Plata bajo promesa de poder volver a su entorno, solo si completaban las tareas encomendadas), por dependencia económica y/o por dependencia habitacional».
Las víctimas tenían » grados de instrucción en general muy bajos» y, «en su mayoría, niños y niñas a cargo» en «situación de extrema vulnerabilidad, aprovechada por los explotadores para lograr que los/as trabajadores/as permanecieran trabajando bajo las condiciones mencionadas, sin efectuar reclamo alguno y al menor costo posible de la empresa”.
Por todo ello, el juez procesó al presidente y a la vicepresidenta de la empresa como coautores y a los dos jefes de recursos humanos como «partícipes secundarios» porque «no podían desconocer, en orden a la actividad que desarrollaban para la empresa, las maniobras en cuanto a los pago de las remuneraciones por debajo de lo estipulado en las leyes laborales”.
En la resolución, finalmente, se fijó un embargo de 50 millones de pesos «a fin de asegurar la reparación económica a las víctimas».
Fuente: Info Gremiales
Triunfo de los trabajadores de la metalúrgica GRI Calviño, tras un paro por tiempo indeterminado
(Por ANRed) Los trabajadores de la metalúrgica GRI Calviño, ubicada en la localidad bonaerense de Bosques, informaron que tras el sostenimiento de un paro por tiempo indeterminado, que comenzaron el lunes 28 de diciembre contra la flexibilización laboral que intentó imponer la patronal en acuerdo con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), lograron que la empresa pagara la mitad de los sueldos adeudados y reincorpore a un trabajador despedido. «Con el método de la asamblea y la acción directa logramos defender nuestro salario en medio de las fiestas y la reincorporación de un compañero despedido con una causa trucha. Así la asamblea decidió levantar la medida, pero pronunciándose nuevamente en rechazo del acta de flexibilización firmada entre la patronal y la UOM, y reclamando que se termine la persecución sindical y el intento de desafuero de los delegados de la planta. Este punto es clave, porque la empresa afirma que solo se caerá el intento de desafuero si los delegados firman el acta de flexibilización, mientras el sindicato se hace eco de esa extorsión patronal en lugar de colocarla como condición primera de cualquier negociación», remarcó la asamblea de trabajadores.
Así lo informaron ayer en un comunicado los Metalúrgicos de GRI Calviño Organizados: «luego de haber frenado la flexibilización con una lucha de varios meses, los trabajadores de Gri Calviño, con el método de la asamblea y la acción directa logramos defender nuestro salario en medio de las fiestas y la reincorporación de un compañero despedido con una causa trucha».
Asimismo, relataron las maniobras de la patronal para flexibilizar sus condiciones laborales y la respuesta que dieron en unidad como trabajadores: «la empresa se negó durante meses a cumplir con los acuerdos que había firmado con el objetivo de extorsionarnos para que aceptáramos la flexibilización. Sin embargo, no lograron doblarnos el brazo. Por eso, luego de rechazar una flexibilización que acordaron la patronal y la UOM sin el consentimiento de los trabajadores de GRI Calviño, salimos a la lucha por el pago de la deuda salarial. La asamblea de trabajadores resolvió masivamente comenzar un paro de actividades el lunes 28 desde el turno tarde, que fue ratificado en cada turno, reclamando la reincorporación del compañero y que se paguen las deudas salariales de meses anteriores. Por un lado, la diferencia en las liquidaciones, donde la patronal no abonó el 95% del salario neto por suspensiones que acordamos en esta planta por encima del acuerdo de UOM y las cámaras patronales; que pague el bono de 30 mil pesos en 5 cuotas que firmó la UOM para los meses de agosto a diciembre; que abone los 20 mil pesos de plus por pandemia; entre otros puntos salariales», detallaron los reclamos hacia la empresa.
En la misma línea, los trabajadores sostienen: «finalmente, con la unidad de todos los compañeros de GRI Calviño logramos arrancar que la empresa deposite $30 mil a cuenta de la deuda que arrima a la mitad y un compromiso a abonarse prontamente la parte restante. Así la asamblea decidió levantar la medida, pero pronunciándose nuevamente en rechazo del acta de flexibilización firmada entre la patronal y la UOM, y reclamando que se termine la persecución sindical y el intento de desafuero de los delegados de la planta. Este punto es clave, porque la empresa afirma que solo se caerá el intento de desafuero si los delegados firman el acta de flexibilización, mientras el sindicato se hace eco de esa extorsión patronal en lugar de colocarla como condición primera de cualquier negociación», advierten, y agregan que «la defensa irrestricta de la organización sindical de planta debe ser tomada por todos los metalúrgicos de la seccional y del país sin distinción».
Para finalizar, remarcan: «con el método de la asamblea, respetando la decisión de los compañeros, y tomando medidas de lucha seguiremos defendiendo nuestro salario y los puestos de trabajo, contra la intransigencia patronal que no tiene escrúpulos para recortar nuestros ingresos en medio de las fiestas y de la pandemia. Estos actos vergonzosos de una empresa multinacional que factura millones será rechazado con la fuerza y unidad de todos los compañeros. Sigamos adelante por nuevas victorias y por nuevas conquistas», finalizan.
GRI Calviño Torres Argentina se encuentra ubicada en la localidad de Bosques, en el parque industrial de Florencio Varela, al sur del conurbano bonaerense. Fue la primera empresa del país en exportar torres eólicas a Estados Unidos y, luego de abrirse al mercado mundial, no cesó con sus intentos de avanzar con flexibilización laboral. La empresa forma parte del conglomerado español GRI, que en Sudamérica también tiene una fábrica en Brasil, y luego otras 15 en otros puntos del plantea, como España, India, China, EE.UU., Turquía y Sudáfrica, con 3500 trabajadores en todo el mundo que producen más de 2000 torres al año.
Fuente: ANRed
Pablo Reguera (Aceiteros San Lorenzo): «Las empresas hicieron una mala jugada, nos utilizaron para apretar al Gobierno»
Sobre el filo del cierre del año, la paritaria aceitera llegó a un acuerdo tras meses de negociación y un último tramo que incluyó más de 20 días de paro de los gremios del sector. El saldo, de lo que fue el conflicto sindical más importante del 2020, fue un triunfo de las demandas de los trabajadores que obtuvieron el aumento salarial pretendido, el habitual pago del bono de fin de año y uno extra por haber desarrollado tareas durante la pandemia.
En esa lucha que paralizó los puertos y la exportación de las multinacionales agroexportadoras participaron en unidad el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA), la Federación de Aceiteros y Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODYARA) y la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA). Un triunfo que fue fruto del trabajo conjunto ante las maniobras de las empresas, que según denunciaron los gremios, venían forzando el conflicto para presionar al gobierno por mejores condiciones para acrecentar su rentabilidad.
Uno de los protagonistas de esa pelea fue Pablo Reguera, secretario general de los aceiteros de San Lorenzo, gremio integrante de la Corriente Federal de Trabajadores. En esa ciudad, lindante con Rosario, están establecidas las principales multinacionales del sector agroeportador, sumadas a empresas nacionales, con plantas industriales y puertos propios por donde ingresan una parte considerable de las divisas al país. Entre ellas Cargill, Cofco, Renova, Bunge, Nidera, Glencore, Molinos Agro, Vicentin y Aceitera General Deheza. Todas empresas de enorme envergadura y facturación.
Reguera narra que llegaron al acuerdo paritario tras “14 reuniones, las últimas cuatro presenciales, conciliaciones obligatorias y más de 20 días de paro” con los trabajadores apostados en las puertas de las plantas industriales, incluso pasando allí la Nochebuena y paralizando los puertos “desde Bahía Blanca a Timbués (Santa Fe)”.
Finalmente, en el acuerdo los gremios lograron materializar sus demandas con números similares, pero cada uno con sus particularidades al ser paritarias diferentes. En el caso de los aceiteros de San Lorenzo cerraron el 2020 con un 35% de incremento salarial (cifra acorde a la inflación), un bono de $70.718 (que cobran desde 2010) y un bono pandemia de $90.000. El salario inicial al comienzo de 2021 será de $93.000. A su vez, pactaron un incremento extra del 25% para el primer tramo del 2021 contemplando una revisión para agosto de este año.
“Las empresas nos hicieron una mala jugada, nos utilizaron a nosotros para apretar al Gobierno. Hubo muy mala intención de las empresas”, reflexiona Reguera sobre una negociación que venía desde septiembre. “Perdieron más de lo que nosotros le veníamos pidiendo. Empezaron a hacer ofertas con quitas que sabían que nosotros nunca íbamos a aceptar. Tampoco se entendía la negativa sobre algo que venían pagando como en el caso del bono donde nos ofrecieron menos de lo que habían pagado el año pasado”, agregó.
¿Por qué la negativa y la dilación de las cámaras empresarias del sector para cerrar la paritaria? Los gremios venían ensayando una respuesta a ese interrogante. “La negativa no era por lo que nosotros veníamos pidiendo, jugaron una pulseada con el Gobierno. Jugaron una ficha muy grande en la cual no tuvieron el visto bueno con el Gobierno. Ellos pretenden un ´dolar más competitivo´ o baja en las retenciones”, indica Reguera.
Vale destacar que las empresas del sector son las que principalmente impulsan el Consejo Agroindustrial, que cuenta con un fuerte poderío económico y capacidad de lobby.
Otro aspecto que en algún momento estuvo presente en el debate fue el rol del Ministerio de Trabajo encabezado por Claudio Moroni donde se filtraron críticas ante la falta de una postura más firme frente a las maniobras del sector empresario.
Por su lado, Reguera tuvo elogios para la actuación. “El Ministerio siempre estuvo presente en la negociación, Moroni tuvo muchísima firmeza en el final de la misma. Debemos parte de lo que hemos conseguido con su actuación. Nosotros nunca nos sentimos abandonados”, indicó.
“El Gobierno nos dio un espaldarazo importante ante empresas que son importantes no solo en Argentina, sino en el mundo. Por suerte hemos conseguido todo lo que pedíamos en la paritaria”, concluyó.
Entrevista realizada en el programa Desde el Barrio (Radio Gráfica) por Lautaro Fernández Elem y Leila Bitar.
Fuente: Sindical Federal
La Multisectorial de Salud de la Provincia se manifestó contra los despidos y los traslados en Carlos Paz
“Esenciales no descartables” se titula el comunicado realizado por el espacio que nuclea a agrupaciones y sindicatos de médicos, residentes y trabajadoras/es de Salud de toda la Provincia.
“Desde la Multisectorial de Salud de la Provincia de Córdoba, que entre otras agrupaciones y sindicatos aglutina a la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS-CTA); Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA); Médicos Autoconvocados, Médicos Unidos y el Foro de Especialidades Médicas nos solidarizamos con los trabajadores y trabajadoras del Hospital ‘Gumersindo Sayago’ de Villa Carlos Paz y solicitamos la inmediata reincorporación de las y los despedidos, el cese de los traslados compulsivos y de la persecución por el Ejecutivo municipal .
“Resulta inadmisible que el intendente Daniel Gómez Gesteira despida, traslade y persiga a trabajadores de Salud y más aún si estas medidas autoritarias se realizan en esta situación de pandemia donde los trabajadores han dejado su salud y hasta su vida.
“Para el Intendente de Carlos Paz no somos trabajadores esenciales, somos trabajadores descartables.
“Sin dudas las medidas del Ejecutivo Municipal son represalias a los reclamos por mejores condiciones laborales y salariales que se vienen realizando.
“Desde la Multisectorial acompañaremos todas las acciones que los trabajadores del Hospital Sayago decidan hasta revertir estas decisiones arbitrarias y se dé solución a los justos reclamos.
“Martes a las 10 horas convocamos a una asamblea en la puerta del Hospital”.
Fuente: ACTA //Equipo de Comunicación de la CTA Córdoba