Por Roxana Baspineiro. Resumen Latinoamericano, 23 de enero de 2021.
La oposición haitiana convocó a una serie de protestas en todo el país hasta el 7 de febrero, fecha prevista para el final del mandato del presidente Jovenel Moïse. También anunciaron que intensificarán sus medidas llamando a un levantamiento general con bloqueos, desobediencia civil, protestas espontáneas y barricadas si Moïse no abandona el poder.
En las últimas semanas, Haití ha experimentado nuevas olas de protestas debido al descontento del pueblo haitiano con el proyecto presentado por Moïse de celebrar elecciones presidenciales y legislativas este 2021 y también por el controvertido proceso de referéndum constitucional para sustituir la actual constitución, que la oposición ha calificado de inconstitucional.
«Recientemente el gobierno de Jovenel Moïse con el apoyo de las Naciones Unidas y la OEA están proponiendo un referéndum constitucional para el 25 de abril. Este referéndum constitucional es en realidad un referéndum inconstitucional porque prácticamente destroza la constitución haitiana. El actual gobierno debería dejar la presidencia del país ahora en febrero de 2021 porque ya ha cumplido su mandato de cinco años, lo que significa que las elecciones para el país deberían haber sido realizadas el año pasado”, explica a Brasil de Fato Paulo Henrique Campos, brigadista del 
Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Haití.
La actual constitución de Haití prohíbe expresamente la celebración de una consulta popular para modificar la Carta Magna. Sin embargo, el Consejo Electoral Provisional (CEP), cuyos miembros fueron nombrados por Moïse y que carecen de legitimidad a los ojos del pueblo haitiano, anunció que el referéndum constitucional se celebraría en abril, mientras que las elecciones presidenciales y legislativas tendrían lugar el 19 de septiembre.
«Esta iniciativa [referéndum constitucional] del presidente Jovenel Moïse, en realidad, es parte de una estrategia de la derecha del país y de su partido para permanecer en el poder y continuar aniquilando las pocas conquistas democráticas que se han ganado a través de duras luchas por el pueblo haitiano», dice Campos.
«Esta propuesta va en contra de lo que las calles, los movimientos sociales de masas, los movimientos populares y la sociedad en general en Haití proponen y exigen», añade.
Según el brigadista del MST, Haití es actualmente un país sin Parlamento, por lo que Moïse gobierna como una especie de poder único en el país, al cual define como una dictadura presidencial. Además de esto, la trayectoria histórica que carga el país caribeño de esclavitud, colonialismo, intervenciones extranjeras, tragedias climáticas, políticas neoliberales, violaciones de derechos humanos, entre otras, han dejado al país sumido en la miseria de una combinación de crisis: políticas, sociales, económicas y de inseguridad.
Brasil de Fato ha elaborado algunos puntos para entender lo que está sucediendo en el país caribeño.
¿Cuál es el trasfondo de las protestas en Haití?
Casi 11 millones de habitantes dan vida a la nación caribeña que ocupa el tercio occidental de la isla llamada La Española, la segunda más extensa de la región del Caribe.
Lo que se sabe de Haití está quizá más relacionado con su desgracia explicada en sus males naturales (terremotos, sequías, huracanes) que con su colapso explicado en su historia esclavista, colonialista y más reciente azotada por las políticas neoliberales y neocolonialistas. Se habla mucho menos de la resistencia y la fuerza que caracteriza al pueblo haitiano, el primer país del Caribe y de América Latina que obtuvo su independencia y abolió el sistema de esclavitud.
Sin embargo, desde su independencia, el país ha estado sometido a golpes de Estado y dictaduras, intervenciones extranjeras y una deuda impagable que lo ha llevado a ser económicamente dependiente del mundo exterior. Todo esto ha generado un panorama devastador para Haití.
Sólo en 1987, el pueblo haitiano logró tener su primera constitución, aprobada por el pueblo, después de expulsar la dictadura de Duvalier en 1986. Y sólo en 1991, lograron tener sus primeras elecciones libres y democráticas, donde J. Bertrand Aristide fue elegido, siendo derrocado dos veces por golpes de estado apoyados por los Estados Unidos. La última, en 2004, llevó al país a intervenciones militares extranjeras camufladas como misiones de paz y ayuda humanitaria, como la conocida MINUSTAH, que dejó graves violaciones de derechos humanos en el país.
Este largo camino de malestares haitianos, sumado a una clase política totalmente desacreditada que durante décadas ha administrado el país de manera corrupta, favoreciendo a los sectores de la burguesía comercial y la oligarquía, así como aplicando sin descanso políticas neoliberales, destruyendo la producción agrícola, privatizando las empresas públicas, haciendo más precario el mercado laboral, empobreciendo a las mayorías populares y forzando el éxodo de millones de jóvenes, ha alimentado el agotamiento del pueblo haitiano.
En 2019, según informa la agencia de noticias AFP, el 70% de la población estaba desempleada, el país tenía una tasa de inflación superior al 12% además de la devaluación de su moneda el “gourde”, tan sólo un año después de que comenzaran las movilizaciones en 2018, debido a la falta de combustible nacional.
Pero fue el escándalo de corrupción y desvío de dinero (Petrocaribe) en 2019 que involucró a altos funcionarios del Estado y al propio presidente, sobre la malversación de al menos 2.000 millones de dólares, equivalentes a una cuarta parte del PIB del país, uno de los principales factores que no ha frenado las protestas en el país.
«Existen sucesivas medidas, sucesivos actos del presidente que han puesto al país en una situación muy grave desde un punto de vista económico y social», afirma Campos.
«La agenda principal del pueblo haitiano hoy, no sólo de los movimientos, no sólo de los partidos, sino de la sociedad en su conjunto, es la salida del presidente. Esa es la alternativa inmediata que tiene la sociedad haitiana […] En segundo lugar, es que se construya un gobierno de transición […] para que sea posible construir y retomar verdaderamente una democracia en Haití», subraya.
Lo que el pueblo haitiano quiere, en opinión de los analistas, son cambios profundos después de siglos de opresión, lucha y resistencia.
Quién es Jovenel Moïse?
Según la evaluación de algunos expertos, un fraude electoral en 2010 permitió la llegada al poder del partido ultraneoliberal Tèt Kale (PHTK), lo que dio lugar a la continuidad, también fraudulenta, del actual gobierno de Jovenel Moïse.
Moise, de 52 años, es un empresario bananero que llegó al poder en noviembre de 2016 en medio de acusaciones de fraude y protestas. Sólo el 21% de los ciudadanos con derecho a voto fueron a las urnas.
En opinión de Campos, el gobierno de Moïse se caracterizó como un gobierno que favoreció y aumentó los privilegios de una minoría rica, abandonando así los intereses de la mayoría de su población, que quedó sometida a condiciones de vida precarias y a la extrema pobreza.
No obstante, uno de los puntos más sobresalientes del rechazo de la población haitiana a su gobierno fueron los escándalos de corrupción, cuando en 2019 el Tribunal Superior de Cuentas haitiano presentó un informe tras una auditoría en el que se mencionaba a la empresa Agritrans, propiedad del mandatario, que recibió millones de dólares para desarrollar proyectos públicos que nunca se materializaron como parte de la ayuda enviada por Venezuela en el programa regional conocido como Petrocaribe.
«Es un presidente sumergido en un mar de corrupción, sus empresas estuvieron completamente involucradas en los escándalos de corrupción de Petrocaribe, que fue el principal programa de cooperación económica para el desarrollo social entre el gobierno de Venezuela y el gobierno haitiano. Este programa fue destruido por los numerosos escándalos de corrupción del gobierno de Jovenel Moïse», dice el brigadista del MST en Haití.
Entre 2008 y 2018, Haití formó parte del programa Petrocaribe, una iniciativa del difunto presidente venezolano Hugo Chávez que permitió a varios países de América Latina y el Caribe adquirir productos petroleros a precios ventajosos. Parte de los subsidios venezolanos, que incluso cancelaron una deuda de 395.000 millones de dólares a Haití, estaban destinados a hacer frente al impacto dejado por el terremoto de 2010. Sin embargo, el dinero desapareció o se camufló en proyectos que generaron bastante desconfianza.
Otra cuestión que pone a Moïse en el punto de mira es que desde enero de 2020 gobierna por decreto, es decir, sin parlamento, una vez que expiraron los mandatos de los diputados y de las dos terceras partes de los senadores, y también con un proceso electoral aplazado desde 2018, lo que ha empeorado la situación del país.
Además, el pasado mes de diciembre, en ese escenario, también decretó una política relacionada a la seguridad pública, creando una controvertida Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) con la que se otorga inmunidad jurídica a los agentes de esta institución y les permite operar de forma anónima, “abriendo así la posibilidad de legalizar la represión y desechar las demandas de la población, mientras se multiplica la situación de vandalismo y la inseguridad”, son algunas de las críticas que esta decisión generó.
Los sectores de la oposición han expresado su descontento con esta medida, afirmando que se trata de un mecanismo que permitirá a Moïse tener el control total de la nación de manera inconstitucional, por lo que convocaron a la retomada de las protestas masivas durante este mes para forzar al mandatario a renunciar a su cargo el 7 de febrero, algo que el presidente rechaza decididamente.
«Se trata de un gobierno incapaz, incompetente para dirigir el país, entre otras cosas porque fue un gobierno que no fue elegido [democraticamente], ya que fueron unas elecciones fraudulentas las que tuvieron lugar en 2016», comenta Campos.
Mientras tanto, Moïse cuenta con el apoyo de la comunidad internacional, y de los Estados Unidos en particular. La ONU y la OEA manifestaron también su apoyo y respaldo a su gobierno. “Ellos son los que lo mantienen en el poder”, concuerdan algunos analistas políticos.
Alianza de la élite y la comunidad internacional
Es de conocimiento público que en el país caribeño existen algunas familias que ostentan más del 80% de las riquezas, que bien podrían salvar a un país tan desolado como Haití. Pero tradicionalmente el poder político ha decidido más por la ambición de unos pocos y por consiguiente ha establecido alianzas con la oligarquía minoritaria.
La clase económica de Haití es excluyente, de empresarios mayoritariamente importadores, que no tienen ningún interés en el país. Se trata de un modelo implementado por y para las clases dominantes, con la ayuda de las potencias extranjeras, representadas en el llamado Core Group, formado por el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas en Haití, los embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, la Unión Europea y el Representante Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El Core Group, en opinión de los analistas, es el que realmente toma las grandes decisiones políticas en el país desde que el gobierno de Jean-Bertrand Aristide fue derrocado en 2004 bajo el pretexto de una crisis política interna que sirvió para justificar la presencia militar extranjera de llamada Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH).
“La situación de Haití no tenía nada que ver con aquellas que habitualmente justifican este tipo de iniciativas [intervenciones], como sucedió en ocasiones en África. No había aquí ejércitos en pugna, no había guerra civil, no había crímenes contra la humanidad. Se ha violado incluso la Carta Magna de las Naciones Unidas para imponer esta misión, que ha implicado una tercerización de la ocupación, para que los ejércitos latinoamericanos hagan el trabajo sucio del imperialismo a menor costo”, dice uno de los intelectuales más reconocidos del Caribe, Camille Chalmers.
Fueron 13 años que bajo el nombre de una operación de ayuda humanitaria o «misión de paz» enviada por el Consejo de Seguridad de la ONU, que la MINUSTAH dirigida por tropas brasileñas, ocupó Haití, mientras protagonizó graves escándalos de abusos sexuales perpetrados (y conocidos) durante años por los cascos azules y
OXFAM en el país.
«Más de 2.000 mujeres, muchas de ellas menores de edad, habrían sufrido esta violencia, concibiendo alrededor de un centenar de niños», según un estudio de la Universidad de Birmingham, mientras que directivos y los trabajadores de la misión ejercían «la explotación sexual, el abuso de poder y la intimidación».
«Ahora hay miles de mujeres con hijos sin padre, miles de huérfanos en una situación difícil», señala Chalmers, también director ejecutivo de la Plataforma Haitiana para la Defensa del Desarrollo Alternativo (PAPDA).
«Vale la pena recordar que el pueblo haitiano está en una campaña de reparación para las víctimas de la misión de las Naciones Unidas en Haití que hasta ahora la ONU se ha pronunciado, pero no ha dado ninguna reparación a las víctimas, por las diversas violaciones de derechos humanos que ha causado la MINUSTAH», denuncia Campos.
La ONU también fue acusada de introducir enfermedades como el cólera en 2010 tras el terremoto, que causó más de 30.000 muertos y 800.000 enfermos que todavía sufren las consecuencias, algo que después también acabó aceptando, aunque tampoco ofreció ninguna reparación o compensación a las víctimas.
«Es importante deconstruir esta idea de comunidad internacional. Es importante recordar que Haití es un país que lleva décadas sufriendo, es decir, desde hace muchos años los ataques de esta comunidad institucional internacional que vende al mundo la idea de que Haití recibe el apoyo de lo que llaman ayuda humanitaria», sostiene Campos.
«La ayuda humanitaria que Haití recibe de esta llamada comunidad internacional son intervenciones militares, son bloqueos económicos, son intervenciones cotidianas, principalmente del gobierno de Estados Unidos», agrega.
Por lo tanto, concuerdan los analistas, ha quedado claro que la ayuda humanitaria no ha funcionado y no funciona para Haití y que el país caribeño no es realmente una preocupación para la comunidad internacional, especialmente para la ONU, la OEA y mucho menos para los Estados Unidos.
Pero entonces, ¿por qué seguir invadiendo un país que está totalmente devastado?
Los analistas dicen que aunque Haití sea uno de los países más abatidos del continente, posee abundantes recursos minerales (oro, cobre y bauxita), tiene una mano de obra barata que beneficia a las empresas transnacionales, principalmente de los Estados Unidos y Canadá, el país depende en cierto modo de las remesas que benefician al capital financiero y a las economías ilícitas. Además, desde el punto de vista geopolítico, Haití se encuentra en medio de dos países que son el objeto de ataques y sanciones por parte de los Estados Unidos, como Cuba y Venezuela, y también porque la nación es considerada una “estación clave” para el narcotráfico (que obedece a ciertos intereses internos).
«Haití es un país totalmente dependiente, un país tutelado por los Estados Unidos y un país que necesita desenvolverse desde el punto de vista de su autonomía», dice Campos.
La solución sólo puede venir de la lucha
Los hombres y mujeres haitianos están cansados. No sólo de tener que enfrentar la crisis económica, la inseguridad, la corrupción y ahora también la pandemia de Covid-19, sino de los privilegios de que goza el poder político, la élite empresarial, la minoría burguesa, así como de la injerencia deshumanizadora de las organizaciones internacionales. Por eso el pueblo haitiano se levanta.
En la evaluación de Campos, uno de los puntos clave en la lucha de Haití por la democracia y la soberanía es el apoyo de la comunidad internacional progresista en todo el mundo, señalando que «es necesario llevar a cabo una campaña para denunciar a nivel internacional lo que está sucediendo en Haití, un país en el que los Estados Unidos intervienen a diario, un país completamente sumiso a su soberanía política y económica, sumiso a sus intereses, esto tiene que ser denunciado al mundo”.
«Otra iniciativa del papel de las organizaciones populares progresistas del mundo sería la solidaridad permanente con el pueblo haitiano, un pueblo que resiste y que lucha continuamente contra las vulnerabilidades sociales que agravan la miseria en el país […] pero que también [vale la pena recordar que] es un pueblo que lucha constantemente contra las agresiones imperialistas que sufre a diario, especialmente por parte del gobierno de los Estados Unidos», resalta.
Fuente: Brasil de Fato
