Anabel Hernández /Resumen Latinoamericano,19 de enero de 2021
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador pagó con recursos públicos la defensa del general Salvador Cienfuegos, acusado por narcotráfico y lavado de dinero, de acuerdo a documentos de la Fiscalía General de la República (FGR) que forman parte de la carpeta de investigación abierta contra el exsecretario de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
Cienfuegos fue detenido en octubre de 2020 en Los Ángeles, California, por orden de un juez de la corte del distrito este de Nueva York, acusado de cuatro delitos graves de tráfico de drogas, protección a una organización criminal denominada H‑2, filial del cartel de los Beltrán Leyva, y lavado de dinero.
En un inicio, el gobierno del presidente de México se congratuló de la detención e incluso dijo que haría una limpia en la Sedena para eliminar a aquellos vinculados al militar. Pero pocas horas después cambió de opinión y abogó intensa y enérgicamente a través de los canales diplomáticos ante el gobierno saliente de Donald Trump para que el militar fuera liberado y repatriado, con lo que logró que los cargos de tráfico de drogas le fueran retirados con el compromiso de que se llevaría a cabo un proceso jurídico veraz e imparcial para determinar su responsabilidad. Logró rescatar al militar, que de haber sido declarado culpable, habría pasado de 10 años a cadena perpetua en una prisión estadounidense.
Ahora, gracias a los documentos revisados, se puede afirmar que el supuesto proceso e investigación para saber si el general estuvo o está coludido con organizaciones de tráfico de droga durante su encargo publico no fue ni veraz ni imparcial. Fue una defensa de Estado. En todo momento el gobierno de AMLO ha sido juez y parte, exactamente como en el viejo régimen del PRI y del PAN, en el que el jefe del ejecutivo protegía a toda costa a los suyos y sus afines desequilibrando la balanza de la justicia y la auténtica búsqueda de la verdad.
AMLO no sólo rescató de una condena prácticamente segura a Cienfuegos, quien fuera secretario de Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ‚sino que también se hizo cargo de su defensa, aunque Cienfuegos tiene recursos para pagar sus propios abogados, tal como lo demostró al contratar al costoso despacho que lo representó en Nueva York.
Documento publicado por la FGR el 16 de enero de 2021
De acuerdo al documento fechado el 7 de enero de 2021, que forma parte del expediente de dos tomos publicado parcialmente por la FGR el 16 de enero, los abogados de defensa que designó Cienfuegos ante la fiscalía cuando se presentó a comparecer por primera vez para rendir su testimonio fueron asignados y patrocinados por la propia Sedena, de la cual AMLO es el comandante supremo.
Fueron esos abogados quienes ayudaron a Cienfuegos a la exoneración exprés dada a conocer por la FGR el 14 de enero pasado, que ha causado la indignación y reclamo oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos y generado ya un conflicto diplomático y jurídico de alcances difíciles de calcular.
De hecho, varios de los argumentos textuales dados por la defensa de Estado y documentos subjetivos fueron retomados al cien por ciento por la fiscalía en sus conclusiones de «inocencia” del general.
La feliz navidad del general Cienfuegos
Cienfuegos llegó el 18 de noviembre a México. Fue recibido por una comitiva de bienvenida de la FGR y lo dejaron ir a casa luego de notificarle sobre la carpeta de investigación abierta en su contra. Así, el general acusado de graves cargos de narcotráfico en Estados Unidos no fue molestado por la fiscalía y pudo pasar una tranquila Navidad y Año Nuevo en México, en vez de la fría celda que le esperaba en Nueva York.
Fue hasta el 6 de enero de 2021 que la fiscalía le envió un citatorio a Cienfuegos en su carácter de «indiciado” a las oficinas de la Sedena ubicadas en Campo militar No.1, edificio 1, piso 3, ubicado en Ciudad de México. Y se le indica presentarse con «abogado particular quien deberá aceptar y protestar el cargo”, señala el texto.
El 7 de enero, Cienfuegos designó como abogados de defensa ante la fiscalía a un conjunto de personas cuyos nombres fueron clasificados, es decir, son secretos, y quienes según el propio general «me fueron asignados para tal efecto por la Secretaría de la Defensa Nacional solicitando que se les reconozca como tales”.
Y el 9 de enero, Cienfuegos y sus abogados aseguraron en cerca de 20 páginas de alegatos que, por supuesto, negaba los cargos y era inocente, con argumentos como su ciega lealtad a la ley y señalamientos de la parte acusadora que «rayan en la estupidez”. Después, su defensa presentó diversos documentos, como publicaciones de revistas, para argumentar la inocencia del general. Argumentos que la fiscalìa hizo suyos para exonerarlo tan solo cinco días después.
Anabel Hernández
El vergonzoso conflicto de interés de AMLO y su ejército
Aunque militares consultados señalan que es un derecho de los militares que la Sedena les de abogados para su defensa, incluso en retiro, esto es opcional. En casos similares de altos militares acusados de narcotráfico en el pasado, entre los más conocidos los generales Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia y Roberto Dawe, estos contrataron abogados privados para su defensa, ante la duda razonable de la imparcialidad de la Sedena en su caso y para evitar que saliera contraproducente la intervención.
Pero en su caso, Cienfuegos no tenía dudas de que la Sedena haría todo para ser parte de la simulada investigación y que saliera exonerado. Contaba de antemano con todo el apoyo del actual titular del organismo, Cresencio Sandoval, desde que fue detenido en Estados Unidos. Este no sólo llamó a AMLO para intimidarlo y decirle que la detención estaba provocando que el ejército se saliera de control, sino que en todo momento, y se documenta con el propio expediente de la fiscalía, inclinó la balanza a su favor, perdiendo así objetividad cualquier documento dado por la propia Sedena en defensa de Cienfuegos.
En medio de este escándalo imborrable, Sandoval esta ahora varado en un claro conflicto de interés. Fue brazo operativo y hombre de confianza de Cienfuegos durante la época en que este habría colaborado con el cartel H‑2, de acuerdo a las fechas de la acusación contra el militar en Nueva York. Y también está documentado que es cercano a otro militar cuyo nombre sale en las investigaciones del gobierno de Estados Unidos de estar también involucrado en la protección al cartel H‑2, el general Javier Cruz Rivas, quien fue su antecesor en la Cuarta Región Militar en Nuevo León. Si fueran culpables a él no le convendría.
El gobierno de AMLO hizo suya la defensa del militar en todos los sentidos. Los abogados asignados por la Sedena argumentaron que la acusación va más allá de Cienfuegos y «va contra las instituciones de Fuerzas Armadas del país y contra el Estado mexicano”. Pero esa defensa no fue transparentada por el jefe del ejecutivo ante la sociedad durante todo el proceso. Se sabe ahora que el caso ya fue archivado.
Este es el citatorio enviado a Cienfuegos
Investigación simulada y desaseada
El expediente en que se basa la exoneración del general Cienfuegos es un hoyo negro, literalmente, ya que la mayoría de sus páginas están en negro porque la fiscalía clasificó la información, por lo que no puede siquiera entenderse o contrastarse. Y los únicos puntos de luz, es decir, donde es legible algún tipo de información útil, ponen en evidencia una investigación desaseada, incluso en detalles mínimos como fechas de oficios de valor judicial incorrectas, que hablan de la precariedad y falta de seriedad en una investigación de esta magnitud.
Lo documentos exhiben que la fiscalía nunca intentó llegar al punto medular del tema de si el general protege o ha protegido a grupos de tráfico de droga. La fiscalía desde un inicio determinó que las pruebas enviadas por el gobierno estadounidense carecían de valor jurídico. Nunca se sometió a interrogatorio al general Cienfuegos, solo se aceptaron los argumentos de la defensa y la fiscalía los hizo totalmente suyos.
Nunca requirió información específica medular para evaluar el caso al gobierno de Estados Unidos ni buscó establecer contacto con los que realizaron dicha investigación origen de la acusación. La investigación patrimonial fue ridícula y escasa, ni siquiera llegó al primer círculo familiar del militar.
Y jamás se interrogó o intentó interrogar a algún miembro del cartel H‑2 que pudiera corroborar o desmentir la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Falsamente, la fiscalía dijo que los únicos en posibilidad de corroborar, el líder del cartel, Juan Francisco Patrón Sánchez; y Daniel Isacc Silva Gárate, fueron ejecutados desde 2017. Pero pudo interrogar a tres miembros del cartel H‑2 que fueron extraditados a Estados Unidos por el propio gobierno de México a solicitud de la misma corte que abrió el caso contra Cienfuegos.
Mejor aún, la fiscalía podía haber interrogado a Jesús Ricardo Patrón Sánchez, brazo derecho de su hermano Juan Francisco, mejor conocido como el «H‑3», y que se encuentra preso en una cárcel de México y hubiera podido dar información valiosa para el caso.
¿Por qué AMLO hizo una defensa de Estado para Cienfuegos? No debo ser la única que se lo esté preguntando y buscando respuestas.
FUENTE: DW
