Resumen Latinoamericano, 22 de enero de 2021
Dos defensores ambientales fueron sentenciados a prisión por participar en protestas de rechazo contra el proyecto minero Tía María, en Arequipa.
Más de 40 organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, pidieron al Poder Judicial suspender sentencia que ordena enviar a prisión a defensores del Valle de Tambo, en Arequipa.
Jesús Cornejo Reynoso, presidente de la Junta de Usuarios de Riego del Valle del Tambo fue sentenciado a 7 años y 4 meses de cárcel.
Mientras que exalcalde del distrito Deán Valdivia, Jaime de la Cruz, fue sentenciado a 12 años y 4 meses de prisión.
Según la sentencia del Poder Judicial, ambos fueron hallados responsables por las acciones desarrolladas por terceras personas en una protesta de agricultores contra el proyecto minero Tía María, en 2015.
Sin embargo, esta sentencia es considerada como injusta e infundada por las organizaciones que piden suspender la medida hasta que sea revisada en segunda instancia.
Sentencia es una represalia
Para las organizaciones, la sentencia emitida por el Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Penal Permanente de Arequipa es una represalia contra los defensores.
“La sentencia es una represalia por la defensa del derecho al medio ambiente y el agro en el Valle de Tambo, que ambos dirigentes realizan frente a la imposición del proyecto minero Tía María en Arequipa”, indican.
Señalan que, al responsabilizar a los dirigentes por acciones de terceras personas, se estaría atentando contra el carácter personal de la responsabilidad y penal.
Y, además, se estaría contraviniendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, según la cual no se puede responsabilizar a los dirigentes sociales por acciones de terceras personas.
Los defensores Jesús Cornejo Reynoso y Jaime de la Cruz fueron sentenciados a prisión a inicios de enero de 2021. Foto: Composición La República.
Piden suspender sentencia
Según informaron, la defensa de los dirigentes ambientales ha impugnado la sentencia impuesta por el Poder Judicial.
Las organizaciones respaldan esta impugnación y piden suspender la ejecución de la sentencia hasta que la decisión sea revisada en segunda instancia, “tal como prevé el art. 418 del Código Procesal Penal”.
Ello, “porque la inmediata detención de dichos dirigentes no está fundamentada en ninguna circunstancia que haga prever que no cumplirán con la sentencia final”, sostienen.
Según indican, los defensores ambientales han acreditado arraigo domiciliario, familiar y laboral y se han presentado a todas las diligencias durante los más de 5 años que ha durado el proceso.
Además, señalan ellos presentan comorbilidades, por lo que llevarlos a prisión podría poner en riesgo sus vidas al exponerlos al contagio del COVID-19 con consecuencias “fatales”.
Tras mostrar su respaldo a los pobladores del Valle de Tambo que rechazan el proyecto minero Tía Maria, pidieron a las autoridades no caer en la criminalización de la protesta social.
Entre las organizaciones que emitieron estos pronunciamientos se encuentran la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la Coordinadora en Defensa del Valle de Tambo- Arequipa y la Red Muqui, entre otros.
FUENTE: SERVINDI