Resumen Latinoamericano 9 de febrero de 2021
Organizaciones sociales anuncian que este miércoles 10 concentrarán desde las 11 en el cruce de Avenida 9 de Julio e Independencia, para luego movilizar a Plaza de Mayo, donde instalarán ollas populares frente a la Casa Rosada. La jornada de lucha es para «rechazar la orientación de las medidas dispuestas por el gobierno nacional que se discutirán en la Casa Rosada con los empresarios y sindicatos», ya que consideran que «las mismas van en claro detrimento de los intereses de los sectores laburantes que peor la están pasando en la actualidad». Reclaman «aumento de emergencia para los y las trabajadoras cooperativistas» y la «aplicación de la Ley de Abastecimiento contra los grandes especuladores». Asimismo, rechazan «el techo paritario y la pérdida de derechos de los y las trabajadoras» y exigen «una salida sin ajuste ni represión», porque sostienen que «la deuda es con el pueblo, no con el FMI ni los especuladores».
Con las consignas «¡Ningún sueldo debajo de la canasta básica, aumento salarial ya!» y «¡La deuda es con el pueblo, no con el FMI!«, movimientos sociales, cooperativistas y de desocupados anunciaron que concentrarán este miércoles desde las 11 en el cruce de la Avenida 9 de Julio e Independencia, para luego movilizar a la Plaza de Mayo, donde instalarán ollas populares frente a Casa Rosada.
La jornada de lucha es para «rechazar la orientación de las medidas dispuestas por el gobierno nacional que se discutirán en la Casa Rosada con los empresarios y sindicatos«, ya que consideran que «las mismas van en claro detrimento de los intereses de los sectores laburantes que peor la están pasando en la actualidad».
En la convocatoria remarcan que «el Gobierno se encamina a cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y avanza en un pacto con las cámaras empresariales y sectores de la burocracia sindical para poner un techo a las paritarias». En la misma línea, destacan: «mientras, el panorama es desolador para los y las trabajadoras, con una inflación que se dispara y pulveriza el poder adquisitivo de los salarios. La verdadera preocupación de los empresarios es tener una mano de obra más barata en detrimento de todos los derechos laborales y, como si fuera poco, cuenta con el aval de las autoridades nacionales. A su vez, cerca de la mitad de la población se encuentra bajo la línea de la pobreza y el 10% en condiciones de indigencia. En el 2020 la inflación fue del 36% (con un 45% de incremento de la canasta básica alimentaria) y la gran mayoría de los aumentos salariales se ubicaron 10 puntos debajo de esas cifras».
«Este año, el Gobierno empezó a discutir con las burocracias sindicales y la UIA la decisión de que el tope de los salarios sea del 30%, pero las primeras proyecciones inflacionarias estiman quela suba del 48% para todo 2021 – amplía el comunicado de las organizaciones – Tal decisión, no es otra perspectiva que avanzar en el camino del ajuste. El contraste de la imagen que se muestra no reviste mucho análisis: mientras nuestras compañeras en los barrios deben sostener comedores y cuadrillas de trabajo con planes sociales de $10 mil, el gobierno premia al FMI y a los acreedores privados. Además, los bancos y el capital concentrado acrecientan sus ganancias tanto en la crisis sanitaria como en épocas con o sin crecimiento económico. ¿Es justo que se beneficie a los empresarios que fugaron millones de dólares al exterior y se mantenga en la indigencia a cientos de miles de trabajadoras que sobreviven en plena pandemia?», se preguntan.
También apuntan contra los grandes grupos especulativos: «los formadores de precios y los grupos especulativos han desarrollado sus negociados ante la complacencia de un Estado que en más de una oportunidad ha dado marcha atrás en medidas que podían representar un freno a los sectores de poder. Uno de los últimos casos se dio con habilitar la libre exportación de maíz dando riendas sueltas a los incrementos de los precios en las góndolas. Lo mismo ocurrió con el conflicto de la carne a partir del aumento de un 25% en los últimos tres meses y que ahora se intenta vender una resolución del conflicto con precios ‘populares’ y escasa oferta en supermercados. Esto es algo como intentar curar una enfermedad terminal con una aspirina».
Asimismo, sostienen que la connivencia del Gobierno con las empresas no es nueva: «esta condescendencia con los grupos concentrados no es nueva y se suma a la reprivatización de la Hidrovía del Paraná, la entrega de Vicentín y la quita de puntos en las retenciones a la soja, entre varias medidas de concesión. El ‘dejar hacer’ solo alienta a un empresariado que desanda un plan de especulación masivo, generando las condiciones de desabastecimiento de alimentos y elementos de primera necesidad para la población. Misma situación ocurrió en plena pandemia cuando el sector alimenticio no le vendía productos al Estado generando un vaciamiento importante en los comedores comunitarios que se encontraban afrontando el aislamiento social». Es por eso que reafirman «la exigencia para que se aplique la Ley de Abastecimiento y se termine con la especulación de los sectores que se enriquecen a costa de los pobres y trabajadores de este país».
Además, recalcan: «nos parece de suma gravedad las intenciones de la policía bonaerense y su anuncio de una nueva protesta para los próximos días. Todavía nos resuena la lógica extorsiva de las fuerzas de seguridad que el año pasado con patrulleros y armas en manos salieron a cercar la gobernación y la residencia de Olivos. No creemos que está lógica desestabilizadora se resuelva haciendo concesiones como las ejecutadas por el gobierno en 2020 y que no hizo otra cosa que empoderar a las fuerzas que serán las que repriman a todos aquellos sectores que enfrentemos el ajuste que de ‘hecho’ se está llevando a cabo en el país».
«Por todos estos motivos, nos movilizaremos el próximo miércoles 10 de febrero a las 11 de la mañana hacia la Casa de Gobierno donde realizaremos ollas populares para visibilizar la miseria en la que se hunde el pueblo trabajador mientras los especuladores de siempre continúan amasando grandes fortunas», sostienen en la convocatoria, donde reclaman «aumento de emergencia para los y las trabajadoras cooperativistas» y la «aplicación de la Ley de Abastecimiento contra los grandes especuladores». Asimismo, rechazan «el techo paritario y la pérdida de derechos de los y las trabajadoras» y exigen «una salida sin ajuste ni represión», porque sostienen que «la deuda es con el pueblo, no con el FMI ni los especuladores», finaliza el comunicado firmado por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, Izquierda Latinoamericana Socialista, MULCS- Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, Movimiento 8 de Abril, Igualdad Social), FAR y Copa en Marabunta, la FOB Autonoma (Federación de Organizaciones de Base- Autonoma) y OLP Resistir y Luchar.
Fuente: ANRed ‑Foto: Franco Fafasuli