Resumen Latinoamericano, 26 de febrero de 2021.
Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias.
Mujeres sindicalistas de todas las centrales se reúnen por los trabajos de cuidados
Este miércoles pasado, mujeres sindicalistas de todas las centrales y la economía popular (Corriente Federal de los Trabajadores, CGT, CTA‑T, CTA‑A, UTEP, CCC) se reunieron para conversar de cara al próximo 8 de marzo bajo la premisa “salario, derechos, igualdad” y debatir sobre los trabajos de cuidados.
Tras el encuentro, enfatizaron en la presencia de todos los universos que conforman el trabajo de cuidados: trabajadoras registradas, trabajadoras que realizan las tareas de cuidado en su propio hogar, amas de casa, trabajadoras de casas particulares y trabajadoras del ámbito comunitario pertenecientes a diversas organizaciones sindicales y sostuvieron la importancia de la puesta en marcha de políticas para cada sector de los trabajos de cuidados, para su reconocimiento, revalorización y regulación.
Entre las referentes presentes estuvieron Vanesa Siley (FE-Sitraju, Diputada Nacional), María Rosa Martínez (Diputada Nacional), Mónica Consoni (Sanidad), Mariana Nuñez (SACRA), Jackie Flores (UTEP), Viviana Benítez (Federación Gráfica Bonaerense), Alejandra Vilte (Bancaria), Natalia Fontana (Aeronavegantes), Nené Aguirre y Maia López (CCC), Tania D’Andrea (Sitraju), Gabriela Figueroa (Apuba), Laura Da Silva (Sipreba), Clarisa Gambera (ATE), Mara Rivera (APSEE), Ana Rosemberg (Satsaid), Yamile Socolovsky (Conadu) y Claudia Lázzaro (Curtidores).
Docentes acordaron la paritaria nacional por un 34,6% y firmarán en Olivos
Los sindicatos docentes acordaron esta tarde la paritaria nacional con un aumento del 32% salarial más aumentos en el incentivo docente con la novedad de agregar conectividad y el material didáctico que resultarían en el 34,6% final. La firma del acta definitiva se dará a conocer en la quinta presidencial de Olivos.
Tras una reunión de los cinco gremios con las autoridades del Ministerio de Educación, en la sede del Palacio Pizzurno, se llegó a un acuerdo que establece tres pagos en marzo, julio y septiembre y dos cláusulas de revisión para julio y noviembre, según informaron fuentes gremiales.
El aumento de marzo llevará el salario mínimo docente a $30.000, el de julio a $ 34.500 y el de setiembre $ 37.000.
Habrá un aumento en concepto de conectividad, en función de las necesidades generadas por la pandemia de establecer la continuidad pedagógica a través de la virtualidad.
El acta se sellará en Olivos, a donde se dirigieron los gremialistas al salir de Trabajo en una combi, donde se encontrarán también con dirigentes de la CGT y la CTA de los Trabajadores.
En la paritaria nacional, se fija el salario mínimo docente en todo el país, que hasta hoy estaba en $27.500. Desde ese piso, las provincias negocian luego con sus sindicatos de base los salarios de los maestros.
Además de Ctera, que está dentro de la CTA, participaron del encuentro los otros cuatro gremios docentes nacionales de la CGT (Uda, Amet, Cea y Sadop) en la paritaria. Todos reclamaron que el acuerdo por la suba del salario inicial supere la proyección inflacionaria para este año del 29%.
Se esperaba que el presidente Alberto Fernández haga el anuncio oficial del acuerdo junto a todos los gremialistas en la residencia de Olivos.
Ricardo Peidro: “La OIT respalda los principios de la CTA Autónoma de libertad y democracia sindical”
En un informe reciente de la Comisión de Expertos, la Organización Internacional de Trabajo cuestiona el modelo sindical de la ley 23.551 vigente hoy en Argentina, y propone modificaciones a fin de compatibilizar la ley al Convenio 87 de Libertad Sindical. Las observaciones a la ley argentina y su necesaria adecuación son imprescindibles para poder sindicalizar a todas las personas “que viven del trabajo”. “Es necesario el reconocimiento de las y los trabajadores en su condición de clase, más allá de su situación contractual”, dijo a ACTA, el secretario General de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro.
-¿Cuáles son los alcances y aspectos que aborda el informe?
La comisión de Expertos vuelve a insistir en las incompatibilidades del modelo sindical con la libertad sindical. No obstante nuestros esfuerzos, continúan vigente con el mismo formato que venimos cuestionando desde el “grito de Burzaco” y que como venimos diciendo desde hace 30 años, es insuficiente para representar a la clase.
También se expide con cuestiones puntuales, como el caso de FETERA, a cuya Federación no se le otorga la personería gremial. Se llego a la Corte Suprema de Justicia y todavía no se logra el cumplimiento de la sentencia judicial que ordena al Gobierno nacional que se le otorgue dicha personería.
En el mismo sentido el informe se refiere a la violación de los convenios 151 y 154 de negociación colectiva del sector público. Desde hace muchos años nuestros compañeros de la Federación Judicial Argentina vienen denunciando la reticencia de la Corte Suprema de Justicia a acompañar un proyecto de ley para la específica negociación colectiva para los trabajadores judiciales. Por eso nuestro respaldo a la FJA para ofrecer espacio en los ámbitos de diálogo social, y allí insistir en esta necesidad de crear un marco legislativo y dar cumplimiento a la recomendación de la Comisión de Expertos.
En materia de inscripciones gremiales y sindicatos simplemente inscriptos, nuestra Central tiene un amplio recorrido de lucha por el reconocimiento de nuestras organizaciones. En este sentido, el informe da cuenta de la dilación para otorgarse dicho reconocimiento. Indica que deben acelerarse los procesos de inscripción y de otorgamiento de personerías gremiales.
El informe rescata y pone en valor la importancia de generar ámbitos tripartitos ‑con representación de los trabajadores, los gobiernos y las patronales- y la importancia de convocatoria a todos los sectores, sin exclusiones, en los ámbitos de diálogo social, coincidiendo con lo que venimos proponiendo y solicitando, en especial por las medidas que deben adoptarse en materia económico-social, a efecto de paliar las graves consecuencias que vienen sufriendo los trabajadores, que se ven agravadas por efecto de la pandemia.
En cuanto a la Ley de Teletrabajo, el informe también va en línea con lo que nosotros veníamos planteando, en función de que no se trata de una nueva modalidad contractual, sino de una nueva modalidad de trabajo que no debería escapar a las reglas generales de tutela. En especial la CTAA cuestionó ante la Comisión de Expertos la instalación del trabajo por objetivos (destajo). En Argentina se aprobó una Ley para esta modalidad que ya está en vigencia, y de la cual hemos cuestionado varios aspectos, como así también del reciente decreto reglamentario.
-¿Por qué es necesario un nuevo modelo sindical en Argentina y el mundo?
El modelo vigente es cuestionable e insostenible; la clase trabajadora ha cambiado absolutamente en su composición. Justamente fue el poder económico el que ha provocado la atomización de la clase trabajadora, con el crecimiento del trabajo no registrado e informal, que no es alcanzado por la ley de asociaciones sindicales. El trabajador sindicalizable hoy es minoría en la estructura ocupacional. El 50% de los que trabajadores que viven de su trabajo son “informales”, “cuentapropistas”, “no registrados”, sin subordinación jurídica. La ley y el decreto reglamentario impiden las organizaciones de trabajadores en dicha condición. Nosotros tuvimos la oportunidad de exponerlo en todos los foros nacionales e internacionales. Fue tratado en los ámbitos donde tuvimos oportunidad de exponerlo.
La clase trabajadora ya no puede estar representada por sindicatos que solo afilian a los formales a través de una planilla, aportando con el recibo de sueldo. Este modelo nos deja en condiciones de debilidad ante un poder económico que a nivel local, regional y global profundiza las condiciones de desigualdad. Para poder contrarrestar esto, necesitamos representar a toda la clase con trabajadores organizados cualquiera sea su condición y en los términos que los trabajadores elijan.
-¿Qué propone la OIT en este sentido?
La comisión de expertos ratifica la necesidad de la modificación de la Ley 23.551, lo cual va en línea con todas las acciones nacionales e internacionales que venimos haciendo desde nuestra Central y que han provocado fallos históricos de la Corte Suprema de Justicia en defensa de la Libertad y Democracia Sindical.
-¿Qué implica este informe para la CTA Autónoma?
Para nuestra CTA Autónoma esto es una satisfacción, sobre todo porque pasados tanto tiempo, vemos que nuestro modelo de organización tiene cada vez más vigencia. Incluso la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de las Américas (CSA) han tomando muchas de nuestras pautas organizativas para proponer a los sindicatos de todo el mundo. El informe de la OIT no hace otra cosa que ratificar nuestras posturas históricas que se dan en el marco de los 30 años del Grito de Burzaco y a 25 años de la fundación formal de la Central.
-Además de una experiencia organizativa que tiene tres décadas ¿Qué tiene para aportar en ese sentido la Central?
Hemos respaldado y debatido el proyecto que presentó el diputado Víctor De Gennaro, para una “Nueva Ley de Organizaciones de Trabajadores y Trabajadoras Sindicalizados” acorde con los tiempos, y que empodera a todos los trabajadores cualquiera sea su condición para organizarse en defensa de sus intereses y de acuerdo a la modalidad que crean conveniente. Esa ley es nuestro punto de partida que tenemos en cuenta para la formulación de una nueva ley que respete el derecho a la libertad y democracia sindical en Argentina. Vamos a seguir planteando esta necesidad en los ámbitos tripartitos de dialogo social y en cualquier otro ámbito donde se defienda el interés de la clase.
La Justicia ordena la reinstalación de una trabajadora despedida de un call center de Ituzaingó
El Juzgado Nacional de Primera Instancia N°34 de Capital Federal determinó esta semana la reincorporación inmediata de Micaela Olivera, una de las trabajadoras despedidas del call center Praga-ATM de Ituzaingó, localidad del conurbano bonaerense, en plena vigencia del decreto antidespidos, por considerar que su despido fue ilegal. El call center la había echado a comienzos de enero junto a otra trabajadora luego de que realizaran reiterados reclamos ante casos positivos de coronavirus en donde no se respetaban protocolos y estaban obligadas a compartir elementos de trabajo de uso común, además de no permitírseles la afiliación sindical ni contar con una obra social. «El fallo muestra que teníamos razón cuando dijimos que lo que hacía la empresa era totalmente ilegal. Ahora tenemos que seguir la pelea para que efectivamente me devuelvan el puesto y estamos a la espera de que también salga la medida favorable para mi compañera», declaró Olivera. Por ANRed.
El fallo se conoció esta semana: el Juzgado Nacional de Primera Instancia N°34 de Capital Federal determinó la reincorporación inmediata de Micaela Olivera, una de las trabajadoras despedidas del call center Praga-ATM durante el pasado mes de enero, en plena vigencia del decreto antidespidos.
La medida judicial ratificó la ilegalidad del despido y le dio la razón a Olivera, que junto con su compañera vienen luchando por su reincorporación junto con el apoyo y asesoramiento del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y la Red de Trabajadores Precarizados.
El call center, compuesto principalmente por trabajadoras mujeres, había echado a comienzos de enero a Micaela y otra trabajadora luego de que realizaran reiterados reclamos ante casos positivos de coronavirus en donde no se respetaban protocolos y estaban obligadas a compartir elementos de trabajo de uso común, además de no permitírseles la afiliación sindical ni contar con delegados ni, en plena pandemia, tener obra social.
«Este fallo es muy importante para nosotras porque es un paso más para recuperar nuestros trabajos en medio de una situación económica insostenible que está atravesando el país y que muestra que teníamos razón cuando dijimos que lo que hacía la empresa era totalmente ilegal. Ahora tenemos que seguir la pelea para que efectivamente me devuelvan el puesto y estamos a la espera de que también salga la medida favorable para mi compañera», declaró Olivera.
Movilizan a las puertas de Claro por el despido de trabajadores tercerizados de su call center
Se trata de empleados de su call center, hoy tercerizado en la empresa Exactor. Movilizan a las puertas de Claro para reclamar por su continuidad laboral, mientras esperan el resultado de la presentación realizada ante el Ministerio de Trabajo.
El derrotero de la tercerización laboral en Argentina, encuentra hoy un nuevo capítulo. Es que los trabajadores del call center Exactor, uno de los tantos que nuclea trabajadores que exclusivamente prestan tareas para Claro, salieron a la calle.
Denuncian que la firma «no cesa de mudar sus operaciones de un call center a otro» y que ese modus operandi de larga data va dejando a su paso «un sinnúmero de trabajadores en la calle».
Las delegadas ya pusieron en conocimiento de esta situación al Ministerio de Trabajo de la Nación. De hecho, según pudo saber InfoGremiales, denunciaron que sus compañeros «se encuentran en un clima de total incertidumbre sin un puesto de trabajo asignado, mientras entre la tercerizada y Claro se disputan responsabilidades».
Por ello, durante la jornada de hoy y mientras aguardan los avances de las audiencias ministeriales, los trabajadores se convocan en las puertas de Claro.
Allí presentarán sus reclamos con el acompañamiento el Sindicato de Empleados de Comercio.
Los trabajadores, además, manifestaron su preocupación por la pérdida de puestos de trabajo en el marco de la tercerización laboral que, según remarcan, se ha profundizado durante la pandemia.
Héctor Amichetti: «No podemos poner la atención de la salud en manos del comercio»
En diálogo con Radio Gráfica, Héctor Amichetti describió y contextualizó una serie de propuestas que la Corriente Federal de Trabajadores elaboró frente a la crisis que atraviesan los subsistemas solidarios de salud y con miras a una reforma integral del sistema de salud argentino. La necesidad de reformas urgentes y de dar debates de fondo, estructurales.
“Hay que ir planteando el tema para ir introduciendo modificaciones en un sistema que viene en crisis desde hace mucho tiempo, situación agravada desde los años 90”, comienza describiendo el presente del subsistema solidario de salud Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y referente de la Corriente Federal de Trabajadores.
“El sistema público junto al de las obras sociales cubrían al grueso de la población. Cuando se desregula en los años noventa, con libre elección para el que tiene un mejor sueldo, se empieza diferenciar la cantidad de servicios, no la calidad. Empieza a comercializarse con otro marketing. Esa desregulación generó una crisis en el sistema solidario porque aportes importantes se fueron a las prepagas desfinanciando a las obras sociales”.
“Esta situación se profundizó con la crisis del 2001 en donde muchas obras sociales pasaron a ser gerenciadas y otros sindicatos establecieron a las propias prepagas dentro de la obra social estableciendo planes diferenciales. La salud es un derecho humano constitucionalmente protegido, pero lamentablemente no es así. El que tiene más recursos tiene un plan alto y el que tiene menos recursos otro más bajo”, añadió.
En diciembre pasado Cristina Kirchner planteó en un acto en La Plata la importancia de avanzar hacia un sistema integral de salud. Amichettí evaluó como “importante” a la iniciativa.
“Hoy por la pandemia estamos viendo la importancia de un sistema de salud que dé respuestas a todos. Podríamos avanzar en algunos aspectos en forma inmediata mientras se va reconfigurando el sistema de salud basado en la interrelación entre lo público y lo solidario, no podemos poner la atención de la salud en manos del comercio”, afirmó.
“Hay que profundizar este debate, este debe ser ordenado por el gobierno nacional. Buscar coincidencias en resolver algunos aspectos que son los que agudizan las crisis. Hasta que transformemos el sistema de salud y hagamos un sistema integrado, se nos sigue deteriorando la cobertura con una visión solidaria, pública. Hay que tomar medidas urgentes”.
Un aspecto apuntado por Amichetti es el costo de los medicamentos, “en el caso de los que tienen el mayor costo que son por la vía del reintegro del Estado, este llega tarde y reducido. ¿Por qué no se hace cargo directamente el Estado de comprar los medicamentos de altos costos? Esto pondría un límite a los abusos de los grandes laboratorios al proveerlos directamente a las obras sociales aliviando gran parte de la crisis. Se podría ejecutar rápidamente. Son batallas que hay que dar, como en otros terrenos de la economía”.
“Hay otro negocio encubierto por el cual instalan medicamentos y prótesis de alto costo en donde se combinan malos profesionales con sectores de la Justicia. Terminan cayendo amparos a las obras sociales que las desarticulan económicamente. Es el Estado el que tiene que regular cuando una prótesis está avalada y cuando no. Hoy un médico prescribe algo y aunque no sea lo mejor para el paciente pone un amparo y obliga a la obra social a cubrir tratamientos que en algunos casos va en contra del propio beneficiario”.
Otros aspecto que criticó Amichetti es la desregulación del sector, una herencia de la década menemista. “Hoy hay planes diferenciales de prepagas que salen a captar trabajadores de otras obras sociales. El primer paso es cortar con la desregulación descontrolada. Se ha llegado a una deformación donde hay sindicatos que tienen 1000 afiliados y una obra social con 300.000 beneficiarios”.
Asimismo criticó el sistema de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), también implementado en la presidencia de Carlos Menem. “Las ART son un instrumento financiero, nosotros planteamos que había que transformarlo en mutualismo en donde de donde las propias obras sociales hagamos la prevención para que haya menos accidentes y enfermedades laborales”.
“Desde allí con una combinación entre las cámaras empresarias y trabajadores hacer eje en la prevención y terminar con el negocio de las ART. Un ejemplo reciente, la mayoría de las ART no han cubierto los costos de los pacientes por Covid, lo están haciendo las obras sociales. Esto también genera un debate hacia adentro porque muchos sindicatos generaron sus propias ART y está desvirtuado el sistema. Es una discusión compleja, pero que hay que darla.
Por último, Amichetti concluyó que “el Gobierno debe ser el ordenador de las discusiones de fondo. Eso todavía no está planteado. Debe estar encuadrado en un plan de gobierno con cuestiones urgentes que hay que hacer desde el Estado”.
INTA: denuncian despidos de precarizados por «contar con otro trabajo»
Trabajadoras y trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alzaron la voz para poder visibilizar su realidad puertas adentro, en tanto que, según denunciaron, se encuentran registrando despidos en diferentes provincias. Puntualmente, las acciones se focalizan en el Programa ProHuerta. Entre ellos se halla personal que lleva más de diez años de actividad en dicho proyecto. Los artilugios aplicados para llevar adelante el objetivo de desvinculación de asalariadas y asalariados del organismo descansan, como una continuidad que no se superó, a los que quiso aplicar el gobierno de Cambiemos y que le valiera un fuerte rechazo social en su momento. Por Máximo Paz, para ANRed.
Sobre la crisis aguda de 1989 – fines del agónico gobierno de Raúl Alfonsín y principios de menemato – se dispararon una serie de problemáticas, que si bien ya estaban presentes y acompañaron desde casi siempre a la historia del país, se posaron sobre las narices de la realidad de modo rotundo y categórico. Uno de ellos fue el hambre generalizado a partir de la configuración palpable de un numeroso ejército lamentable de pobres e indigentes. Tal fue así que el nervio del Estado tuvo que actuar, de algún modo, en ello. Sobre aquél contexto cruel fue que a partir de una resolución del Consejo Directivo del INTA, del 3 de agosto de 1990, inició su actividad el Proyecto Integrado “Promoción de la Autoproducción de Alimentos (ProHuerta)”.
Tal iniciativa fue apuntada para contribuir en el impulso de la agroecología para el auto-abastecimiento a través de la capacitación, la asistencia técnica, el desarrollo de tecnologías apropiadas y el financiamiento de proyectos productivos. A su vez, el programa tiene que ver con la comercialización de los excedentes, el acceso al agua potable y el desarrollo de ferias y mercados populares de proximidad.
Tal como lo afirma cualquier gráfico o estudio, las condiciones de vida de la mayoría de las y los argentinos del ’89 hacia la actualidad, no solo que no mejoraron, sino que empeoraron en términos estructurales. Por ello, el programa menemista perforó todos los gobiernos y llegó para quedarse. Hoy, es ejecutado por el INTA, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Desarrollo Social.
Como argucia paralela, el Estado Nacional cuela en su seno su permanente ajuste sobre lo que promueve.
En ese sentido, durante el gobierno de Macri ‑de la mano del Ministerio de Modernización‑, aparecieron los despidos en masa en INTA. Como posible argucia para continuarlos, los contratos del Pro Huerta arribaron con una nueva cláusula, cuyo punto central descansó en la confección de una declaración jurada donde las y los trabajadores debían blanquear si contaban con otro trabajo.
Es decir, que se llegó a contemplar como medida de sanción hacia su propia planta la extensión de sus horas laborales en otros empleos.
“Los despidos en el INTA, como los del INTI o el SENASA tienen un doble objetivo, no responden solo a un plan de ajuste para generar desempleo y mano de obra barata, sino que también tienen como objetivo desregular la producción industrial y agropecuaria”, aseguró un diputado del Frente para la Victoria en aquellos tiempos de hegemonía cambiemita, mientras todo el bloque kirchnerista de legisladores anunciaba la presentación de un proyecto de ley para declarar la emergencia laboral en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y así frenar los despidos.
Hoy, todos, o al menos la mayoría que quedaron en el frente constituyen el oficialismo. Pero la triquiñuela macrista fue capitalizada por aquellos indignados de antaño: ahora las autoridades del INTA –que responden al gobierno-definieron cruzar aquella información para dar de baja los contratos que muestren “incompatibilidad”. Producto del cruce, ya son cinco trabajadoras y trabajadores que fueron expulsados de sus funciones en el organismo. En alguno de los casos, se trata de personal que se viene sosteniendo en esa condición hace más de 10 años.
«Esperamos revertir estos despidos y alertar sobre lo que empieza a suceder con los cruces de información. No se puede hablar de ‘incompatibilidad’ cuando estamos hablando de flexibilización”, señaló Sebastián Fajardo, trabajador del ProHuerta y delegado gremial del Instituto en una entrevista para el medio Tierra Viva.
«Pareciera que para las autoridades de INTA es justo que los contratados de ProHuerta se resignen a ser pobres y precarizados” exclamaron desde los escritorios de ATE-INTA, para agregar, además, que “también se expresa con claridad una continuidad del proceso iniciado por el otrora Ministerio de Modernización del macrismo: lo que antes parecía inconcebible hoy se ejecuta con naturalidad y sin aviso previo a las y los damnificados”, sentenciaron.
Es que en el INTA el sistema de flexibilización con contrataciones por tres, seis o máximo diez meses se trata de un clásico inamovible. Esos precarizados perciben, según el nivel de especialización, ingresos que van entre los 20 mil y 40 mil pesos al mes.
Asimismo, las y los trabajadores revelaron que las personas contratadas que fueron despedidas no recibieron aviso de la decisión de cancelación de sus contratos y se enteraron de que no continuaban en el programa al no recibir el pago del último mes trabajado, ya sin contrato vigente.
“Para los contratados, siempre se destacó desde la institución que, al menos, se podía hacer otro trabajo para complementar el ingreso y mucha gente acomodó su vida y su economía en función de eso. Ahora ocurren estos despidos por ‘incompatibilidad’, algo que no había ocurrido ni siquiera durante el macrismo, cuando se logró mantener firmes todos los contratos del ProHuerta”, señaló también Fajardo.
A partir de lo sucedido, desde las entrañas mismas del cuerpo trabajador – que se cuentan en varios, dada la extensión territorial del programa- suscita el temor a ser excluido de su trabajo y, montado en ello, de osar continuar con alguna actividad que complemente su magro salario. Doble condena.
Jujuy movilizó contra la Criminalización de la protesta
Bajo la consigna «El hambre no se criminaliza, se resuelve», el Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki de Jujuy, salió a las calles junto a otras organizaciones de la FeNaT ‑como el MAP- para repudiar la persecución que el Gobierno provincial de Jujuy y su brazo disciplinador, el Ministerio Público de Acusación de la Provincia, quieren y pretenden criminalizar a nuestro Consejo Llankaj Maki y su referente provincial.
El pasado 15 de diciembre ante la falta de respuestas por parte del Gobierno provincial, en cuanto al pedido de 10 mil puestos de trabajo; tierra para producir y vivir; más presupuesto para comedores y merenderos; que se frenen los desalojos en comunidades indígenas; mejores condiciones laborales para los y las trabajadores de la economía popular, que trabajan en comedores y merenderos; pase a mejor revista de capacitadores e instructores, sueldos dignos, las organizaciones sociales y movimientos indígenas, como el Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki llevaron adelante esta jornada de lucha histórica y masiva.
El gobierno de Gerardo Morales después de la contundente movilización y muestra del descontento social entabló una mesa de diálogo con los espacios sociales, pero en medio inició causas contravencionales a dirigentes de organizaciones sociales y movimientos indígenas, en una clara ostentación del poder que ejerce cooptando la justicia provincial para avanzar sobre espacios que no acuerdan con sus políticas de hambre y miseria.
Hoy fueron citados ante el Ministerio Público de Acusación de la Provincia, nuestro coordinador provincial Jorge Angulo y nuestro Consejo, y como tal nos hicimos presentes a las puertas del Ministerio de Acusación y posteriormente a las de la Casa de Gobierno para decirle al Gobernador, que no va a lograr frenar la lucha en unidad que los movimientos sociales, campesinos e indígenas en la provincia llevamos adelante, contra las políticas de hambre y miseria que ejerce Gerardo Morales y todo sus gobierno.
Fuente: Prensa originaria Llankaj MAKI
Estará justificada la inasistencia de trabajadores y trabajadoras el día que se vacunen
El Gobierno nacional estableció hoy que será justificada la inasistencia de los trabajadores y las trabajadoras que se ausenten en su jornada laboral el día en que tengan asignado el turno para la aplicación de la vacuna contra el coronavirus.
La Resolución 92⁄2021 publicada hoy en el Boletín Oficial establece que «será justificada la inasistencia del trabajador o trabajadora durante la jornada laboral que coincida con el día de aplicación de la vacuna destinada a generar inmunidad adquirida contra la Covid-19».
La medida aclara que esto se cumplirá «sin que ello produzca la pérdida o disminución de sueldos, salarios o premios por este concepto».
Del mismo modo, se indica que «la constancia de la aplicación de la vacuna, previa autorización del empleador, constituirá justificación suficiente, tanto para el vacunado como para los responsables de personas a su cargo».
La decisión lleva la firma del ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
Guiliani: «Morales criminaliza para sostener un régimen de hambre y exclusión»
La CTA Autónoma, junto a sus organizaciones de base, se movilizó en CABA, en Jujuy y en varias provincias para denunciar el intento de criminalización, persecución política y represión que sufren compañeros y compañeras de parte del gobierno de Gerardo Morales.
Desde la llagada al gobierno de la provincia de Jujuy en el 2015, Gerardo Morales emprendió una feroz persecución a las organizaciones sociales, dirigentes y militantes populares. De este modo, la protesta social y la resistencia del movimiento social a los planes de ajuste neoliberales se convirtieron en el «enemigo interno» que el gobernador de Cambiemos combatió por todos los medios con los que dispone: la manipulación de jueces y todo el sistema judicial; los medios de comunicación adictos y una fuerza represiva brutal.
De este modo compañeras y compañeros como Gabriela Arroyo del MAP-FeNaT, Jorge Angulo del Consejo de Pueblos Indígenas Llantaj Maki-FeNaT, entre otros están amenazados hoy de enfrentar un proceso penal por reclamar contra la creciente situación de exclusión y hambre que Morales, con la continuidad en la aplicación de las políticas económicas neoliberales, está provocando.
Movilización a la Casa de Jujuy en CABA
Frente a más de un centenar de compañeras y compañeros que se movilizaron a la Casa de la Provincia de Jujuy en Buenos Aires, organizados en la FeNaT de Capital y Provincia de Buenos Aires, el MAP, La Salvador Herrera, CTAA Provincia de Buenos Aires y Capital entre otras organizaciones, Vicente «Pichi» Pichirilo, Coordinador Nacional del MAP expresó: «Los compañeros de Jujuy luchan día a día contra el hambre pero tienen en frente a uno de los gobiernos más represores que se recuerde. Morales quiere criminalizarlos y desde el territorio sabemos que los crímenes no los cometen los que reclaman, sino los que aplican políticas que hambrean. En nuestra patria los alimentos sobran pero los ingresos que reciben los trabajadores no alcanza para vivir. Luchamos por una argentina libre de hambre y los pobres no vamos a pagar la crisis. Los luchadores tienen toda nuestra solidaridad».
Por su parte, Omar Giuliani, Coordinador Nacional de la FeNaT-CTAA destacó la amplia convocatoria de la movilización en todo el país y destacó que «Venimos a denunciar al gobierno represor de Morales y a exigir el cese de la persecución a los compañeros y compañeras del territorio. Que esté en el poder no es una casualidad ya que allí en Jujuy la disputa es por intereses estratégicos como el litio. Las amenazas de meter presos a los compañeros pretende funcionar como una herramienta disciplinadora, como el hambre que también es una herramienta de control social porque es inexplicable que en nuestro país haya 7 millones de pibes que pasan hambre. Morales es un perverso, está claro; pero también el gobierno nacional debe tener posturas más firmes frente a esto».
Mientras tanto, en Jujuy, este medio día los compañeros y compañeras criminalizados fueron notificados que las audiencias del juicio que se les sigue comenzarán el próximo 15 de marzo.
CABA: cooperativistas movilizan contra el ajuste de Larreta, por aumento salarial y trabajo digno
Cooperativistas de la Ciudad de Buenos Aires organizados en movimientos sociales, que realizan tareas de servicios, refacciones y limpieza en distintos puntos y barrios populares, anunciaron que movilizan hoy a las 10 de Plaza Constitución a la Jefatura de Gobierno porteño contra el intento del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de desvincular a 2500 cooperativistas del programa «Veredas limpias», por aumento salarial acorde a la inflación, trabajo digno, contra la precarización y por aumento de las raciones de alimentos para los comedores populares. «Nos encontramos con una situación salarial de extrema precarización: al día de hoy nuestro fruto de trabajo está en 15 mil pesos, mientras la canasta básica total alcanza los $56.459, cuando tenemos hijas e hijos que alimentar, cuidar de la pandemia y llevar a la escuela. No solo no se nos aumenta el salario acorde a la inflación sistemática que existe en el país, sino que nos quieren pasar a convenios ‘productivos’ de cuatro meses de duración, generando total incertidumbre en nuestra ya precaria estabilidad y futuro laboral», denuncian. Por ANRed.
Así lo anunciaron en un comunicado: «Larreta sigue ajustando y la situación es cada vez más insostenible para las cooperativas, por eso este viernes 26⁄2 concentramos a las 10 en Plaza Constitución y nos movilizamos a la Jefatura de Gobierno. Las y los cooperativistas de la ciudad, que realizamos tareas de servicios, refacciones y limpieza en distintos puntos y barrios populares, nos encontramos con una situación salarial de extrema precarización: al día de hoy, nuestro fruto de trabajo está en 15 mil pesos, mientras la canasta básica total alcanza los $56.459, cuando tenemos hijas e hijos que alimentar, cuidar de la pandemia y llevar a la escuela«.
Además, denuncian un intento del gobierno porteño de desvincular a 2500 mil cooperativistas del programa «Veredas limpias» para pasarlos a otra modalidad laboral más precarizada: «no solo no se nos aumenta el salario acorde a la inflación sistemática que existe en el país, sino que nos quieren pasar a convenios ‘productivos’ de cuatro meses de duración, generando total incertidumbre en nuestra ya precaria estabilidad y futuro laboral. Es decir, que mientras la crisis económica se sigue profundizando pandemia mediante, el gobierno de la ciudad, en cabeza de Horacio Rodriguez Larreta, continúa tomando medidas que precarizan y empobrecen cada vez más a los sectores más vulnerables de la ciudad».
Finalmente, reclaman también: «un aumento de las raciones de alimentos para nuestros comedores. Desde el comienzo de la pandemia, nos mantuvimos en primera línea, organizándonos para dar respuesta a una demanda que se vio triplicada, arriesgando nuestra salud. En un contexto de falta de trabajo, ajuste y precarización galopante en la ciudad, exigimos una respuesta contundente para hacer frente a esta situación crítica», finaliza el comunicado firmado por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento Resistencia Popular (MRP) y el Frente Popular Dario Santillán.
SUTEF rechazó propuesta del Gobierno y resolvió el no inicio
El Congreso Provincial del SUTEF resolvió rechazar la oferta del Gobierno y no iniciar el ciclo lectivo. No conforma la respuesta sobre el tema salarial y las condiciones sanitarias para la vuelta a clases. Mientras tanto siguen las medidas en toda la provincia con caravanas, pronunciamientos en las redes y concentraciones en las instituciones educativas. Por Desde la Base.
“En principio hay que decir que como actividad gremial el Congreso fue muy bueno, en cuanto a la participación, a las consultas que fueron masivas; la verdad es que como conducción provincial y de las seccionales no tenemos más que agradecimientos para las compañeras delegadas y los compañeros delegados de todos los establecimientos y los referentes”, señaló el secretario General del SUTEF a nivel provincial, Horacio Catena, una vez concluido el Congreso Provincial de Delegados, Delegadas y Referentes del gremio.
Luego indicó que “el resultado en términos políticos es el rechazo a lo que ofertó el Gobierno y el planteo de no inicio, con una serie de acciones, dado que no están dadas las condiciones –de acuerdo a lo que evalúa la docencia- no solo por la cuestión salarial, sobre lo cual ya hemos hecho pública nuestra posición, sino además por las cuestiones de índole sanitaria y todo lo demás”, remarcó el representante de los docentes.
Catena explicó que, por esta circunstancia, se declararon en “estado de alerta, movilización y asamblea permanente; el Congreso también lo está, y yo estoy en este momento camino a dar la respuesta al Ministerio de Educación y veremos cuál es el escenario de negociación que plantea el Ejecutivo, si habrá una nueva mesa, si habrá mayores esfuerzos y mejorarán la propuesta; pero mientras tanto las acciones continúan con caravanas provinciales en el día de mañana, con algunas otras actividades por institución y concentrando una hora antes en cada institución, para poder hacer visible en cada una de ellas, con cartelería, trabajo en las redes y posteriormente a las 18 horas en los puntos de encuentro que tenemos para las caravanas estaremos participando como lo venimos haciendo”, expresó el titular del SUTEF.
La UTA acordó un bono de $ 15.000 y dejó sin efecto la amenaza de paralizar el transporte en todo el país
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que conduce Roberto Fernández y que nuclea a los choferes de micros de corta y media distancia, anunció este jueves que la audiencia que tuvieron en Trabajo con el sector empresarial cerró con un acuerdo y dejaron sin efecto el paro previsto para este viernes en esos servicios.
Según informaron fuentes gremiales, el acuerdo consiste en «el pago de una suma fija de $ 15.000 en tres cuotas con los haberes de marzo, abril y mayo para cerrar las paritarias 2020».
También resolvieron que el próximo 4 de marzo, dentro de una semana, reiniciarán las negociaciones de la paritaria 2021.
Presionados por la inminencia de la paralización del transporte público automotor, las negociaciones se apuraron en horas de la tarde del jueves, con un cuarto intermedio de una hora y media y se logró garantizar el servicio.
La UTA había amenazado, a través de su titular, Roberto Fernández, con iniciar una medida de fuerza de 24 horas desde la cero hora de este viernes si los empresarios no otorgaban una recomposición salarial para equilibrar el porcentaje perdido por la inflación.
La posibilidad del paro, ratificada ayer por Caeigari si no se llegaba a un acuerdo, generó contactos urgentes con los sectores empresarios para destrabar el conflicto sin una medida de fuerza.
Encuentro organizativo hacia la construcción de una América Plurinacional
Convocado por organizaciones populares, entre ellas la CTA Autónoma, se realizó este jueves un encuentro de organizaciones populares para avanzar en la conformación de RUNASUR, la UNASUR de los pueblos, que tendrá su primer encuentro deliberativo el 24, 25 y 26 de abril en Bolivia. Fernando Huanacuni, excanciller de Evo Morales, envió un saludo del expresidente a las organizaciones presentes.
El antecedente de esta iniciativa es el encuentro que se realizó en la ciudad de Cochabamba, en el centro geográfico de Bolivia, el 17 y 18 de diciembre de 2020, del cual la CTA Autónoma fue miembro convocante y cuyas organizaciones participaron junto a delegaciones de Bolivia, Argentina, Ecuador, Chile, Venezuela, México, Panamá, Paraguay, Guatemala, Brasil y Perú para la construcción de la iniciativa RUNASUR, es decir, de una herramienta de pueblos y organizaciones de toda la región hacia la consolidación de una América Plurinacional.
El encuentro, encabezado por Hugo «Cachorro» Godoy, Secretario Adjunto de la CTA Autónoma y General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA), contó con la presencia de medio centenar de representantes de organizaciones sociales, sindicales, originarias, territoriales y de la comunidad boliviana, que se reunieron este jueves en el Hotel Quagliario, en la ciudad de Buenos Aires. Durante el mismo, Fernando Huanacuni, exministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, se comunicó con Godoy para saludar esta iniciativa. Dijo: “Saludamos desde La Paz y es una alegría saber que el pueblo esta movilizado. Es una alta responsabilidad proteger a la Pachamama, a la Madre Tierra, que es fuente de vida y una de las formas para protegerla es la estructuración de los Estados Plurinacionales”. Y cerró la comunicación enviando “un saludo del hermano presidente Evo Morales que los tiene muy presentes por haberlo cobijado. ¡Jallalla (viva) Bolivia, jallalla Argentina, jallalla América Plurinacional”.
Godoy subrayó que el encuentro fundacional de diciembre en Cochabamba tiene el objetivo de “impulsar la constitución del RUNASUR de los pueblos, una organización de carácter permanente que integre a los pueblos originarios, sindicatos, organizaciones sociales, de mujeres, que en términos políticos recree los objetivos de la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) y la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), que son responsabilidad de los gobiernos porque el período 2000 – 2015 fue muy importante, pero producida esa derrota las organizaciones populares también entramos en proceso de dispersión”.
El dirigente planteó la necesidad de generar “organizaciones permanentes que constituyan RUNASUR el 24, 25 y 26 de abril, pensando una Patria Grande latinoamericana y caribeña con eje en una América Plurinacional donde discutamos perspectivas culturales para desterrar a los estados coloniales que persisten en nuestra región”. Y destacó que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, se haya puesto “al hombro esta iniciativa”.
El secretario General de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban Castro, subrayó que “venimos haciendo un enorme esfuerzo por la unidad en la Argentina y es necesario que esa lucha por la unidad en la acción también la demos en Latinoamérica y el Caribe”. Y amplió: «Por eso hay que consolidar esta apuesta vital que es la ocnstrucción de una Américaz Plurinacional, el Runasur de los pueblos»
También remarcó la necesidad de dar «la batalla cultural» en la disputa «por una integración regional permanente» porque además “somos la organizaciones del campo popular las que estamos en lo territorios, codo a codo, resolviendo los problemas».
En ese sentido, Miriam Liempe, Secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTAA, expresó la importancia “para los pueblos originarios del regreso al gobierno de Bolivia, la solidaridad vivida en la Argentina para revertir el golpe, esa solidaridad demostró que no sólo podemos solucionar nuestros problemas sino que también entre nuestros pueblos podemos iniciar un proceso emancipador”.
Destacó que “Evo Morales podría haberse quedado conforme con la vuelta de la democracia en Bolivia pero no, tiene ese pensamiento colectivo, ese valor de los pueblos originarios”, por eso “vamos por una propuesta emancipadora desde los pueblos” porque “la fuerza no es de un país sino de una América Plurinacional”.
Asimismo, Puma Katrileo, del Encuentro Plurinacional de Argentina, planteó la necesidad de ampliar las bases de sustentación del campo popular con organizaciones “afrodescendientes, indígenas, migrantes y de la diversidad” ya que “hay que romper la matriz monocultural y heteropatriarcal y tomar espacios de decisión en las estructuras del Estado, que se debe transformar en un Estado Plurinacional”.
Para Alejandro Rusconi, Secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento Evita), señaló que “a veces por falta de articulación a veces perdemos procesos transformados” y citó como ejemplo que “hoy el edificio de UNASUR en Pichincha (Ecuador) está vacío, sin la estatua de Néstor Kirchner” por lo que “debemos construir la diplomacia de los pueblos que debe seguir a pesar de que los gobiernos cambien, los movimientos sociales y políticos tenemos que juntarnos porque el imperialismo trata de dividirnos”.
Víctor Hugo Huaranga, representante de los Trabajadores Ladrilleros, con presencia mayoritaria de integrantes de la comunidad boliviana en el país, planteó la “necesidad de vincularnos con compañeros de otros países, las organizaciones nos hemos empezado a levantar y con la fuerza del pueblo recuperamos la democracia en Bolivia. No podemos tolerar que nos sigan maltratando a los pueblos originarios y a los trabajadores”.
La secretaria General de la Junta Interna ATE Cancillería, María Julia Scarensi, puso a disposición la estructura de ATE Cancillería para la realización de este importante viaje por una América Plurinacional y hacia la integración de los pueblos latinoamericanos.
También se destacó la presencia de Julio Gambina, de la Corriente Carlos Chile, quien puso en valor esta organización unitaria camino al encuentro del Runasur en Bolivia, al tiempo que afirmó: «No debemos perder de vista que la lucha no es contra el neoliberalismo, sino contra el capitalismo».
Coincidió Roxana Marca Cruz, de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), quien afirmó que “América Latina debe trabajar para la unidad porque cuando estamos divididos es cuando la derecha nos ataca”.
Wilson Montaño, de la comunidad boliviana en la Argentina, originario del Trópico de Cochabamba, tierra de adopción de Evo Morales, agradeció a “Cachorro Godoy por el cobijo a Morales y la mano que nos han dado a nosotros” y advirtió sobre “el envenenamiento de la prensa en nuestras cabezas que siempre intentan tergiversar por eso esta unidad es muy importante”.
Se escucharon voces de parte de la comunidad boliviana presente agradeciendo a las organizaciones nacionales por la protección “al hermano Evo”, también para garantizar la defensa “de la sagrada hoja de coca”, por la construcción del “Abya Yala”, respaldar a “Evo Morales, que es un hermano visionario, que está pensando en América Latina, para que la América Plurinacional se haga realidad”.
Godoy concluyó: “No queremos crear un evento sino generar una organización permanente”.
También estuvieron presentes compañeros y compañeras de las organizaciones de la CTAA: ATE, Consejo de Pueblos Originarios, Frente Salvador Herrera, Comedor Nos Levantaremos, FeNaT Capital. Y de organizaciones hermanas: Movimiento Evita, UORLA Ladrilleros, UTEP, ULP, UTT, La Simón Bolívar, Nuevo Encuentro, Movimiento Plurinacional Argentina, Organización ORCOPO, Via Campesina, Juventud de Fierro, Corrientes Carlos Chile, Movimiento MSP, Frente MBI, entre otras organizaciones.
Fotos: Prensa ATE
Los petroleros no sacan los pies del plato y Cassia ya salió a expresar su «apoyo y confianza» al nuevo presidente de YPF
El secretario de la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeH), Antonio Cassia, manifestó su «apoyo y confianza» personal y del gremio «para la gestión que acaba de iniciar al frente de nuestra querida empresa YPF S.A. Pablo González».
«Esperamos que en esta nueva etapa y con el aporte de su experiencia en el sector energético, sumada a la capacidad del licenciado Sergio Affronti, CEO de la Compañía, logren darle a YPF S.A. el brillo y grandeza que otrora supo tener», dijo Cassia en una nota enviada a González.
En ese marco, deseó que YPF vuelva a «erigirse como ‘Empresa Insignia’ de nuestro país, y orgullo de generaciones de argentinos que con su trabajo contribuyeron a forjarla desde sus cimientos hasta su máximo esplendor».
«Estamos seguros que nos encontramos ante una oportunidad histórica que el suelo argentino nos ha brindado a través de la formación geológica de «shale» públicamente conocida como «Vaca Muerta», que con políticas de Estado acertadas llevará a YPF S.A. a un desarrollo energético sin precedentes en la historia del país», añadió Cassia.
Y dijo que ello, «en definitiva, generará la confianza suficiente para que inversiones de todo el mundo quieran sumarse a este proyecto, generando trabajo y una mejor calidad de vida para miles y miles de argentinos que tanto lo necesitan».