Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2021.
Diana Stella Cardona Saldarriaga compartía los principios sociales que pregonaba la Unión Patriótica (UP), movimiento político surgido en 1985 tras las negociaciones entre el gobierno de Belisario Betancur y una fracción de la guerrilla de las Farc.
Los lineamientos políticos de la UP estaban resumidos en un documento de 21 puntos. Uno de sus mayores intereses era recobrar el carácter democrático de la nación eliminando el control electoral que estaba en manos de los dos partidos tradicionales, y fomentar la participación de la sociedad a través de consultas populares y referendos.
También hacía parte de sus mandatos políticos convocar una Asamblea Popular Constituyente, decretar un alza general de salarios, reducir los gastos militares y de la policía, de manera que no fueran superiores al presupuesto de los ministerios de salud, educación, ciencia y cultura, agricultura y obras públicas, nacionalizar la banca y las materias primas, aprobar una reforma agraria, entre otras deudas sociales que el Estado sigue teniendo con el Pueblo Colombiano.
El 28 de mayo de 1985, primer aniversario del acuerdo entre Belisario Betancur y las Farc, se oficializó en Bogotá la creación de la UP. Ese año se realizaron 572 eventos en todo el país, y en 209 municipios se constituyeron 2.229 organizaciones de base llamadas Juntas Patrióticas.
La UP invitaba a la convergencia democrática, y estaba conformada por las Farc, personalidades y sectores independientes, organizaciones y líderes de todo el país provenientes de partidos tradicionales y fracciones de izquierda y el Partido Comunista Colombiano.
Las elecciones presidenciales de 1986 fueron su primera prueba electoral. Jaime Pardo Leal (asesinado al año siguiente), fue el candidato en aquellas elecciones. 328.752 personas votaron por Jaime, la mayor cantidad de votos que hasta el momento había obtenido una propuesta de izquierda en el país. En las elecciones de ese mismo año, las alianzas resultaron fundamentales para que la UP contará con nueve representantes a la Cámara y seis senadores. También fueron electos 24 alcaldes, y 325 concejales en 167 municipios.
Diana Stella había estudiado derecho en la Universidad de Antioquia y luego de su fugaz paso en la Contraloría departamental, se vinculó al trabajo social en la región de Urabá con la UP, y cuando el entonces alcalde de Apartadó, Ramón Elías Castillo, renunció al cargo por amenazas en su contra, decididamente integró la terna para suplir la vacante, y el 5 de septiembre de 1989 fue nombrada alcaldesa del municipio más extenso de Urabá.
Ramón Elías Castillo Marulanda militante de la UP, quien había sido electo en marzo de ese mismo año como burgomaestre de la ciudad, en el primer ejercicio de elección popular de alcaldes en Colombia, tuvo que refugiarse en el exterior debido a los cinco atentados que se habían perpetrado en su contra, pero finalmente fue asesinado en 1996.
En los seis meses que duró la administración de Diana Stella saneó los recursos, inició las obras del relleno sanitario, emprendió la actualización del catastro municipal, adelantó la instalación de redes de alcantarillado y de alumbrado público, adjudicó lotes, legalizó viviendas, e impulsó debates públicos sobre el presente y el futuro de Urabá.
El viernes 23 de febrero de 1990, después de reunirse con Helena Herrán de Montoya, la entonces gobernadora de Antioquia, Diana estuvo de visita en su casa paterna.
El domingo, Luz Helena su hermana caminaba pensativa hacia el Parque Bolívar, ubicado en pleno Centro de Medellín. Venía de llevarle flores a su padre en el cementerio Jardines Montesacro. Desde una de las esquinas del Parque Bolívar Luz Helena vio una trenza. “Ve, esa es Diana”, pensó. Premisa que confirmó cuando vio la sudadera que llevaba puesta. Diana estaba con su novio. Luz Helena se acercó a ellos, escucharon juntos la retreta, una orquesta sinfónica que antaño tocaba en lugares públicos, y luego fueron a almorzar al café Versalles. Terminaron de almorzar, se despidieron, y Diana avisó que en la noche pasaría por la casa para despedirse: al otro día, bien de mañana, salía el vuelo hacia Apartadó.
Diana, recuerda Luz Helena, llegó a las siete de la noche, “muy bonita, bien puesta como ella siempre se mantenía. Era morena y alta, y con garbo. No es porque sea mi hermana, pero era muy linda. Mi hermana era muy linda de todo: de espíritu, de cuerpo, de alma, de sentimientos”. Hicieron chocolate, y compraron empanadas y parva para amenizar la despedida. La familia, casi toda, conversaba sentada en el comedor. Luz Helena aprovechó que Diana se alejó del banquete por un instante para salir de la duda:
–¿Diana, a vos te han amenazado en Apartadó? – le preguntó.
–No, a mí no me han amenazado. Pero estoy segura de que si me amenazan no me matan en Apartadó, me matan en otro lugar menos en Apartadó.
La cuestión quedó ahí. Diana había cumplido 34 años el 12 de febrero. Como le gustaban tanto las cachuchas, Luz Helena le regaló una boina roja. “Te queda bonita”, le dijo. “Mañana me la pondré, o sino esta semana”, le respondió Diana. La cuarta de los nueve hermanos empacó todos los detalles que le dieron, dio las gracias, y se despidió: “cuando llegue a Apartadó yo las llamo”, dijo.
Ese 26 de febrero de 1990, el vuelo salía a las seis de la mañana. Siendo las cinco, hombres armados que aseguraron pertenecer al DAS, el organismo estatal adscrito a la Presidencia de la República, llegaron al edificio donde vivía Diana. Terminó de arreglarse las carreras y abandonó el edificio con los sujetos.
Al abordar el automóvil Monza Gris, su suerte, como la de toda la región de Urabá, ya estaba echada. Se trataba de un secuestro, de un operativo fríamente calculado, donde los criminales tenían la orden de segar la vida de la joven dirigente. El vehículo y su cuerpo sin vida fueron encontrados sobre las siete de la mañana en el puente Argos en el sector industrial de Guayabal. El magnicidio se había consumado.
El Centro Nacional de Memoria Histórica registró 1.284 asesinatos y desapariciones de personas que tenían filiación con la UP, entre 1984, año del acuerdo, y 1988, año de las segundas elecciones a gobernaciones y alcaldías en las que participó.
Los gobiernos municipales encabezados por representantes de la UP se caracterizaron por ser administraciones que procuraron mantener una comunicación directa con la ciudadanía. Se valieron de convites para paliar necesidades básicas de infraestructura que los recursos públicos no permitían solventar. Y las actividades o discusiones que antes se realizaban a puerta cerrada las hacían en lugares públicos.
Las agresiones nunca cesaron, pero los picos más altos de violencia contra la UP fueron los años de 1988, 1996 y 1997.
Entre 1984 y 2002, año en el que el aparato Estatal le quitó a la UP su personería jurídica, el Centro Nacional de Memoria Histórica documentó el asesinato o desaparición de 4.153 integrantes. Lo que quiere decir que cada 33 horas, cada día y medio, hubo un muerto o un desaparecido.
Particularmente en Urabá en la primera fase de violencia, que abarca desde 1986 hasta 1990, hubo una alianza criminal entre la Fuerza Pública, los empresarios bananeros y grupos paramilitares provenientes del Magdalena Medio y el Nordeste Antioqueño. En la década siguiente, el aumento de los homicidios y desapariciones coincidió con la llegada y expansión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), quienes declararon objetivo militar a cualquier miembro de la UP, según ellos por pertenecer a las FARC-EP, que, ante la falta de garantías, se retiraron de la UP en 1987 e hicieron un llamamiento para que sus miembros se reintegraran a sus frentes militares.
El genocidio de la Unión Patriótica es una página vergonzosa y tenebrosa del conflicto armado colombiano. Los avances en materia de justicia, verdad y reparación son insuficientes. Falta mucha parte de la historia por develar. Por eso, el 4 de marzo del 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –uno de los tres organismos que integran el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR) – , abrió el caso 006, reconociendo, simbólicamente, que el genocidio de la Unión Patriótica exige atención especial.
El organismo también anunció que trece integrantes de la Fuerza Pública se habían acogido a la JEP por participar en casos de victimizaciones contra miembros de la UP y que otros dos militares de alto rango, además de trece ex agentes del DAS, solicitaron acogerse por las mismas razones.
Para la JEP el genocidio de la Unión Patriótica resulta un caso primordial, entre otras razones, porque la persecución sistemática estuvo enmarcada en una operación anticomunista ejecutada por las Fuerzas Militares de Colombia.
Fueron 34 crímenes contra integrantes de la Unión Patriótica, entre ellos el de Diana Cardona, los declarados crímenes de lesa humanidad por la Corte Constitucional en 2014.
Afirma Luz Helena:
“A mi hermana no me la van a devolver. A nosotros no nos van a devolver la tranquilidad. Nosotros no somos familia de rencores, pero sí quisiéramos saber la verdad. Aun siendo conscientes de lo que pasó y quién lo patrocinó, es bueno saberlo por boca de quien lo hizo”
“Apartadó lamentó mucho su muerte porque ella trabajaba por la dignidad de la mujer. Ella decía que como fuera tenía que sacar a la mujer por delante. Esa era la meta, luchar por ellas. Pero le truncaron su camino en la mejor época de su vida”
El periódico antioqueño de orientación conservadora, El Colombiano, en artículo fechado el 8 de abril de 1990, reconoció la gestión de Diana así:
“El balance de su administración fue más que satisfactorio: ordenamiento de recursos, tecnificación de los cargos, adelanto del relleno sanitario, iniciación del proceso de actualización del catastro, adecuación de infraestructura básica urbana con redes de alcantarillado, electrificación e iluminación pública, adecuación de la planta de tratamiento de agua, adjudicación de lotes y legalización de viviendas, construcción de cinco parques infantiles y la puesta en marcha del foro regional «Urabá es Colombia en el siglo XXI»”.
El Pueblo de Apartadó tiene en su memoria una lucha particular que le dio solución de vivienda a un sinnúmero de personas pobres. La invasión Pardo Leal quedaba ubicada a orillas del río en condiciones precarias, ella visitó el lugar y se comprometió a reubicar a la comunidad a partir de una acción que contemplaba compra de terrenos y legalización del barrio. El día de la repartición de los nuevos solares para que la gente pudiera asentarse, llegó la noticia del asesinato. En medio de la indignación, el dolor y la tristeza, la barriada popular decidió que el nuevo espacio llevaría su nombre.
Al rastrear la historia, no solo de la región de Urabá, sino del proyecto político de la UP, se expone uno de los planes más exitosos del movimiento popular y revolucionario, pero al mismo tiempo queda en evidencia un pedazo de la tragedia causa por el terrorismo de Estado en Colombia.
Finalizando la década de los cincuenta la violencia que se desarrollaba en el interior del país, desplazó a miles de colonos campesinos que se establecieron en Urabá y al mismo tiempo llegó el cultivo industrial del banano de la mano de una “emprendedora” clase terrateniente.
Urabá se convirtió en el teatro económico, político, social y cultural de la lucha de clases. El Partido Comunista Colombiano (PCC), que venía de la compleja experiencia de la clandestinidad, encontró en este territorio un extraordinario lugar para reivindicar las ideas revolucionarias. De acuerdo con el análisis de la realidad concreta, el PCC se concentró en la clase trabajadora bananera y en orientar la fundación de barrios desde la organización popular en forma muy exitosa.
Tres hechos se destacaron: el primero fue el lanzamiento de la UP en Urabá en junio de 1985 que derivó en un amplio apoyo popular y se cuantificó en excelentes resultados electorales, el segundo fue la explosión de la movilización social, que se materializó en dos exitosos paros cívicos regionales, en 1985 y 1988 y el tercero fue la unidad de los trabajadores bananeros, que se cristalizó con el triunfo del pliego unificado de la clase trabajadora en 1989. Así la izquierda revolucionaria ganó la simpatía y el cariño de la gente.
Por supuesto, el panorama donde la izquierda gobernaba, la gente se movilizaba y la clase trabajadora estaba en avanzada, puso en evidencia la criminal lucha de clases de la burguesía y los terratenientes, sustentada en el odio anticomunista, que consolidó un poderoso proyecto militar y paramilitar, que aún hoy está vigente, con el fin exterminar y expulsar al PCC.
Este fue el contexto en el que 1.330 militantes del PCC y la UP, entre ellos Diana Stella Cardona, fueron violentamente asesinados en el Urabá antioqueño en la década de los ochenta y noventa por órdenes de la burguesía y los terratenientes.
La militancia sobreviviente, ya sea en el exilio o resguardada en la trinchera del anonimato, no olvida que esta ofensiva contrarrevolucionaria tuvo su origen en las dinámicas estrechas de la falsa democracia burguesa.
El Pueblo Colombiano y en particular el Pueblo de Urabá, no olvida a Diana Stella Cardona Saldarriaga y por ello honramos su memoria al cumplirse 31 años de su temprana y lamentable muerte, a causa del odio de clase de la burguesía y los terratenientes colombianos.
Gráfica .- Diana Stella Cardona, alcaldesa de Apartadó
Referencias:
Verdad y memoria, para que florezca la primavera de la Unión Patriótica. Periódico Periferia, comunicación popular. periferiaprensa.com/index.php/component/k2/item/2302-verdad-y-memoria-para-que-florezca-la-primavera-de-la-union-patriotica,jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-abre-el-caso-06 — Victimizacion-de-miembros – de-la-Union-Patriotica-.aspx y
https://semanariovoz.com/diana-cardona-saldarriaga-la-alcaldesa-no-olvidada-uraba/
Fuente: PaCoCOL