Análisis
Las elecciones del 14 de febrero han puesto fin a una legislatura iniciada el 21 de diciembre de 2017 con las elecciones convocadas por 155. Una legislatura marcada, por un lado, por la derrota del independentismo otoño 2017, y, de la otra, por la irrupción de la pandemia del Covidien-19 y sus nefastas consecuencias sanitarias, económicas y sociales. El gobierno autonómico de Junts y Esquerra acaba esta legislatura completamente agotado; paralizado por las luchas intestinas entre socios. En lugar de centrar los esfuerzos en avanzar en el proceso de autodeterminación y confrontación con España, poniendo en el centro la defensa de los derechos políticos, económicos y sociales de las clases populares catalanas, se han dedicado a disputarse encarnizadamente las muelles del poder autonómico y la hegemonía del soberanismo transversal. La confrontación con el estado ha quedado reducida al mero simbolismo, a la gesticulación basada en declaraciones grandilocuentes sin una práctica rupturista que nos permita avanzar socialmente y nacional.
Los resultados de estas elecciones autonómicas, por una parte, consolidan la fuerza del PSOE desde el ascenso al gobierno español de la mano de Podemos, pero, por otro, abren grietas que, si las sabemos aprovechar, pueden permitir avanzar en la confrontación con el estado español a través de la articulación de un bloque de ruptura al conjunto de los.
La victoria en votos del PSOE y la recuperación de su hegemonía dentro del bloque unionista consolidan el proceso de reasentamiento de España y el régimen del 78, y convierten el PSOE en la primera fuerza electoral en los Países Catalanes bajo dominación española. Después de las sacudidas que supusieron la crisis financiera del 2008 y movimientos sociales y políticos, como el 15‑M y el “Proces” en el Principado, el ascenso del PSOE y su política de alianzas en frentes amplios progresistas ‑como el mismo gobierno español con Podemos, o los pactos del Botánico y el Bellver en Valencia y las Islas Baleares- han reforzado su papel como el máximo defensor del régimen del 78 y la Constitución Española.
Otra tendencia que se consolida con los resultados del 14‑F es el giro abiertamente fascista de las derechas españolas. La entrada con fuerza de Vox en el Parlamento de Cataluña y el marcado retorciera de Ciudadanos y PP son las consecuencias más palpables. Los nuevos votos a Vox no aparecen de la nada: hasta ahora votaban el españolismo descaradamente de derechas de Ciudadanos y PP, que, con su discurso anticatalán, antidemocrático y neoliberal, han catapultado Vox hacia la primera posición de las derechas españolas al Principado. Habrá luchar con todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance, no buscando su mero retroceso electoral, sino sobre todo el retroceso social, plantándose cara en las calles de nuestros pueblos y barrios. Esta lucha también debe verse reflejada en el Parlamento: no conformándonos crear un frente amplio de los «demócratas» o un cordón sanitario contra la extrema derecha, sino asumiendo que tocará a la 
CUP confrontarlos de cara en los términos del antifascismo combativo.
Un cambio importante de los resultados electorales ha sido, por un lado, el aumento relativo del votos independentistas, que, a pesar del gran incremento de la abstención y la imposición de la fecha las elecciones siguiendo los intereses electorales del PSOE, no sólo ha resistido, sino que ha superado el 50% del total de votos emitidos. Y, por otro, un desplazamiento hacia la izquierda del centro de gravedad del soberanismo gubernamental, con Esquerra superando por primera vez en votos y escaños a Junts. Pero la agenda de los dos grandes partidos del soberanismo transversal, con sus matices, es forzar una negociación con el estado para conseguir la autodeterminación y la amnistía, lo que es totalmente imposible, porque la autodeterminación no es sólo una cuestión de democracia, sino que sobre todo es una cuestión de poder. Por ello, la victoria democrática de superar la barrera del 50% de los votos emitidos no es determinante para la resolución del conflicto político. La ideología y la concepción de orden del independentismo liberal les impide concebir que la independencia sólo puede ser fruto de una revolución política. Estos partidos sueñan con una independencia que deje intactos los fundamentos de la estructura social y económica del país. Por eso, no pueden hacer más que recurrir a formulaciones mágicas de la ley a la ley y promesas fraudulentas de negociación con el estado apelando a la democracia en abstracto. La tozuda realidad es que la independencia es un proceso que enfrenta directamente el pueblo catalán con la oligarquía española ‑que incluye la burguesía catalana- que defiende España y la Unión Europea como instrumentos para mantener la dominación sobre la clase trabajadora y el resto de clases populares de los Países Catalanes, así como del resto de pueblos del estado.
La materialización de la autodeterminación requiere una insurrección popular que, por fuerza, altera no sólo el ordenamiento jurídico del régimen del 78, sino también las relaciones de poder de clase dentro de nuestro país. Por este motivo, sería un error confiar en la conformación de un gobierno unitario independentista como elemento que pueda generar por sí solo un nuevo embate independentista con capacidad de desestabilizar el estado y materializar la autodeterminación. La Izquierda Independentista, y la CUP en su acción institucional, no podemos permitirnos participar en un gobierno autonómico bajo la tutela de Esquerra y /o Junts, que sostienen acusaciones particulares contra independentistas y activistas de luchas sociales, permiten la actuación de los mozos de escuadra en los desahucios y basan la acción política en un proceso de negociación con el estado que no busca avanzar en la ruptura, sino mantenerlos liderando el soberanismo.
Otro elemento claramente positivo del 14‑F son los buenos resultados de la candidatura liderada por la CUP, que, a pesar de no llegar al techo electoral de las elecciones autonómicas de 2015, ha conseguido movilizar un voto comprometido, ha aumentado significativamente la representación en el Parlamento . Este refuerzo electoral puede ser decisivo en la próxima legislatura, como ha fue en el periodo 2015 – 2017. Los próximos días se iniciará el conocido pressing CUP para investir un nuevo presidente y garantizar la gobernabilidad. Endavant queremos reafirmar nuestra convicción de que, para avanzar hacia la ruptura con el estado, la CUP no puede formar parte de ningún gobierno autonomista, ni tampoco ser la muleta para los recortes y privatizaciones que vendrán impuestas por la UE y España. Y, mucho menos, avalar la idea de que la autodeterminación la conseguiremos a través de un proceso de negociación con el estado español. Insistimos, por tanto, en la línea aprobada por la CUP en el marco del Consejo Político del 23 de enero, que reforzaba un planteamiento de acción institucional de oposición tanto al soberanismo gubernamental como a los frentes amplios de izquierdas liderados por el PSOE.
Táctica y estrategia
Pensamos que es necesario que la CUP juegue las cartas con inteligencia y aproveche el hecho de que el soberanismo transversal la vuelve a necesitar parlamentariamente. Hay que poner sobre la mesa los elementos del programa electoral de la CUP que, por un lado, agudizan y ponen de manifiesto las limitaciones democráticas del régimen del 78 y, por otro, mejoran las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora y el resto de la clases populares. Estos dos elementos son imprescindibles, ya que socavan el poder de las clases dominantes de nuestro país. Sus intereses de maximizar los beneficios y socializar las pérdidas son el principal fundamento sobre el que se sustenta la subordinación del pueblo catalán a los estados español y francés y en la UE.
Por tanto, no nos podemos conformar en pedir compromisos abstractos con la autodeterminación y declaraciones simbólicas sobre giros a la izquierda a cambio de abstenciones en investiduras y aprobaciones de presupuestos. Hay que poner sobre la mesa desde elementos de mínimos, como por ejemplo que la Generalitat se retire de las acusaciones particulares en causas contra independentistas y activistas de luchas sociales o que los mozos dejen de hacer de fuerza de choque de los grandes tenedores de vivienda en los desahucios. Hasta elementos sustantivos e imprescindibles para garantizar unas mínimas condiciones materiales de vida de la gente, como por ejemplo la creación de una banca y una farmacéutica públicas, la nacionalización de sectores estratégicos, la reversión de los recortes y el blindaje de los servicios públicos, especialmente educación y sanidad o el incremento de los impuestos a los ricos y al Capital.
Lo que nos permitirá avanzar en el proceso de autodeterminación de los Países Catalanes y sumar amplios sectores de las clases populares catalanas al proyecto de ruptura con el estado será la constatación de que estas medidas sociales chocan con la legalidad española. Sólo con la independencia podemos impulsar las transformaciones sociales profundas que nos permitirán garantizar unas condiciones materiales de vida dignas para la clase trabajadora y demás clases populares. Pensamos que la experiencia de la legislatura 2015 – 2017 avala este planteamiento. La firmeza de la CUP en 2015 en la negativa a invertir Artur Mas como presidente de la Generalitat ha sido una de las causas de la desaparición de una parte muy importante de la herencia política de CiU, y el hecho que Mas no fuera presidente del gobierno fue un factor clave para la materialización del Referéndum del 1 de Octubre.
La autodeterminación no es sólo una cuestión de democracia, sino que sobre todo es una cuestión de poder. Por ello, la victoria democrática de superar la barrera del 50% de los votos emitidos no es determinante para la resolución del conflicto político
Pensamos que la Izquierda Independentista debe plantear una propuesta política diferenciada tanto del soberanismo transversal como de los frentes amplios de izquierdas que pretenden regenerar el régimen del 78; una propuesta política articulada en torno al proyecto de Unidad Popular en el marco de los Países Catalanes que permita acumular fuerzas para impulsar una ruptura real, no sólo con el régimen del 78, sino también, y especialmente, con los intereses del capital representados por la clase dirigente de nuestro país. Ante el reasentamiento del estado y los pactos por arriba tejidos entre los partidos del régimen y los actores políticos con aspiraciones de cambio, debemos impulsar una ruptura real, a través del ejercicio del derecho a la autodeterminación de los Países Catalanes , entendido como un proceso permanente de decisión sobre las directrices económicas, políticas y sociales que deben guiar nuestra sociedad, a fin de cambiar las relaciones de autoridad y dominación social impuestas por la oligarquía y por el capitalismo depredador.
Sólo a partir de una acción institucional que pase de ser altavoz a ser catalizador de las luchas sociales, reforzando su desarrollo en el marco del proyecto político de la independencia para cambiarlo todo, podemos aspirar a crecer y disputar la hegemonía tanto del soberanismo gubernamental como de los frentes amplios de izquierdas bajo tutela del PSOE. Apostamos, por tanto, por una CUP que se convierta alternativa popular y rupturista, y no la muleta de un gobierno autonómico que no resolverá las necesidades básicas de las clases populares; un gobierno que legislará en favor de las élites, y que tampoco podrá avanzar en la autodeterminación hasta que no acepte que la revolución política que supone la ruptura con el estado implica forzosamente cambios sociales profundos, que pongan la economía al servicio de las necesidades de las clases populares.
Fuente: Endavant
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