Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2021.
El 31 de diciembre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto ordenando a las instituciones públicas «sustituir» el uso de este agroquímico.
Funcionarios de varias agencias estadounidenses y la multinacional Bayer presionaron al Gobierno mexicano para que reconsidere la prohibición del uso del glifosato, un herbicida muy usado en agricultura al que expertos y grupos ecologistas atribuyen efectos adversos sobre la salud.
Mediante solicitudes de transparencia, el Centro para la Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) obtuvo correos electrónicos que revelan que funcionarios de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR) y de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) intercambiaron información con CropLife America sobre la postura de México respecto al uso del controvertido agroquímico.
CropLife America es un gremio que representa a gigantes del sector agroquímico, entre ellos Bayer, que a su vez es dueña de Monsanto, la polémica compañía que comercializó el glifosato a través del producto Roundup, el herbicida más vendido del mundo.
En las comunicaciones internas de funcionarios de la Oficina del Representante de Comercio, reveladas por el diario británico The Guardian, queda de relieve cómo la industria de agroquímicos presiona para que EE.UU. incorpore este tema al acuerdo comercial que tiene con México y Canadá, conocido como T‑MEC, conocido como USMCA por su siglas en inglés, que entró en vigor el 1 de julio de 2020.
La estrategia incluye la advertencia a México de que sus acciones respecto al glifosato y los cultivos transgénicos generan preocupación «respecto al cumplimiento» del T‑MEC. De esta forma, la industria presionaría al país latinoamericano para que modifique su política a cambio de no enfrentar sanciones por el supuesto incumplimiento del acuerdo comercial.
«Cómo podríamos usar el USMCA para resolver estos problemas«, se desprende de una comunicación interna de funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense.
En la información obtenida por el Centro para la Diversidad Biológica, se cita una comunicación de la directora de Asuntos Internacionales Gubernamentales de Bayer, Stephanie Murphy, con la entonces directora de Comercio Internacional y Política Ambiental de la Oficina del Representante de Comercio, Leslie Yang, sobre la postura de México respecto al uso del glifosato.
Murphy menciona el vínculo del T‑MEC con esta cuestión y reconoce que ejecutivos de Bayer trabajaban «en estrecha colaboración» con el Servicio de Agricultura Extranjera (FAS, por sus siglas en inglés), que forma parte del Departamento de Agricultura estadounidense, en la Embajada de EE.UU. en México.
En un correo electrónico enviado el 5 de diciembre de 2019, Murphy hizo referencia a la decisión de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México de prohibir a un particular la importación de 1.000 toneladas de glifosato.
«Por ahora, Bayer no se ha visto afectada por las importaciones«, señala Murphy, aunque advierte que la compañía podría ser perjudicada en el futuro.
Por su parte, el 19 de mayo de 2020, el entonces representante de comercio estadounidense, Robert Lighthizer, le envió una carta a la secretaria de Economía de México, Graciela Márquez, en la que instaba al Gobierno latinoamericano a «reevaluar» su postura respecto a la importación del glifosato, un herbicida que ha estado asociado con varias afectaciones a la salud, «desde mareos e irritaciones en la piel hasta el desarrollo de cáncer», según denuncia Greenpeace México.
«El glifosato tiene un historial de seguridad demostrado y es uno de los herbicidas más rigurosamente estudiados en el mundo. Insto a México a reevaluar estas solicitudes y otorgar permisos de importación«, señaló Lighthizer en la misiva, advirtiendo que podrían incumplirse ciertas obligaciones del T‑MEC, lo que tendría impactos en el comercio bilateral.
Presión de la industria
La presión de la industria de agroquímicos y de funcionarios estadounidenses fue expuesta por el entonces titular de la Semarnat, Víctor Toledo.
En una conversación privada que fue filtrada a medios, Toledo se quejó de que el Gobierno estadounidense y funcionarios de «20 embajadas en México» mostraron una respuesta «apabullante» tras la intención de la Semarnat de prohibir 111 herbicidas y pesticidas catalogados como altamente peligrosos.
Hasta el momento, la presión de la industria de agroquímicos y de los funcionarios estadounidenses no han tenido el efecto esperado sobre la nación latinoamericana.
Decreto en México
El 31 de diciembre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), obligando a las instituciones públicas a «sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país«.
En el decreto, se ordena que estos agroquímicos sean sustituidos «por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas«, que resulten «seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente».
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), citadas por la Semarnat, el 60,6 % de las hectáreas de producción en México utilizan herbicidas químicos. Aunque la dependencia desconoce la cantidad exacta del glifosato usado en el país, afirma que es la sustancia a la que más recurren.