Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2021.
Los huracanes Eta e Iota desnudaron la vulnerabilidad del país frente a estos fenómenos naturales. Este pretexto sentó las bases para que el Gobierno proponga entregar la mitigación de inundaciones a bancos y empresarios energéticos.
El 6 de enero, el Diario Oficial La Gaceta publicó el PCM Ejecutivo 138 – 220 que expone las condiciones en las que se construirán las represas. De acuerdo al exdiputado Aníbal Cálix, este documento abre el camino a la privatización de las obras.
A través del PCM, el Poder Ejecutivo creó un listado de 14 proyectos de construcción de represas de interés prioritario, con el objetivo de incorporarlas al fideicomiso que regulará los procesos de adquisición de contratos.
Las obras a construir serán: Llanitos y Jicatuyo sobre río Ulúa en Santa Bárbara, Tablón en Río Chamelecón, San Fernando y Morolica en río Choluteca, Quebrada Relumbrosa en La Ceiba, Jalán en Olancho, Texiguat en El Paraíso, Guangololo en La Paz, Leutona en Francisco Morazán, Gila en Copán, Arsilaca en Lempira, Maicupa en Copán, Talgua en Olancho, Mame en Yoro y Selguapa en Comayagua.
Para Cálix, el PCM obliga a la ENEE a emitir contratos de suministro para cada proyecto vaya a manos de generadores privados, es decir el Estado garantizará la construcción de la obra y la empresa privada será la que se beneficie de la generación.
La energía que produzcan los empresarios aprovechando recursos estatales, luego será vendida a la ENEE. “Y aunque no generen el PCM faculta a la ENEE que siempre debe pagar a quienes obtengan el contrato”.
El papel del banco que manejará el fideicomiso (Banco Atlántida), será el de supervisar y tomar decisiones en torno a la construcción de las represas, y adjudicación de los contratos a generadoras.
“Parece que esto es de compadre hablado, hay mucha preocupación porque están violando la Ley, y quieren privatizar lo poco que queda público de la ENEE”, advirtió la diputada Doris Gutiérrez.
En el Congreso Nacional 
se encuentra un dictamen que busca reformar las condiciones del fideicomiso que maneja Banco Atlántida en torno a la administración del proceso.
El documento complementa al PCM publicado por La Gaceta y por ahora se encuentra en una comisión dictamen, donde la diputada Gutiérrez es integrante.
La legisladora comentó que el dictamen está en análisis, pero no se descarta que el oficialismo intente meterlo en las próximas sesiones de pleno.
Gutiérrez sabe que el panorama es adverso en el Congreso porque solo el Partido Nacional tiene 60 votos disponibles, por lo que instó a las demás fuerzas de oposición, sociedad civil, movimiento popular para que inicien una campaña fuerte para frenar la iniciativa.
El diputado del PINU, Luis Redondo, lamentó que se siga legislando para favorecer a los mismos de siempre, y recalcó que este proyecto atentará contra la ENEE.
Según Redondo el proyecto terminará de privatizar la ENEE bajo la excusa de mitigar riesgos, se favorecerá a empresarios de la energía, funcionarios que podrán participar en el proceso y también a personas de dudosa credibilidad.
Desde el punto de vista de la exdiputada Fátima Mena, Honduras está a las puertas de un nuevo acto de corrupción, porque con el PCM los proyectos podrán recibir contratos de generación sin tener permiso ambiental, y también el banco que manejará el fideicomiso impondrá una participación cerrada de empresas en el proceso de adjudicación de contratos, lo que desembocará en que se entreguen los acuerdos a las empresas de siempre.
Sectores de oposición concluyeron que la iniciativa solo podrá ser frenada si la ciudadanía se involucra de forma activa, de lo contrario la aplanadora nacionalista en el Congreso la aprobará en los próximos días.
Fuente: Radio Progreso
