Félix Jiménez /Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2021
Economista Ph.D. Profesor Principal de la PUCP
La pandemia del COVID19 ha revelado el fracaso del modelo económico neoliberal.
El rechazo a la intervención del Estado, la defensa del mercado desregulado y el discurso a favor del individualismo, condujeron a la precarización de la infraestructura y servicios de salud, educación y protección social.
El Estado, tomado por los grupos de poder económico, subordinó el interés público al interés privado y aplicó políticas que configuraron un estilo de crecimiento primario exportador y una economía menos agrícola e industrial, y sesgada al comercio y servicios donde se concentra el empleo informal de baja productividad, de baja calificación y de bajos ingresos.
Los patrocinadores de este modelo que se impuso en los años 1990, favorecieron a la inversión extranjera dirigida a actividades extractivas de exportación que no promueven el desarrollo de mercados internos y que generan problemas ambientales.
Es importante señalar, por lo tanto, que la informalidad, la desigualdad, la pobreza, la precariedad del empleo, y tipo de estructura productiva descrita, fueron el resultado de las decisiones de inversión e innovación de las empresas, cuya orientación, en el marco legal neoliberal, determinó el modo extractivista de crecer y acumular capital.
Cómo iniciar el cambio de modelo económico
Aumentar el empleo y reducir significativamente la informalidad y el subempleo, no se puede hacer reactivando el mismo modelo económico. El crecimiento será sostenible social y políticamente, si se inicia la transformación de la estructura productiva y el modo de crecer y acumular capital, con dos objetivos fundamentales: a) generación de empleo con derechos sociales; y, b) descentralización y diversificación del aparato productivo y de la actividad privada empresarial. La idea es desarrollar motores internos para morigerar nuestra dependencia de la exportación de materias primas. ¿Cómo hacerlo? Para empezar esta transformación, proponemos lo siguiente:
- Crear un Programa de Garantías Concursable de Empleo y Diversificación Productiva (PEDP). Su objetivo sería financiar inversiones productivas para la generación de empleo con protección social y para iniciar la diversificación productiva, financiando proyectos en sectores prioritarios y que no dañen el medio ambiente en las distintas regiones del país. Estaría dirigido principalmente a las medianas y pequeñas empresas productivas y, eventualmente, a empresas grandes que presenten proyectos agroindustriales y manufactureros (como la industrialización de minerales) para desconcentrar geográficamente el aparato productivo. En la administración del Programa deben participar el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Trabajo. Con la puesta en marcha del PEDP debe desaparecer el denominado programa de obras por impuestos. El PEDP es un programa de créditos garantizados (como lo era Reactiva Perú), pero que serían concedidos siempre que los proyectos cumplan el objetivo del programa. Además, las garantías procederían de un impuesto a la riqueza acumulada y/o de la colocación de un bono perpetuo en moneda local en los mercados interno y/o externo.
- Formular y ejecutar un plan de inversiones públicas. Acompañar la transformación de la estructura productiva con un plan de inversiones públicas, de corto y mediano plazo. Este plan debe contemplar un incremento sustancial de la inversión en infraestructura económica y social, con un enfoque descentralizado y una perspectiva interregional cuyo objetivo último de mediano plazo debe ser la formación de macrorregiones. La construcción de represas y de canales de riego, silos, carreteras, puentes, ferrocarriles, electrificación, agua y desagüe, fibra óptica y acceso universal a internet, etc., son fundamentales para aumentar la productividad agropecuaria y generar condiciones de atracción de inversiones privadas para el desarrollo agroindustrial e industrial en las distintas regiones del país. Estas inversiones deben constituirse en el principal mecanismo de conexión de la economía con la demografía y geografía del país —es decir, de desarrollo de mercados internos. Sin este tipo de inversiones públicas no será posible superar la heterogeneidad tecnológica ni alcanzar la integración económico-espacial del país.
- Otorgamiento de una renta básica de subsistencia a los trabajadores desempleados, a la población de ingresos bajos y a los pobres. La pérdida de empleos y el aumento de la pobreza exige un fuerte y sostenido impulso de la política fiscal. Para apoyar el proceso de diversificación productiva, el gobierno debe asegurar una renta básica de subsistencia de esta población; es decir, para asegurar su derecho básico a la sobrevivencia. Si se reactiva la oferta de producción, también debe aumentarse la demanda sobre todo si gran parte de la producción se orienta o se orientará al mercado interno. La renta básica cumpliría este objetivo.
Las acciones prioritarias inmediatas
La segunda ola de contagios vuelve a mostrar la vergonzosa precariedad del sistema de salud pública. Por esta razón, es impostergable la reconstrucción y modernización de este sistema (y también del sistema de educación pública) a nivel nacional, con un enfoque descentralizado, con infraestructura hospitalaria, equipamiento y capacidad médica. Se debe adoptar como política de Estado, la promoción y desarrollo de la producción nacional de equipamiento médico: equipos de protección para los trabajadores del sistema de salud, ventiladores para tratar las dificultades respiratorias, mascarillas quirúrgicas y no quirúrgicas, guantes, plantas de oxígeno, etc. El incentivo para que las empresas privadas produzcan estos equipos, serían las compras del Estado. Igualmente, debe ser política de Estado el apoyo financiero a la investigación en ciencias básicas y aplicadas que desarrollan las universidades, sobre temas relacionados con la salud, el medioambiente, la energía, la producción, entre otros. El Estado puede fomentar modelos asociativos universidad-empresa —como ocurre en otros países— para el desarrollo de programas de investigación específicos, como, por ejemplo, el desarrollo de vacunas para enfrentar epidemias o pandemias.
El tiempo neoliberal del Consenso de Washington ha pasado. En todas partes se aconseja un gran estímulo fiscal para superar el impacto social y económico de la pandemia; con mayor razón si se trata de cambiar la manera de crecer y acumular capital. Sobre esta responsabilidad de la política fiscal trataremos en el siguiente artículo.
FUENTE: Otra Mirada
