Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2021.
La derogación del DNU 70⁄2017, que endurecía el régimen migratorio en el país y permitía la deportación exprés, era uno de los puntos de nuestra Agenda Antirrepresiva Urgente, y un reclamo central de las organizaciones de defensa de lxs trabajadores migrantes. Celebramos esta decisión del gobierno nacional, que debe ser acompañada por una efectiva política de protección y el cese del hostigamiento policial y judicial a las personas migrantes. Repudiamos las declaraciones de quienes, desde fuera y dentro del gobierno, agitan discursos estigmatizantes y discriminatorios y promueven la persecución.
El DNU 70⁄2017 fue una de las tantas medidas con las que el gobierno presidido por Mauricio Macri profundizó las políticas represivas estatales como nunca lo habíamos visto en democracia. El decreto modificó la ley migratoria, nº 25.871, en algunas cuestiones centrales, con lo que abrió las puertas a expulsiones y deportaciones sin el debido proceso ni derecho de defensa. Desde el mismo día de su publicación, las organizaciones de trabajadorxs migrantes, los organismos de DDHH y las organizaciones antirrepresivas nos abocamos a exigir su derogación.
La ley 25.871, hoy nuevamente vigente en todas sus partes, establece, como impedimento para el ingreso y permanencia en el país, la existencia de antecedentes penales graves, es decir condenas a más de tres años de prisión, con la posibilidad de revisión en cada caso para emitir una dispensa justificada. El DNU eliminó ambos criterios. Cualquier antecedente penal, por el delito que fuese, con o sin condena, habilitaba la inmediata expulsión. Por otra parte, modificó el procedimiento. Acortó los plazos, habilitó notificaciones automáticas sin contacto con la persona afectada, limitó la posibilidad de revisión judicial y convirtió en una ilusión el derecho a la defensa ante un orden de expulsión. Como consecuencia natural del nuevo régimen, se creó el centro de detención de personas migrantes, ya que las comisarías eran insuficientes.
Tan evidente era la arbitrariedad e ilegalidad del DNU, que el 23 de marzo de 2018, la Sala V de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal lo declaró inconstitucional. Los jueces reconocieron que el DNU restringía el acceso al debido proceso, violaba el principio de inocencia y el derecho a un defensor público, aceleraba los trámites de expulsión, permitía retenciones preventivas arbitrarias, afectaba el derecho a la unidad familiar y modificaba los requisitos para optar a la ciudadanía.
Fueron muchas las injusticias que se cometieron al amparo de esta nueva lógica de la política migratoria argentina, pero sin dudas el que más impactó fue el caso de Vanessa Gómez Cueva, mujer peruana que vivió 15 en el país y tuvo tres hijos argentinos. En 2014, Vanessa había cumplido una condena breve por haber sido usada como “mula” para el transporte de drogas. Luego se recibió de enfermera y trabajó sin interrupciones hasta que, en un proceso sumarísimo del que jamás la notificaron y en el que nunca pudo defenderse, se ordenó su expulsión por aquella vieja condena cumplida. El 1 de febrero de 2019 la fueron a buscar a su casa, la trasladaron a una comisaría junto a su hijo menor, y luego al aeropuerto. Durante dos días la retuvieron allí, amenazándola con sacarle la criatura si no subía al avión que la llevó a Perú. Sus otrxsniñxs quedaron solos en Argentina. Llevó casi un año la lucha denodada para lograr el reencuentro familiar, que se produjo cuando se autorizó su reingreso al país tras la intervención Comité de Migrantes de Naciones Unidas.
El DNU 70⁄2017 también sirvió de marco normativo para intensificar la criminalización de las personas migrantes, como la sistemática persecución del GCBA contra vendedores ambulantes, principalmente senegaleses, a quienes se imputa a diario por violación a la ley de marcas y resistencia a la autoridad, allanando el camino a la expulsión. Lo mismo sucedió con las personas migrantes del colectivo LGBTTIQ+ que son acusadas de narcotráfico, y con personas migrantes detenidas en contexto de protestas o movilizaciones, participaran o no de ellas, inmediatamente informadas a la Dirección de Migraciones para iniciar el proceso de deportación. Recordemos lo sucedido a fin de 2018, el día de la movilización contra la sanción de la Ley de Presupuesto, cuando cuatro migrantes fueron arrestados. Uno de ellos, AnilBaran, ciudadano turco que hacía años vivía trabajaba en Villa María, Córdoba, donde se había casado con una argentina, fue detenido cuando iba desde Constitución hacia la embajada de su país, donde tenía turno para retirar una partida de nacimiento legalizada que necesitaba para el trámite de ciudadanía argentina que había iniciado hacía poco. Su detención desató una furibunda campaña de declaraciones públicas de funcionarios del gobierno nacional, como la ministra Bullrich, el ministro Frigerio y el senador Pichetto, que lanzaron acusaciones de terrorismo internacional, vinculación con las fuerzas insurgentes kurdas y avanzada internacional para generar disturbios durante la reunión del G20, alegando “informes” recibidos de la embajada turca en Buenos Aires e ilustrado con una foto del Facebook de Anil en la que se lo ve junto a una estatua del Che Guevara en el Museo de Alta Gracia, Córdoba. Algo similar intentaron con los dos venezolanos detenidos en la misma marcha, tildados de “espías del gobierno de Maduro”, lo que silenciaron cuando ambos hicieron pública su posición de apoyo a la derecha venezolana que el macrismo defiende.
Al poco tiempo, la causa contra Anil y las otras 16 personas detenidas ese día fue archivada por inexistencia de delito, lo que frenó el proceso de expulsión. Una acción de habeas data promovida por el compañero con asistencia técnica de CORREPI y el CELS demostró que nunca existieron aquellos “informes de inteligencia” de la embajada turca invocados públicamente por Bullrich y su banda.
Por todo eso, y sin dejar de señalar que son muchas más las reivindicaciones pendientes del colectivo de personas migrantes en Argentina, debemos celebrar la decisión presidencial de derogar el DNU 70⁄2017, a la vez que no puede sorprender que las primeras voces airadas que se alzaron en contra de la medida hayan sido quienes lo crearon, que repitan las mismas falacias invocadas entonces. Rogelio Frigerio dijo que esto “favorece el ingreso irregular al país del crimen organizado, delincuentes y narcos”. Patricia Bullrichescribió “El presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos. Al gobierno no le alcanzó con liberar presos propios. Ahora, pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país. Nosotros lo impedimos con un decreto. Ellos lo derogaron.” En similar sentido se expresaron el inefable Pichetto y el ex ministro de seguridad bonaerense Ritondo.
De manera tampoco sorpresiva, pero mucho más grave por el cargo que ocupa, al mando de la más nutrida fuerza represiva del país, cargó contra la derogación del DNU el ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni. No conforme con declarar a diversos medios que es una decisión con la que no está de acuerdo, o que el país es “un barco lleno de agujeros y estamos tapando con parches. Hay alguien que libremente hace olas y no le importa que le entre agua al barco”, y de insistir en que “Acá estamos hablando pura y exclusivamente de delincuentes”, el ex coronel acaba de publicar una nota de opinión en el diario Infobae, criollamente titulada “Y si canto de este modo”. Arranca mintiendo, cuando dice que “El tema no estaba en agenda ni existía una demanda ciudadana al respecto”, cuando el “tema” era reclamo central del colectivo de personas migrantes, organismos de DDHH y organizaciones antirrepresivas ‑era uno de los puntos de la Agenda Antirrepresiva Urgente que CORREPI viene promoviendo-. Transita con frases como “perdemos demasiado tiempo en los pretendidos derechos de última generación en desmedro de los más básicos y elementales, como … seguridad … y propiedad” y cierra guitarreando, después de citar al Papa Francisco y al Martín Fierro con la estrofa del título completa.
Pero, a pesar de su ausencia total de contenido (basta leer la ley 25.871, el derogado DNU o el fallo de la Cámara Contencioso Administrativa para comprobarlo), quien así se expresa es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Hace décadas aprendimos, de la peor manera, que el silencio no es salud, y la sabiduría popular tiene aquello de que el que calla, otorga.
Es necesaria una toma de posición clara del gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires frente a un funcionario que ellos eligieron y siguen manteniendo en su cargo, que coincide –como lo hizo muchas veces antes- con las más peligrosas posiciones reaccionarias de la peor de las derechas. Fuera Berni.
Fuente: CORREPI
