Resumen Latinoamericano, 5 de marzo de 2021.
Desde las organizaciones nucleadas en la Campaña Nacional Migrar no es delito, confirmaron a AIM que, tras años de movilizaciones y reclamos, se derogó definitivamente el DNU 70⁄17 decretada por el macrismo y seguía vigente hasta ayer con el gobierno de Alberto Fernández.
Según pudo saber AIM, este 5 de marzo del 2020, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 138⁄2021 derogando al DNU 70⁄17. “Este es el resultado de la incansable lucha de las organizaciones migrantes que desde enero del 2017 nos autoconvocamos, nos reunimos, generamos asambleas, convocatorias en las calles con nuestros Migrantazos, hoy podemos decir que la lucha y la organización es nuestro método de defensa de los derechos”, destacaron desde las organizaciones.
Con la derogación del DNU 70, se restituye el texto original de la Ley 25871, única ley migratoria sancionada en democracia. “No por eso estaremos fuera del terreno del reclamo, aún falta por restituir la reunificación de las madres y padres expulsados sin una revisión judicial justa generada por disposiciones administrativas arbitrarias, falta por luchar por la no aplicación del “falso turista” que realiza rechazos en frontera por personal administrativo que impide el derecho humano a migrar”.
La Campaña Nacional Migrar no es delito seguirá acompañando a les migrantes y refugiados con independencia política, porque nos une una sola causa, la lucha por nuestros derechos y porque se constituya un programa de regularización urgente de forma permanente y sin condiciones.
Cabe recordar que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70⁄17 firmado por el gobierno de Mauricio Macri endureció los controles migratorios y aceleró la expulsión de extranjeros con causas judiciales pendientes.
Sin embargo, desde el Bloque Migrantes, advirtieron en su momento a AIM que “el narcotráfico es un delito internacional que ya tiene mecanismos penales establecidos. Necesitamos aclarar, una vez más, los migrantes nada tenemos que ver con este tema: somos laburantes, vecinos y vecinas”.
En ese sentido, agregaron: “No necesitamos un decreto que nos trate como delincuentes y nos prive del derecho a una defensa justa y en condiciones. No necesitamos la continuidad de políticas racistas y antimigrantes como las de Mauricio Macri. Queremos que el presidente Alberto Fernández cumpla su promesa”.
Cabe recordar que el mismo día de su publicación, el 30 de enero de 2017, el Cels denunció que el DNU 70 “habilitó un procedimiento de detención y deportación exprés de los extranjeros sometidos a cualquier tipo de proceso judicial de carácter penal y también de quienes hayan cometido faltas administrativas en el trámite migratorio, como, por ejemplo, no haber acreditado el ingreso al país por un lugar habilitado”, y subrayó que a partir de entonces los migrantes que trabajaran como vendedores ambulantes podrían ser denunciados “penalmente por su actividad económica o por resistir un desalojo en la vía pública y ello implicará su clasificación como ‘expulsable’”.