Resumen Latinoamericano 22 de marzo de 2021
Las movilizaciones que se realizaron en todo el país en el marco del Día Mundial por el Agua reflejaron una grave crisis hídrica, pero también a un amplio movimiento de lucha en escala nacional. Las concentraciones que se llevaron adelante expresaron sentidos reclamos de la población contra la depredación capitalista del ambiente y el ajuste de los gobiernos en obras públicas de infraestructura.
Se expresó de manera contundente el rechazo a la política del gobierno nacional de Alberto Fernández, que promueve la producción más contaminante como la megaminería, los agronegocios e incluso un acuerdo para instalar factorías chinas de cría industrial de cerdos (en las que producir cada kilo de carne insumiría 6.000 litros de agua), todo en función de garantizar el repago al FMI y los acreedores de la deuda externa. Los gobernadores, por su parte, fueron señalados en cada lugar como los cómplices directos de los pulpos depredadores que actúan en sus provincias, con graves consecuencias.
En la Ciudad de Buenos Aires, una gran concentración se realizó frente al Congreso para movilizar luego a Plaza de Mayo, llevando el reclamo de miles de familias que carecen del servicio de agua potable y de cloacas, una situación que potencia la crisis sanitaria cuando se aproxima la segunda ola de la pandemia sin vacunas ni medida alguna de prevención por parte del gobierno nacional. Denunciaron que en el mundo una de cada tres personas no tiene acceso al agua, y que en Argentina ocho millones de personas están en esa situación, mientras unas quince millones no están incluidas en las redes cloacales.
EN CÓRDOBA: La lucha de los vecinos de Villa El Libertador por cloacas es una de las que impulsó la jornada en Córdoba, donde se marchó desde la Secretaría de Minería hasta el Patio Olmos, denunciando la responsabilidad del gobierno de Juan Schiaretti en la crisis hídrica provincial, cuya raíz son los desmontes, la desertificación y los incendios incitados por el apetito del capital agroganadero e inmobiliario; y la contaminación como sucede con el Lago San Roque.
En Chubut, luego de que las imágenes del fuego arrasando miles de hectáreas patagónicas conmovieran al país, y en medio de una profunda crisis política, concentraciones en diferentes ciudades hicieron eje en la lucha contra el intento del gobernador Mariano Arcioni y Alberto Fernández de sancionar la ley de zonificación megaminera que entrega el Río Chubut y la provincia a la Panamercian Silver.
En el interior bonaerense se replicó la convocatoria en varios distritos, para denunciar el envenenamiento de los cursos de agua por el uso indiscriminado de agrotóxicos, la utilización y contaminación de grandes cantidades de agua por parte de plantas industriales, y la desidia estatal ante la contaminación de las napas de agua con arsénico.
En el norte del país, en Salta, Chaco y Formosa, las concentraciones pusieron de relieve los altísimo índices de población sin acceso al agua, en especial los pueblos originarios condenados a la pobreza y desplazados de sus tierras, mientras la deforestación de monte nativo ha escalado a niveles récord. Todo con la complicidad de los mandatarios de esas provincias.
Las demandas de la población para acceder al agua también se hicieron escuchar en Neuquén, donde se denunció que poblados enteros carecen de ello mientras los pulpos petroleros ‑para quienes gobierna Omar Gutiérrez- emplean y contaminan miles de litros de agua para extraer hidrocarburos mediante el fracking. Las petroleras fueron también el blanco de las denuncias en Santa Cruz, al igual que las mineras, en una provincia que ha sido entregada por el oficialismo a grandes multinacionales extractivas. En Mendoza también se volvió a expresar el rechazo popular a la megaminería, un año después de haber hecho retroceder la «ley cianuro» que habían pactado el gobierno radical de Rodolfo Suárez y el PJ.