Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2021.
La Justicia de Bolivia dictó cuatro meses de prisión preventiva para la ex presidente de facto Jeanine Áñez, detenida el sábado por la conspiración que terminó en el 
gope de Estado contra Evo Morales en 2019. Áñez escuchó el fallo judicial vía teleconferencia desde una depedencia policial y escribió por Twitter: «Me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un ‘golpe’ que nunca ocurrió». La Conferencia Episcopal y la OEA, que respaldaron el golpe, pidieron la libertad de Áñez y respetar los estándares de derechos.
Junto a Áñez continuarán en prisión su exministros de de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán. La Fiscalía había pedido seis meses de detención preventiva para los tres. «Desde aquí llamo a Bolivia a tener fe y esperanza. Un día, entre todos, levantaremos una Bolivia mejor», escribió en sus redes la expresidenta de facto, que obtuvo menos de un 15 por ciento de los votos en las recientes elecciones regionales, para las que se presentó en el departamenteo amazónico de Beni.
Áñez pide un juicio de privilegio
La decisión de la jueza Regina Santa Cruz contra Áñez llega solo dos días después de que fuera detenida en la ciudad de Trinidad, en Beni, por la Policía de Bolivia, que la encontró escondida en un baúl de su casa familiar. Las acusaciones de sedición, terrorismo y conspiración contra la abogada de 53 años y sus ex ministros fue hecha por la exdiputada del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, según informó AFP.
Patty también denunció al líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, que fue el protagonista del golpe, cuando ingresó al Palacio del Quemado con una biblia en noviembre de 2019. Sin embargo, Camacho sí salió triunfante en las recientes elecciones regionales y se coronó gobernador de Santa Cruz con el 55 por ciento de los votos. El raid de detención no lo alcanzó.
Desde la cárcel, la expresidenta de facto solicitó que su causa sea desarrollada ante un juicio de responsabilidades o de privilegio, que se realiza en el Tribunal Supremo de Justicia, previa autorización del Congreso. Sin embargo, el ministro Justicia, Iván Lima, aseguró que a la abogada y expresentadora televisiva le corresponde un proceso ordinario por sus actuaciones como senadora, antes de asumir a través del golpe de Estado.
El expresidente Evo Morales respondió desde Twitter: «No se puede hablar de sucesión constitucional cuando se ha violado la Constitución». Y recordó que Áñez «se autodesignó presidenta».
Áñez mantiene el respaldo de la OEA y la Conferencia Episcopal
El argumento de los opositores de derecha y centro para impulsar el golpe de Estado de 2019 fue que Morales, en el poder desde 2006, cometió fraude en las elecciones presidenciales para gobernar de manera ininterrumpida hasta 2025. La OEA, al mando de Luis Alamagro, fue el actor central para deslegitimar la elección con un informe preliminar, que meses después se demostró que era inconsistente.
Tras la detención de Áñez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA urgió en Twitter «al Estado de Bolivia respetar los estándares interamericanos sobre garantías judiciales, independencia y protección judicial». Antes de la CIDH, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió que se respeten «las garantías al debido proceso y haya una transparencia total en todos los procedimientos», según un comunicado de su portavoz.
Por su parte, la Unión Europea calificó de «preocupantes» los acontecimientos en Bolivia y dijo que los sigue de cerca. En una nota, la oficina del jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, sostuvo que «las denuncias vinculadas a los hechos de 2019 deben ser atendidas en el marco de un proceso judicial transparente y sin presiones políticas, con pleno respeto a la independencia de los poderes».
Por su parte, la influyente Conferencia Episcopal de Bolivia, que respaldó al gobierno de facto de Áñez, exigió en tanto en un comunicado «la inmediata puesta en libertad de los detenidos». Los obispos dijeron que no pueden «permanecer pasivos, mientras se persigue a ciudadanos que han servido a Bolivia».
