Resumen Latinoamericano, 18 de marzo de 2021.
El pasado sábado 13 de marzo fue detenida en Trinidad, departamento de Beni, en el centro-norte de Bolivia, la expresidenta de facto de ese país Jeanine Áñez, acusada de «terrorismo, sedición y conspiración» por el caso del golpe de Estado contra el Gobierno de Evo Morales en 2019.
Un día después, la jueza Regina Santa Cruz, del Juzgado Noveno de Instrucción Penal de La Paz, decretó detención preventiva de cuatro meses para la exmandataria de facto. La medida también recayó sobre sus exministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energías, Rodrigo Guzmán, y se justificó por la existencia de riesgo de fuga de los detenidos.
El actual ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima Magne, informó que la cartera que dirige pedirá «una condena de 30 años» contra Áñez por las matanzas ocurridas en Senkata, Sacaba, Montero y la Zona Sur de La Paz durante su administración (noviembre 2019-noviembre 2020).
«Acá ha habido masacres sangrientas, acá ha habido familias que han quedado sin padres, madres que han quedado sin hijos», enfatizó Lima.
En febrero pasado, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz señaló a Áñez como responsable de estas masacres y recordó que el 15 de noviembre de 2019, la expresidenta de facto firmó un decreto, el 4.078, que autorizaba a las Fuerzas Armadas a reestablecer el orden público sin que esto generara responsabilidad penal. Dos semanas después, lo derogó.
«Algo que jamás podrá negar el gobierno de la señora Áñez es que en su gobierno y bajo sus órdenes, murieron, en intervenciones policiales y militares, 37 personas», manifestó Cruz.
En octubre del año pasado, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó un informe que señala que de esos 37 asesinados, 27 de ellos fueron por impactos de bala. Además, dice que hubo 861 personas heridas.
