Resumen Latinoamericano 18 de marzo de 2021
Opositores y el oficialismo endurecieron sus posturas frente a la situación que se ha generado tras la esperada y justa detención de la expresidenta de facto Jeanine Áñez y dos de sus exministros.
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), una organización de pueblos indígenas afín al MAS, se declaró en estado de alerta tras el anuncio de los comités cívicos y las eventuales movilizaciones que se realicen.
De igual manera, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, el bastión de Evo Morales, se declararon en «estado de emergencia» porque consideran que las marchas ciudadanas pretenden «desestabilizar» el país.
El Tribunal Supremo de Justicia, sin hacer referencia al caso de Áñez, manifestó este martes en un comunicado su «compromiso por el respeto a los derechos constitucionales y garantías jurisdiccionales» y se ratifica en su plena «independencia judicial».
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin mencionar tampoco a Áñez ni a sus exministros, urgió al Estado boliviano a que se garanticen los derechos procesales.
