Por Carlos Echazú Cortéz, Resumen Latinoamericano, 26 de marzo de 2021.
La detención de la autoproclamada Jeanine Añez ha reavivado el debate sobre el Golpe de Estado en Bolivia. El tema es de importancia crucial en las disputas políticas en Bolivia, pues debe desembocar en el enjuiciamiento de los golpistas de tal modo que en el futuro mediato no intenten nuevas subversiones. El asunto del establecimiento de la justicia, tampoco es de menor importancia.
En el debate, obviamente, los golpistas niegan que lo que hicieron fue un golpe, pretendiendo instalar en la opinión pública, nacional e internacional, que lo sucedido en octubre y noviembre de 2019 fue «una sublevación popular ante un fraude electoral que provocó la renuncia del dictador y ante el vació de poder dejado por éste y sus colaboradores, se procedió a una sucesión constitucional«.
Lo revelador de todo esto es que los golpistas, en su intento de distorsionar lo ocurrido, omiten referirse a las circunstancias y hechos determinantes que han sido expuestos como pruebas del Golpe. Veamos, existen 8 sucesos que, por sí solos, demuestran que lo acontecido en octubre y noviembre de 2019 efectivamente ha sido un golpe de Estado. Es decir, cada uno de estos sucesos no requeriría de relacionamiento con los demás para constituirse, él sólo, en evidencia del golpe. Ya la suma de todos ellos se revela como evidencia abrumadora.
En primer lugar está la quema de los recintos de los tribunales Electorales Departamentales mientras estos realizaban el cómputo de votos, no sólo ante la mirada complaciente y tolerante de la policía, sino incluso con la complicidad de ésta, pues se ha denunciado que varios policías tomaban parte de estos asaltos, vestidos de civiles. El hecho implica una gravísima alteración del proceso electoral, pues impidió que el denunciado fraude, fuera demostrado mediante el presunto cuerpo del delito, es decir las actas electorales. La anulación de las elecciones, después de estos hechos, sin que haya sido determinada por alguna autoridad competente resulta ya, y por sí sola, en un golpe de Estado. No requiere de más pruebas. En cualquier lugar del mundo que ocurra este sólo hecho, sería calificado de golpe a la democracia.
En segundo lugar está la Auto proclamación en recinto parlamentario vacío por parte de una persona, cuyo cargo en la Asamblea, no se encuentra en la lista de sucesión constitucional. El hecho de que la sucesión pase del presidente de la cámara de senadores directamente al presidente de la cámara de diputados, excluye en la sucesión constitucional a los vicepresidentes de las cámaras. Además, la autoproclamación en un recinto en el que no se encuentra la bancada parlamentaria del partido que cuenta con la mayoría absoluta e incluso calificada, es otra aberración que no sería aceptada en ningún sistema político del mundo, si después de eso pretende continuar denominándose democracia.
En tercer lugar (aunque por su importancia está en primer lugar) están las masacres de Sacaba y Senkata. Ningún gobierno que asuma el poder de forma legítima, menos aún si están haciendo una Revolución a un dictador, podría acometer una masacre contra la población civil. No puede haber explicación racional que explique esto. El hecho es que el golpe fue resistido por esa población y, para que el golpe se consolide tuvieron que masacrar a esa gente. Piénsese un poco, al respecto ¿podría un gobierno democrático, en cualquier parte del mundo, a los días de instaurarse, acometer una masacre de esas proporciones ?. ¿Cómo se pueden explicar esto? La única explicación posible está en que las masacres son parte del golpe , pues son los gobiernos golpistas los que se instauran cometiendo masacres, no lo hacen los democráticos. Así de sencillo y claro como el agua.
En cuarto lugar están los ataques a las familias y a las viviendas de quien en realidad se encontraba en la lista de sucesión constitucional y de quien, pese a no encontrarse en la lista de sucesión, estaba en un rango superior al de Añez. El primero es Víctor Borda, entonces presidente de la cámara de diputados, cuyo hermano fue secuestrado por paramilitares y cuya vivienda fue quemada con la explícita advertencia de que debía renunciar a su cargo. Ataques y amenazas similares experimentó Rubén Medinaceli, primer vice presidente del senado. Ahora bien, piénsese en cualquier otro país que estuviera experimentando una crisis política con la presión de la oposición, exigiendo la renuncia del presidente, y entonces quienes se encuentran en la lista de sucesión constitucional sufren ataques a sus familias y a sus viviendas con la amenaza de que deben renunciar. ¿Cómo se llamaría eso? Se llamaría golpe a la institucionalidad en cualquier parte del mundo. Eso sólo hecho es un golpe, en sí mismo, aquí en Bolivia, y en cualquier otro país.
En quinto lugar, se encuentra el «arreglo» al que llegó el padre del golpista Camacho con la cúpula militar y policial. Este «arreglo», fue de conocimiento público cuando una grabación audiovisual se viralizó en las redes sociales y en relación al cual, Camacho dijo que se refería al compromiso de militares y policías para no reprimir las protestas de la oposición. Asúmase que el «compromiso» es «solamente» ese y no había, como puede presumirse, compromisos más graves aún. Aún así, el compromiso de fuerzas que están bajo mando presidencial y al que llegan a espaldas de su autoridad, en momentos de una crisis política, en la que la oposición exige la renuncia del presidente, implica sedición y, por ende, golpe. Ese sólo hecho es gravísimo e implica golpe en sí mismo, acá en Bolivia y en cualquier otra parte del Mundo.
El sexto hecho es el del conciliábulo que reunieron en la Universidad Católica. En plena crisis política, en secreto, sin que supiera la opinión pública se reúnen los golpistas para determinar quién va a ser posesionado como nuevo mandatario una vez que ha renunciado el presidente. Ahora pretenden que la presencia de representantes de la Unión Europea, en esa reunión, constituiría una garantía de transparencia de la misma, cuando lo único que se evidencia es la intervención de potencias extranjeras en nuestros asuntos internos. Por lo tanto, el asunto no sólo prueba el golpe, sino también la traición a la patria. Ciertamente que también estuvieron presentes miembros del MAS, pero no era para negociar nada, sino para escuchar la extorsión más canallesca que se pueda imaginar, pues estaba en juego la salida (y consiguientemente, la vida) de Evo Morales del país. Incluso se evidenció en ese momento la condición de Tuto Quiroga de agente de la CIA, pues solamente alguien en esa condición, podría ordenarle al Comandante de la Fuerza Aérea que salga un avión, en momentos en que formalmente no hay gobierno alguno en el país, puesto que Evo ya había renunciado y Añez todavía no se había autoproclamado. Consiguientemente, este conciliábulo demuestra también, por sí solo, un golpe de Estado.
El séptimo hecho es mal llamado motín policial. Veamos, un motín se produce cuando la tropa se subleva a la oficialidad superior. En cambio en este caso, fue la oficialidad que determinó que la tropa se retirara a sus cuarteles en momentos en que el país estaba convulsionado. Obviamente esto resultó en una gravísima circunstancia en la que se dejaba el control de la situación a las bandas de paramilitares que paulatinamente se concentraban en la ciudad de La Paz, para dar la estocada final. Otra vez, lo que se aprecia de esta circunstancia es que por sí sola prueba el golpe de Estado.
Finalmente y, en octavo lugar, está la «sugerencia» de la Comandancia de las Fuerzas Armadas para que el presidente renuncie. Lo hace en un momento en que el país está gravemente dividido en dos posiciones acérrimamente enfrentadas. Si ésta «sugerencia» se la inserta en el marco de la disposición constitucional que prohíbe a las Fuerzas Armadas a deliberar, entonces se tiene que han faltado a su deber más importante, en momentos de la crisis política más profunda que ha tenido el país en los últimos 10 años. Como se puede ver, aún en esta interpretación más ingenua de la «sugerencia», el hecho resulta en un golpe. Se puede, por otro lado, desarrollar una interpretación menos ingenua, y advertir que la sugerencia, en realidad, no es tal. Más bien es una amenaza. De ser así, el hecho es análogo a la carta de renuncia que García Mesa puso en el escritorio de Lidia Gueiler para que lo firmara, en julio de 1980. Otra vez, por sí solo, este hecho implica un golpe.
Si decimos entonces que cada uno de estos hechos, por sí solos, constituyen evidencia del Golpe, la consideración de todos ellos en conjunto, se muestra como demostración irrefutable
