Por Fernanda Alcântara. Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2021.
La respuesta se refiere a las acusaciones realizadas por representantes del gobierno federal en una audiencia celebrada en diciembre de 2020.
En esa oportunidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (CIDH /OEA) sostuvo una audiencia con el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) para compartir la situación bajo el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil.
La reunión tuvo lugar después de la comisión, el 30 de noviembre, para notificar al Estado brasileño para que se le presentaran explicaciones sobre el brutal desalojo del Campamento Quilombo Campo Grande, en Minas Gerais, ocurrido en medio de la pandemia. Las familias son productoras de Café Guayí y un referente en producción agroecológica en la región.
En la respuesta enviada la semana pasada, el MST señala que en medio de una pandemia, con amplia repercusión en la prensa nacional e internacional, con uso desproporcionado de la fuerza (armas, bombas, helicóptero), la Policía Militar de Minas Gerais expulsó a 14 familias de sus hogares, y destruyó por completo la Escuela Eduardo Galeano que servía como espacio de alfabetización para niños, jóvenes, adultos y ancianos de esa comunidad. Cabe mencionar que aún está pendiente una decisión sobre el desalojo de otras 450 (cuatrocientas cincuenta) familias que continúan viviendo y resistiendo en la zona.
El documento también enfatiza que la propiedad objeto de la disputa tiene su origen en la antigua Planta Ariadnópolis, que quebró hace más de tres décadas, y que por el impago de los derechos laborales a sus empleados, vio ocupada parte de la finca. por ex empleados y trabajadores rurales de la región durante más de 20 años.
El MST reitera que, solo con una profunda insensibilidad social y humana, es posible no reconocer que el caso en cuestión trata de derechos fundamentales básicos de vida y salud de las personas.
A día de hoy, la situación de vulnerabilidad de las familias beneficiarias se mantiene en un estado de gravedad permanente, con tensiones y amenazas crecientes.
Finalmente, mientras la negligencia del Estado en la defensa del derecho de las familias que reclaman el derecho a la tierra, la vivienda, el trabajo, la salud y la vida haya estado vigente durante tantos años, descuidando la responsabilidad de su competencia constitucional, los agricultores sin tierra estarán sujetos a el poder de la milicia privada local.
Sin regularización, las familias siguen siendo inviables para acceder a políticas públicas, crédito rural y beneficios gubernamentales para ampliar su capacidad de producción y mejorar las condiciones de vida.
Fuente: 
MST
Traducción: Resumen Latinoamericano
