Por Gerardo Szalkowicz, Resumen Latinoamericano, 11 de marzo de 2021.
El 11 de abril se elegirán a las y los 155 convencionales que redactarán la nueva Constitución; el mismo día también se votarán alcaldes y –por primera vez– gobernadores.
Empieza a abrirse en Chile una larga temporada de eventos políticos-electorales cuyos desenlaces pueden marcar el devenir de un nuevo ciclo histórico. Lo que está en juego, centralmente, es: cuánto del espíritu del estallido social de octubre de 2019, cuánto de esa rabia detonada contra todas las injusticias, pueda colarse en la institucionalidad. Y, en definitiva, cuánto logre transformarla.
La batalla callejera se traslada a las urnas. El 11 de abril se elegirán a las y los 155 convencionales que redactarán la nueva Constitución; el mismo día también se votarán alcaldes y –por primera vez– gobernadores, y el 21 de noviembre serán las presidenciales junto a las legislativas.
El mapa político que resulte de estas múltiples contiendas electorales, pero sobre todo el corolario del proceso constituyente (es decir, su magnitud destituyente), mostrará si la partidocracia tradicional logra resistir consintiendo retoques cosméticos, cambiando algo para que nada cambie, o si el empuje insurgente consigue sentar las bases para un nuevo pacto social que tumbe al Chile neoliberal de las últimas décadas.
La nueva Constitución como punto de partida
En noviembre de 2019, en plena efervescencia social y cuando el statu quo parecía tambalear, los partidos políticos negociaron el “Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución”. Pero esta concesión al pueblo movilizado contenía una trampa: toda modificación sustancial a la Constitución deberá ser aprobada por al menos dos tercios de los convencionales. Conclusión: si la derecha logra meter más del 33% de las bancas en la Convención Constitucional, tendrá poder de veto para reformas estructurales.
Pese al desprestigio que arrastran el presidente Sebastián Piñera y su tropa –apenas amainado por el “éxito” de la vacunación – , es posible que la coalición oficialista “Chile Vamos” logre ese piso, principalmente porque llega reunificada en una sola lista, incluso junto al ultraderechista Partido Republicano.
Los partidos opositores aparecen nucleados en dos espacios principales. La Lista del Apruebo, una nueva versión de la vieja Concertación que co-gobernó estos 30 años, y la Lista Apruebo Dignidad, alianza entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. Lo novedoso es la irrupción de las candidaturas independientes, que postulan mayormente a referentes sociales y juegan con la cancha inclinada; debieron sortear trabas administrativas y juntar gran cantidad de firmas para participar, además de no contar con recursos ni maquinaria ni espacio mediático.
En el plebiscito de octubre de 2020, que aprobó enterrar la Constitución pinochetista, casi un 80% votó que en la Convención no participen actuales legisladores. Sin embargo, el sistema electoral vigente conspira contra estas candidaturas independientes y el principal riesgo es que el proceso constituyente sea monopolizado por la misma clase política repudiada, y que las demandas populares queden diluidas en algunos meros parches. Como datos positivos, el órgano tendrá paridad de género y habrá 17 escaños reservados para los pueblos indígenas.
La futura normalidad
El mismo 11 de abril también se elegirán a las autoridades de las 16 regiones, que hasta hoy no eran cargos electivos, y a las municipales. Y para noviembre, en pleno funcionamiento la Convención Constitucional, están previstas las elecciones presidenciales junto con las parlamentarias. Si bien falta una eternidad, hay cierta expectativa de que Daniel Jadue, del Partido Comunista, llegue con chances de ganar, lo cual significaría un giro político significativo y la posibilidad de un nuevo aliado para el renovado polo progresista latinoamericano.
La etapa que se abre estará marcada por la puja entre un sistema que intentará reciclarse, el progresismo que buscará por fin despegar y el ingreso en la política institucional de nuevos actores con arraigo en las organizaciones populares, feministas e indígenas, que presionarán por las transformaciones largamente postergadas. Hace unos días, el canciller Andrés Allamand hizo referencia al estallido social y aseguró que “Chile ha recuperado su normalidad”. Se equivoca. La soberbia de la élite subestima que el despertar de la sociedad chilena ya no tiene marcha atrás. Y que si lo viejo se niega a morir y sale airoso en las urnas, lo nuevo seguirá pujando por nacer y volverá a pelear en las calles.
Fuente: TeleSUR
