Por Emilio Lagos Cortés. Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2021.
La Fiscalía General de la Nación anunció su intención de que se precluye, se termine anticipadamente, la investigación penal en contra del expresidente Uribe por fraude procesal en el caso de manipulación de testigos en contra del senador Iván Cepeda Vargas. Extrañamente, esa decisión contradice lo actuado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que luego de dos años de investigación, vinculó a Uribe al proceso penal y le impuso una medida de detención domiciliaria.
Hoy Uribe está en trance de que la Fiscalía cierre su investigación luego de huir de la Corte Suprema de justicia.
Ya conocemos que Uribe, quien reiteradamente había dicho que no intentaría huir del fuero que permitía que fuese investigado por la Corte Suprema de Justicia, actuó en contra de su palabra, renunció al senado, y, de esa manera, logró que su proceso saliera de la Corte y pasara a las manos de un fiscal amigo, que hoy reitera su disposición para cerrar la investigación.
Debe destacarse el aspecto político de la situación. Uribe, el jefe natural del uribismo, es el jefe político del presidente elegido por el uribismo. Ese presidente nunca había conseguido un voto por sí mismo, fue senador gracias a que Uribe lo incluyó en una lista cerrada, y, después, fue presidente porque fue “el que Uribe dijo”.
Ese mismo presidente nombró a su compañero de universidad como fiscal general de la nación, y este nombró a un fiscal de apellido Jaimes como encargado del proceso Uribe.
Es decir, todo indica, a mi parecer, que Uribe tiene a la Fiscalía y a su investigador en el bolsillo; es su fiscalía de bolsillo.
La condición de los fiscales, del que lo investiga concretamente y del fiscal general, es similar a la de cualquiera de los empleados de su hacienda. Su empleo, su salario, su lonchera, dependen de la voluntad de Uribe. Fácilmente podría decirles: “me absuelven o, cuando los vea, les parto la cara maricas”. Eso explica la solicitud de preclusión anunciada por la Fiscalía.
Pero el caso de Uribe es solo uno que ilustra la impunidad de los intocables de Colombia. Mientras se sabe que la inmensa mayoría de la clase política es criminal, rara vez uno de ellos enfrenta la justicia.
Igual sucede con el empresariado, el caso de Odebrecht deja claro que los contratos con el Estado se obtienen mediante el soborno y la corrupción, incluso tratándose del hombre más rico del país (quizá eso explica que lo sea), pero este resulta aún más intocable que Uribe.
En realidad, los poderes políticos y económicos forman un entramado en el que se transita de una esfera a la otra. El intocable del grupo AVAL nombra al fiscal, Martínez Neira, que debe investigar la corrupción en la que está involucrado el intocable del grupo AVAL. La investigación, por supuesto, concluye que los empleados de Sarmiento actuaron para beneficiar (con cientos de miles de millones) a Sarmiento sin que Sarmiento lo supiese; sobra recordar que Martínez Neira era el abogado de Sarmiento antes de ser fiscal, y que volvió a serlo después de ser fiscal.
Otros comparten ambas facetas: son políticos y empresarios en simultáneo; es el caso de la familia Char. Como funcionarios públicos asignan la contratación estatal a sus empresas; y cuando es necesario, acuden a la criminalidad, sea sobornos o paramilitarismo. De nuevo, ninguna investigación prospera. En pocas palabras, los poderosos de Colombia están seguros de que nunca serán juzgados, porque controlan el poder político y el aparato de justicia.
De manera que la impunidad de la que ha disfrutado Uribe a lo largo de su vida pública ejemplifica la impunidad que cobija a los poderosos, la oligarquía colombiana, que se han enriquecido mediante el control del Estado, y han logrado la condición de intocables gracias a su control del aparato de la justicia, cuyos funcionarios operan más como sus empleados que como sus investigadores.
Tal situación resultó fundamental para que Colombia viviese la tragedia que ha vivido: una clase dirigente y empresarial criminal hasta los tuétanos y, en consecuencia, una criminalidad generalizada en la sociedad.
Por tanto, para superar esa tragedia, se hace necesario que la justicia, como el Estado en general, deje de ser instrumento al servicio de los poderosos y pase a ser garante de los derechos de todos los colombianos. Tal cosa solo se logrará desalojando del poder a quienes lo han ostentado durante los últimos 200 años.
5 de marzo de 2021
Adendum:
Bajo el título “Fiscalía impúdica” Harold Ruiz Moreno precisa:
“Nadie puede desconocer que el Estado colombiano ha sido capturado por el narcotráfico o el paramilitarismo en diferentes escalas y momentos de la vida nacional, y que la tragedia humanitaria que vive el país se debe entre otras causas, a lo ocurrido por los mal llamados falsos positivos, que no son otra cosa que ejecuciones extrajudiciales cometidas por la mayoría de los integrantes del ejército nacional, y que en el periodo de gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez se presentaron al menos 6.402 casos según la JEP”
“Las masacres, el asesinato sistemático de los líderes sociales y los firmantes de la Paz, los desplazamientos, confinamiento, las casas de píque, hornos crematorios, pozos de ácido, son la vergüenza mundial de un Estado que se hace llamar Democrático como el colombiano”
“Las más de 8 millones de víctimas reclaman verdad, justicia, reparación y no repetición; las cifras de la impunidad sobrepasan el 90%, la mayoría de la administración de justicia ha sido también capturada por el régimen de terror, para ellos el Ñeñe Hernández sigue siendo un promisorio ganadero, el Memo fantasma puede seguir haciendo negocios con la Vice, y el embajador Sanclemente es el fiel reflejo de la economía naranja, procesando sus 4 laboratorios de coca en las goteras de Bogotá; se demuestra que desde el gobierno se puede seguir haciendo perfilamientos, falsos positivos judiciales contra la oposición, y amenazas desde los cuarteles con las águilas negras”
“Y como estaba establecido para el Patroncito, la vuelta está hecha, «la fiscalía que se creó para acusar a los delincuentes», cumpliéndole al jefe de la banda, pide PRECLUIR, muy a pesar del suficiente acervo probatorio de la corte Suprema de Justicia”
“Está demostrado que el innombrable tiene el Estado a sus pies y se limpia los zapatos con la justicia, esto es Polombia” y cita al Senador Cepeda quien declara:
“A Uribe le digo hoy: triste historia la suya, al final de su vida pública, intenta torcer y mancillar por todos los medios la justicia. Pero eso ha sido inútil. El país sabe de su culpabilidad, la juventud conoce su verdadero rostro. Para usted no habrá luz al final del túnel.”
Fuentes: Las2orillas //tejiendoterritoriosblog //PaCoCol
