Resumen Latinoamericano, 25 de marzo de 2021.
En diálogo con La W desde el Centro de Reclusión Militar de Apiay (Meta), Edwar Puerta, condenado por la ejecución extrajudicial de dos personas en el Tolima relató cómo fue inducido a esa actividad criminal por miembros del Gaula Militar, uno de ellos el soldado Duberney Lugo.
Puerta manifestó que se pagaron $3.500.000 por los dos falsos positivos por los que lo condenaron y que le pagaban un sueldo mensual por encontrar las víctimas para llevarlas a parajes rurales con el fin de que los soldados las asesinaran.
“Él me daba toda la información (Lugo), me presentó personas, estos civiles me presentaron personas que les gustaba la plata fácil, ellos me daban todas las herramientas, me decían qué tenía que decir, cómo era el montaje que tenía que hacer, prestaban camionetas, me daban plata para comprar armas y ponérselas a los occisos. Tocaba mirar los sitios, todo fue planeado”, relató.
El exmilitar también contó que ha tratado de ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde 2019, y afirma que cuenta con información sobre más casos de ejecuciones extrajudiciales perpetrados por soldados en el Tolima.
“…tengo otros casos, cuando figuraba activo en el Batallón de Contraguerrillas de la Sexta Brigada en Ibagué”, reveló.
Puerta además indicó que debido a lo que sabe y desea contar ha recibido amenazas, un atentado en la Cárcel La Picota e incluso señala que fue asesinada su hermana como un amedrentamiento.
“Me dijeron que ellos eran 40 y yo estaba solo”, manifestó en W Radio.
Adendum:
Una investigación, realizada hace 6 años por el Movimiento de Reconciliación y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, evidenció que la asistencia militar de EEUU a Colombia fomentó y alentó los graves abusos cometidos por las fuerzas militares (FFMM) en Colombia.
Existen registros de ejecuciones extrajudiciales por parte de las FFMM mucho antes del año 2000, sólo que después de ese año el fenómeno se aceleró alcanzando un máximo en 2007 (durante el gobierno de Alvaro Uribe Vélez 2002 – 2010)
Una de estas “asistencias” se llamó “Plan Colombia”, que se hizo ley el 13 de julio de 2000 cuando el presidente Clinton lo firmó, como un paquete de asistencia de US$1.300 millones de ayuda, en su mayoría militar.
EEUU, el mayor violador de Derechos Humanos en el Mundo, mantuvo esa «ayuda militar» a Colombia con un promedio de US$600 millones anuales, siendo el quinto país con mayor asistencia militar por parte de EEUU en el mundo.
Entre los años 2002 y 2008, más colombianos fueron receptores de entrenamiento militar y policial de EEUU que nacionales de cualquier otro país del mundo. Uno de cada siete soldados o policías extranjeros que recibió formación de EEUU.
EEUU aprobó la “asistencia” para cientos de unidades del Ejército de Colombia, y el número de las unidades asistidas fue creciendo durante esos años. Mientras que en el 2004 fueron 64 las unidades del Ejército con asistencia aprobada, en 2007 el número de unidades «apoyadas» ya era de 108.
Los oficiales de 31 unidades que no habían sido aprobados para recibir asistencia, fueron objeto de programas de «capacitación» de EEUU en 2006. Las unidades que recibieron algún tipo de asistencia abarcaron mucho más territorio que lo planteado inicialmente. Para el año 2007, 11 brigadas o divisiones tenían asesores militares de EEUU.
En 2003, los EEUU gastaron US$25 millones en “asistencia antiterrorista” para entrenar unidades antisecuestro del ejército y de la policía, los llamados GAULA, que se distribuyeron a lo largo de las brigadas del Ejército de Colombia. Los EEUU entrenaron a 176 miembros del GAULA del Ejército en el período 2003 – 2005, y continuaron entrenando a unidades de este cuerpo hasta 2007.
En el marco de la «ayuda militar» de EEUU se cometieron la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales documentadas durante el período 2000 – 2010, (los mal llamados “falsos positivos”), en donde civiles desarmados fueron ejecutados por militares y presentados como resultado de la acción de las FFMM contra los grupos armados. En litros de sangre, se medían sus “éxitos militares”, los cuales eran incentivados económicamente.
En noviembre de 2005, el ministro de Defensa, Camilo Ospina, expidió la Directiva 029, que establecía como política la compensación monetaria por las acciones que conducían a la muerte de los miembros de grupos armados ilegales. Ello llevó a que miles de jóvenes pobres, campesinos e indigentes, fueran asesinados y mostrados como “guerrilleros muertos en combate” lo que la prensa al servicio de la burguesía y los terrateniente bautizó como “falsos positivos”.
Fuentes: wradio.com.co y https://semanariovoz.com/ayuda-militar-de-eeuu-y-falsos-positivos/