Resumen Latinoamericano, 13 de marzo de 2021.
Organizaciones sociales entregaron dos informes a la Comisión de la Verdad sobre violaciones de Derechos Humanos en el Cauca y agresiones a integrantes de Marcha Patriótica.
La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”, la Coordinación Política y Social Marcha Patriótica, el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano –PUPSOC- y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP- hicieron la entrega de los dos informes a la Comisión, para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición.
Uno de estos informes, nombrado Bitácora de la guerra sucia, expone las violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario ‑DIH- cometidas en el Departamento del Cauca entre los años 2006 – 2016. El segundo informe, con título Objetivo Marcha: La configuración de un nuevo genocidio, denuncia los asesinatos, amenazas y persecución que han sufrido las y los integrantes de Marcha Patriótica.
Bitácora de la guerra sucia
Este informe comienza presentando los hallazgos respecto a patrones de conducta y análisis de presunta responsabilidad en la violación al DIH y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos ‑DIDH- en el Cauca. Afirma que el Estado colombiano tiene gran responsabilidad en las acciones arbitrarias llevadas a cabo a través de sus fuerzas regulares e irregulares.
“No podemos más que calificar estas acciones como Terrorismo de Estado en contra de las comunidades y sus organizaciones, las cuales ‑con enorme esfuerzo y sacrificio propio- hemos logrado registrar, denunciar y compilar en el presente documento tras 22 años de trabajo de la Red de Derechos Humanos ‘Francisco Isaías Cifuentes’. Esta crisis humanitaria se acentúa y pervierte aún más cuando el Estado colombiano violenta a los civiles en su propósito de proponer ventajas militares”, afirmó Oscar Salazar, fundador de la Red de Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes” y vocero de Marcha Patriótica.
El informe devela que se cometieron 47 ejecuciones extrajudiciales, 85 torturas, 345 personas heridas, 77 atentados y 16 desapariciones forzadas. Todo lo cual es una grave violación al DIDH. Asimismo, se perpetraron 19 homicidios intencionales de persona protegida, 9 muertes de civiles en acciones bélicas, 317 amenazas, 138 desplazamientos forzados colectivos, 168 desplazamientos forzados individuales, 102 pillajes, 403 ataques a bienes civiles, 91 ataques a bienes culturales y religiosos, 84 ataques a bienes indispensables para la población civil, y 68 utilización de individuos colectivos como escudo. Esto último demuestra las infracciones en cuanto al DIH.
La mayoría de estos homicidios fueron perpetrados en los municipios de Argelia, Corinto, Caloto y Toribio. “Regiones con alto grado de militarización en donde se desarrollan planes militares entre los que destacan el ‘Plan Violeta’ igual que la creación de brigadas móviles. Todo esto como resultado de la doctrina de acción integral con su plan de consolidación territorial. El accionar de estructuras paramilitares incrementa su violencia con aquiescencia del Estado, con el objetivo de control social y territorial”, puntualizó Oscar Salazar.
La presencia de actores armados configura la militarización de los territorios, donde el acompañamiento por parte de instituciones encargadas de proteger los derechos de las comunidades es casi nulo. Aunado a esto, está la amplia presencia militar y policial que, paradójicamente, ha intensificado la presencia de grupos armados ilegales.
De igual manera, se denunció la represión a la movilización por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios –Esmad‑, el Ejército Nacional y la Policía Nacional. Estos tres actores han atacado indiscriminadamente a quienes protestan por medio de artefactos no convencionales y armas letales que en ocasiones causando la muerte de manifestantes.
La violencia social y política ha afectado históricamente a comunidades del Suroccidente colombiano. El Departamento del Cauca ha sido golpeado en gran magnitud. Como lo plantea el informe, en este territorio han habido violaciones sistemáticas a los derechos individuales, colectivos y de organizaciones sociales.
Orgeni Viera, integrante de la Asociación Campesina del Municipio de Caloto ‑Astrazonacal- y de Pupsoc expresó que: “esta práctica tuvo un reflujo continuo en las últimas décadas, especialmente en el período presidencial de Álvaro Uribe, en los años comprendidos entre 2002 y el 2010. Tuvo su continuación con el Gobierno de Juan Manuel Santos, desde el 2010 al 2018. Y sigue con Iván Duque. Se ha perpetrado mediante la política que es presentada ante la comunidad nacional e internacional con el nombre de Consolidación de la Seguridad Democrática”.
El Suroccidente colombiano se caracteriza por la ubicación geográfica, biodiversidad y abundancia de recursos naturales, por lo que multinacionales y grandes empresas han explotado sus territorios. “Un elemento estructural propio del Suroccidente colombiano se centra en las dinámicas económicas y políticas de los distintos Gobiernos locales, orientadas a la imposición de megaproyectos de diversos tipos, tales como minero extractivos, energéticos y agroindustriales. Estos están enfocados en la explotación indiscriminada de ambiente en beneficio de agentes ajenos a las regiones como las empresas transnacionales e inversores anónimos”, denunció Orgeni Viera.
Objetivo Marcha: La configuración de un nuevo genocidio
El segundo de los informes presentados recoge hechos perpetrados entre julio de 2010 y noviembre de 2016. En él se denuncia el asesinato de 127 líderes y activistas de Marcha Patriótica en diferentes territorios del país.
“Los y las integrantes de Marcha Patriótica hemos sido víctimas de graves violaciones de los Derechos Humanos, que han sido denunciadas ante distintas instancias nacionales e internacionales. Por esta razón, el presente informe pretende profundizar en la naturaleza de dichas vulneraciones en las víctimas, su situación, daños e impactos; así como relatar el contexto político, social e ideológico que favoreció su perpetración”, afirmó Nidia Quintero, integrante del Sindicato de Trabajadores Campesinos del Cordón Fronterizo del Putumayo.
Cristian Delgado, integrante de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”, expresó que “el informe entregado documenta 301 casos de amenazas individuales y 28 colectivas. La mayoría de estas amenazas se presentan en Cauca, Bogotá, Santander y Valle del Cauca y se realizaron en contra de 87 mujeres y 214 hombres. De ellos, 137 eran campesinos, 69 estudiantes, 50 cívicos, 26 obreros, 10 indígenas, 7 vivienditas y 5 afrodescendientes. (…) 145 de los casos fueron cometidos por paramilitares y 38 por agentes de la fuerza pública”.
De igual manera, Marcha Patriótica afirmó que funcionarios e instituciones del Gobierno Nacional han utilizado un lenguaje estigmatizador con el cual se les ha acusado de hacer parte de grupos armados ilegales.
Uber Ballesteros, integrante del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores ‑CUT‑, quien fue perseguido y encarcelado a puertas del Paro Nacional Agrario en el año 2013, manifestó que “el caso de Marcha Patriótica permite concluir que el proceso genocida no se reduce al exterminio físico y político de un grupo determinado. Para el caso de Marcha Patriótica consiste en un plan enfocado en acabar modos de vida y formas de pensar y en consecuencia las luchas y reivindicaciones de este proceso social y político”.
Las recomendaciones emitidas por Marcha Patriótica ante esta grave crisis estuvieron centradas en investigar las acciones perpetradas por la Fuerza Pública, la responsabilidad del Estado en la relación con grupos paramilitares, esclarecer la sistematicidad en la violación de Derechos Humanos a integrantes de Marcha Patriótica, y la promoción de actos públicos y simbólicos para la reparación de Marcha Patriótica por haber sido víctima de señalamientos.
Asimismo, esta organización insistió a las demás instancias del Sistema Integral de Justicia, Verdad y Reparación para que atienda la grave situación que han vivido sus integrantes, y que de esa forma también se logre la localización de personas desaparecidas.
Se espera que Bitácora de la guerra sucia y Objetivo Marcha: La configuración de un nuevo genocidio sean un aporte esencial para la escritura del informe que realizará la Comisión de la Verdad.
“Estos dos informes nos han servido para aprender bastante y han representado para nosotros un intercambio de experiencias tremendo y sin duda un aprendizaje conjunto. Estos dos informes han significado trabajar de la mano con líderes y lideresas de los territorios (…), en buena medida estos informes fueron construidos directamente por las víctimas, por los hijos de los campesinos del Cauca, por las personas que integran la Marcha Patriótica y creo que eso le da en sí mismo un plus muy importante que ojalá la Comisión pueda tener en cuenta a la hora de escribir su informe”, manifestó Franklin Castañeda, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
Fuente: Editora Cauca //Colombia Informa
