Varias personas vestidas de árbitro proceden a sacar una “tarjeta roja” a Lanbide por incumplir la legislación, los procedimientos y reglamentos de gestión y acceso al Ingreso Mínimo Vital.Lanbide, el organismo gestor del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la CAV, ha estado delegando desde el primer momento sus funciones en la Seguridad Social. Además de no formalizar las solicitudes del IMV, deniega la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a quienes no lo soliciten previamente.
Las personas que han conseguido tramitar telemáticamente el IMV no obtienen respuesta o información adicional sobre el estado de sus solicitudes, generando una situación de incertidumbre y vulnerabilidad a las familias.
El Defensor del Pueblo del Estado español ha admitido que se está incumpliendo el Real Decreto-ley 28⁄2020, de 22 de septiembre al no dar resolución a las solicitudes en el plazo estipulado de seis meses tras haber recibido quejas de personas usuarias de las oficinas de Lanbide en Barakaldo que se encuentran en esta circunstancia.
Desde la apertura del plazo el 15 de junio hasta la actualidad más del 99% de las solicitudes del IMV realizadas en la Comunidad Autónoma Vasca (cerca de 13.000 familias) están pendientes de tramitación.
Lanbidek, EAEn Gutxieneko Bizitzeko Gutxieneko Diru Sarrera (BGDS) kudeatzen duen erakundeak, bere eginkizunak Gizarte Segurantzaren esku utzi ditu hasieratik. Erakundeak Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE) ukatzen die aldez aurretik BGDSa eskatzen ez dutenei, BGDSaren eskaerak ez formalizatzeaz gain.
BGDSa telematikoki izapidetzea lortu duten pertsonek ez dute beren eskaeren egoerari buruzko erantzun edo informazio gehigarririk jasotzen gai horretan eskumena duten erakunde bakarretatik (Lanbide eta Gizarte Segurantza), familiengan ziurgabetasuna eta ahultasuna piztuz.
Espainiar Estatuko Herriaren Defendatzaileak irailaren 22ko 28⁄2020 Errege Lege Dekretua ez dela betetzen ari onartu du Lanbidek Beurkon duen bulegoko erabiltzaileen kexak jaso eta gero, erabiltzaileen eskaerei sei hilabeteko epean ez baitzaie ebazpenik eman.
Ekainaren 15ean epea ireki zenetik gaur arte, Euskal Autonomia Erkidegoan egindako BGDSaren eskaeren %99 baino gehiago (13.000 pertsona inguru) izapidetzeko daude.
Nota de prensa
Barakaldo, 10 de marzo de 2021
Activistas sociales ataviadas de árbitro ‑junto a una portería de fútbol- han procedido a sacar una “Tarjeta Roja a los Recortes” ante las oficinas del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide del barrio barakaldés de Beurko para denunciar que la entidad no cumple sus compromisos en lo que al Ingreso Mínimo Vital (IMV) respecta, a pesar de ser el organismo gestor en la CAV desde el 15 de junio del pasado año.
Desde que en esa fecha la entidad hiciera público su compromiso de tramitar y gestionar el IMV y a no menoscabar los derechos de las personas solicitantes, a día de hoy se evidencia que Lanbide no tiene ninguna intención de cumplir lo prometido o actuar diligentemente.
Berri-Otxoak recuerda que «El Servicio Vasco de Empleo-Lanbide cuenta con un procedimiento interno para registrar las solicitudes de IMV desde el 12 de junio, el cual se oficializó el 23 del mismo mes. Frente a esta demora, el entonces director general de Lanbide, Borja Belandia, aseguró que ninguna de las personas que presentaran su solicitud a través de Lanbide vería minorados sus derechos.»
El 4 de septiembre se formalizó la firma y la elaboración del convenio que regula la encomienda a Lanbide para la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), pero hasta hace pocos días, la entidad continuaba evadiendo sus funciones, llegando al punto de denegar la RGI a las familias demandantes por no haber solicitado el IMV.
«Hasta inicios del mes de febrero Lanbide ha estado derivando a la Seguridad Social a las personas solicitantes del IMV y ha actuado de mala fe negando la ayuda a las que solicitaron la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) por no haber solicitado previamente el IMV. Una prestación que la entidad conocía y que aunque alegue lo contrario, tenía el poder de tramitarla desde junio», ha declarado la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak.
Tanto la Seguridad Social como Lanbide estaban obligadas a resolver y notificar las solicitudes del IMV en un plazo de tres meses desde que adquiriera sus compromisos hasta el 22 de septiembre, fecha en la que el plazo de resolución y notificación se amplió a seis meses por el Real Decreto-ley 28⁄2020.
Berri-Otxoak informa de que “ni la Seguridad ni Lanbide cumplen con el actual plazo máximo de seis meses de espera, pues varias personas usuarias de las oficinas de Lanbide en Barakaldo han solicitado el amparo del Defensor del Pueblo Español tras haber expirado ese plazo sin tener noticias de su solicitud y éste les ha dado la razón».
A día de hoy un 99% de las solicitudes realizadas por 13.000 familias en la CAV continúan en proceso de tramitación.
Con la movilización realizada ante el Lanbide de Beurko la asociación de Barakaldo contra la pobreza, Berri-Otxoak, ha denunciado que a Lanbide no le importan lo más mínimo los derechos de las cientos de familias afectadas por la actual situación de crisis socioeconómica en Barakaldo. Sus trabas y demoras tanto en la tramitación como la concesión efectiva del IMV y la RGI solo tiene como último objetivo recortar presupuesto.