Los migrantes sin papeles critican al Gobierno por rechazar las recomendaciones del Defensor del Pueblo
gonzalo sánchez. valència
Fotografía de archivo de la mujer hondureña detenida cuando iba a denunciar un delito. | G.CABALLERO
«Para qué queremos el discurso de la extrema derecha si desde el Gobierno nos dan este tipo de respuestas. Muchas personas se van a quedar desamparadas por miedo a ir a denunciar un delito y el acusado acabes siendo tú». Así de contundente se expresa Dolores Jacinto, portavoz de RegularizaciónYa (campaña que agrupa a centenares de asociaciones de migrantes) sobre la negativa del Ministerio de Interior a velar por que los migrantes irregulares puedan denunciar delitos sin miedo a ser detenidos o se les aplique un expediente de expulsión.
Esto mismo le sucedió a una hondureña que fue a denunciar una agresión a la comisaría de Xirivella y acabó detenida, lo que motivó varias quejas del Defensor del Pueblo para que no se repitiera esta situación, pero este jueves Interior las rechazó y no cambiará la norma. «Esta decisión de Interior va a dejar muchos delitos impunes», denuncia Paco Solans, portavoz de la asociación de abogados extranjeristas. Añade que la iniciativa «perpetúa un clima de persecución al extranjero en situación irregular».
Las discrepancias llegaron incluso a la coalición de Gobierno, ya que Antumi Toasijé, Presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial dependiente del Ministerio de Igualdad se pronunció en contra a través de su cuenta de Twitter. «Este tipo de posicionamientos dificultan la tarea de lograr que las víctimas de racismo y también las de violencia machista o de cualquier otro delito denuncien», escribió.
«La protección de las víctimas de delitos, ese debe ser el primer objetivo de la policía. No entendemos que se ponga por delante la persecución de los migrantes con estancia irregular , esa es la demostración de lo que prioriza la actual ley de extranjería», apunta Paco Solans.
Desde RegularizaciónYa también se posicionan en contra de la decisión y aseguran que Interior «no solo hace oídos sordos con la ola de violencia y racismo contra la población migrante ahora mismo sino que la aumenta desde las instituciones».
Para Solans, en la práctica, «con esta legislación los migrantes irregulares no pueden permitirse que la Policía les proteja. Tampoco pueden denunciar que es el primer paso para que un delito no quede impune. Es la demostración de que a los extranjeros irregulares se les considera algo así como ‘subhumanos’».
Fuente: Levante-emv
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