Por John Alonso. Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2021.
Continúan las denuncias de abuso policial en Panamá, y esta semana nuevos altercados vuelven a poner bajo el ojo de tormenta a los cuerpos de seguridad de Panamá.
A pesar del llamado desde Naciones Unidas (ONU) a garantizar el respeto a los derechos humanos durante las protestas en Panamá, las acusaciones de abusos por miembros de la fuerza pública se incrementan en el país centroamericano.
Las denuncias en contra de los cuerpos de seguridad van en todas las direcciones, desde miembros del Servicio Nacional de Frontera (Senafront) expulsando familias en comunidades alternativas, hasta agentes de la Policía Nacional infiltrados en medio de las protestas que han tenido lugar en las últimas semanas.
Desde el Movimiento Comunal Nacional Federico Britton llevaron el descontento a las inmediaciones del Ministerio de Seguridad el pasado 4 de marzo, tras un incidente que dejó a menores de edad con heridas en la comunidad de Valle Hermoso.
La preocupación aumenta cuando los movimientos sociales plantean el uso de este tipo de estrategias dentro de un marco que busca criminalizar la protesta social mediante arrestos o la intimidación de los manifestantes y temen que cuerpos de inteligencia norteamericana incidan en este ámbito, sobre todo tras el establecimiento del nuevo Centro Regional Aeronaval bajo la mirada del Comando Sur.
En medio de protestas renuncia directora de Senniaf en Panamá
Por tercera semana consecutiva continúan las protestas en rechazo a los maltratos que recibían menores de edad dentro de albergues fiscalizados en Panamá.
Tanto el procurador general como la directora de la institución encargada de regular estos sitios han renunciado a sus cargos en medio una gran desconfianza sobre el avance de las investigaciones.
El pasado jueves 4 de marzo, Mayra Silvera declaró haber renunciado por presiones al cargo de directora de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) es la segunda dimisión que se hace efectiva esta semana relacionada al escándalo de los albergues para menores; de lo que no hay certeza aún es de la condición de las niñas y niños que fueron víctimas de todo tipo de abusos.
Con el arranque del mes de marzo inició la tercera semana consecutiva de protestas en rechazo a los abusos contra los menores en albergues estatales; los manifestantes exigen el listado con el nombre de los involucrados.
9 exigencias, entre las que se encuentran el cierre de los albergues identificados en la investigación o su administración plena por parte del Estado, fueron plasmadas en un documento elaborado por dirigentes juveniles que han encabezado las manifestaciones de las últimas semanas y el pasado primero de marzo marcharon a la Casa de Gobierno.
Mientras los jóvenes continúan convocando manifestaciones en la calle para ejercer presión sobre las autoridades, dos personas fueron detenidas este 4 de marzo en vinculación a los casos de la Senniaf, una en relación al uso irregular de fondos y la otra bajo acusaciones directas de maltrato contra menores.
Fuente: HispanTV