Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2021.
Aumento escalonado hasta febrero de 2022
En lo que puede caracterizarse como un nuevo y brutal desprecio a las exigencias lógicas de las y los trabajadores, el Consejo del Salario Mínimo resolvió un aumento del 9% a partir de abril, seguido por subas mensuales sucesivas hasta agosto. En septiembre, señalan desde el Ministerio de Trabajo, «habrá una revisión antes de las dos últimas alzas, previstas para noviembre y febrero próximos».
Mienten descaradamente desde el gobierno, al decir que el salario mínimo va a aumentar un 35 por ciento cuando en realidad deberían anunciar que el aumento es hoy por hoy del 9% y que el 35 del que hablan se loteará en cuotas sucesivas hasta el año próximo. Y esta mentira la decidieron mientras en las puertas del ministerio de Trabajo, miles de trabajadorxs no solo exigían 60mil pesos para ese salario mínimo, que es lo que compensa la inflación real, sino que además, muchos de los oradores de un acto improvisado denunciaban despidos, suspensiones, represión, falta total de vacunas para los barrios del conurbano. O sea, la calle hacía oír las verdades de millones, mientras un grupúsculo de funcionarios del gobierno, todos ellos con sus trajes de marca comprados obviamente con sueldos voluminosos, y empresario más «sindicalistas», literalmente se burlaban de esos reclamos y decidían esta patada en el tablero, provocadora, ruin, digna de un Estado que ni cuida, ni alimenta, ni le importa la suerte de los más humildes.
Siete cuotas significa nada para el alza permanente de los precios en los artículos de primerísima necesidad, y los que han determinado esa cifra así lo saben y tampoco lo ignoran los burócratas sindicales que apañan este olímpico desprecio por los asalariados y los desocupados. Siete cuotas quiere decir en palabras: «me importan poco tus carencias, es lo que hay y mejor que lo agarres porque nadie escuchará tu pataleo».
Siete cuotas es el resultado de seguir pagando la deuda externa, de seguir transando de rodillas con el FMI. Peor aún, el pago de siete cuotas se decide en el mismo momento en que el Ministerio de Defensa, cuyos jerarcas recientemente acariciaron con beneplácito la mano del jefe del Comando Sur, decide comprar aviones de guerra a los Estados Unidos y por supuesto pagar una cifra voluminosa en dólares que bien podrían derivarse a este Salario Mínimo. Pero claro, esto último ocurriría en un país emancipado política, económica, social y culturalmente, no colonizado en extremo, como ocurre en este caso.
El acuerdo para decidir estas 7 cuotas obtuvo 31 votos afirmativos y una abstención. Resulta necesario fijar en la memoria quienes fueron esos 32 sujetos que se pusieron de acuerdo para ignorar al conjunto de la masa trabajadora y desocupada. Algunos de los presentes, aparte del ministro Claudio Moroni son los «referentes» de la CGT como Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, José Luis Lingeri, Roberto Fernández, Víctor Santa María y Antonio Caló; Hugo Yasky de la CTA de los Trabajadores y representantes empresariales como Miguel Acevedo y Daniel Funes de Rioja (UIA) junto a cámaras comercio, gastronómica, bancarias y rurales. Son los nombres de quienes en tiempos de emergencia total, de pandemia, de falta de vacunas para los barrios, de recortes de subsidios, se unieron para tomaron semejante decisión.
Por otra parte, es innegable que más allá de las direcciones sindicales que bancan esta componenda, este gesto de desprecio desde el poder debería tener una contundente respuesta en las calles, como ocurriera en la previa de esa resolución este pasado martes. Pero también es cierto, que se aprovechan para actuar con tanta impunidad por las circunstancias extremas a nivel sanitario en que se encuentra el país. Eso es lo que obliga a pensar que decisiones como estas deben contar con un alto grado de repudio por parte de quienes sufren sus consecuencias.
Precisamente a la vera de este nuevo 1º de Mayo donde se recuerda la lucha de tantas y tantos trabajadores por sus derechos y su dignidad como clase, donde los nombres de Felipe Vallese, Agustín Tosco, Atilio López, Gregorio Flores, Raimundo Ongaro, René Salamanca, Teresa Rodríguez, Irma Laciar de Carrica y su hijo Héctor Carrica, Juana Rouco Buela, Carlos Fuentealba y tantxs otrxs, el pacto sobre el Salario Mínimo, es una afrenta que habrá que cargar, indiscutiblemente, al «debe» de un gobierno que sigue apostando al capitalismo salvaje, por más que se quiera disfrazar de «progresista». Un gobierno que le hace el juego a la derecha golpista, que pacta con los empresarios de esa misma derecha para seguir metiendo la mano en el bolsillo de trabajadorxs, desocupadxs y jubiladxs.