Por Ana Penido, Lívia Milani, Rodrigo Lentz y Jorge Oliveira. Resumen Latinoamericano, 26 de abril de 2021.
Este texto trae breves comentarios sobre la ley de protección del Estado Democrático de Derecho, que extingue la Ley de Seguridad Nacional. El nuevo texto propone una enmienda al Código Penal, incluyendo un Título específico para tratar los delitos contra el Estado de Derecho Democrático tipificado en seis capítulos. El tema es importante en un momento en que se amplía el uso de la ley para la criminalización de Boulos y Felipe Neto.
La enmienda no es solo una cuestión de técnica legislativa, pero expresa un mensaje político del parlamento: extinguir el bien jurídico de la seguridad nacional amparado en las constituciones brasileñas de 1934, 1937, 1946 y 1967; El fin de la obra se inició con la constitución de 1988. La actual Ley de Seguridad Nacional (Ley 7.170, de 14 de diciembre de 1983) fue aún adoptada durante la dictadura militar y refleja las concepciones doctrinales imperantes en el período de 1964 a 1985. La Constitución de 1988 inauguró una nueva era en la historia brasileña, configurando la República Federativa de Brasil como un Estado democrático de derecho, fundado, entre otros principios, en la promoción de los derechos humanos. En consonancia con este entendimiento, la derogación de la Ley de Seguridad Nacional fue una recomendación expresa del informe final de la Comisión Nacional de la Verdad.
La nueva ley, sin embargo, sigue siendo una Ley de Seguridad Nacional, centrada en la figura defensiva del Estado.O. De hecho, es necesario proteger al Estado, frente, por ejemplo, a la venta de información secreta por parte de funcionarios públicos a otros Estados. Sin embargo, las reflexiones son necesarias para no repetir errores y vicios anteriores. El PL se propone abordar los delitos contra el Estado de Derecho Democrático. Los debates relevantes sobre seguridad cuestionan la centralidad de la figura del Estado, proponiendo la idea de seguridad humana. En suma, se trata de situar la seguridad de la persona humana (acceso a la escuela, agua, alimentación, información) en el centro de las reflexiones sobre seguridad internacional, ampliando la perspectiva más tradicional (frecuente durante la Guerra Fría) que es basado en la cuestión territorial y la disputa de poder. Bajo la misma lógica ¿Qué es proteger el Estado de Derecho Democrático? El primer artículo de la Constitución 88 tiene una visión amplia del estado de derecho democrático, más cercana a la discusión sobre la seguridad humana, a saber, la defensa de: soberanía, ciudadanía, dignidad humana, valores sociales del trabajo y la libre empresa, pluralismo político.
Los siguientes comentarios se refieren a aspectos de defensa y seguridad, no siendo exhaustivos, sino reflexivos y dedicados solo a tipos criminales. En comparación con el texto de 1983, hay avances, y abordar el tema es particularmente importante en un momento en que se amplía el uso de la ley existente para criminalizar la libertad de expresión, como sucedió con Felipe Neto, o la persecución de opositores políticos, como ocurrió con Felipe Neto. en el caso de Guilherme Boulos.
Pasamos ahora al análisis del texto:
- El texto utiliza términos controvertidos en el ámbito de la defensa y la seguridad, como el concepto de amenaza, añadiéndole en ocasiones un “grave”. No hay amenazas inequívocas y unánimes. Las amenazas son relacionales, o en otras palabras, algo que hace que un individuo o un estado se sienta amenazado no provocará necesariamente el mismo sentimiento en otro. Considerando que las amenazas tienen, al menos parcialmente, un significado subjetivo, significa que el ámbito de aplicación puede volverse demasiado amplio, pudiendo conducir a la criminalización de discursos, actos o signos que supuestamente amenazan al Estado. En resumen, la clasificación de algo como amenaza es eminentemente política. Por lo tanto, es necesario confrontar esta discusión teórica sobre seguridad y defensa internacional /doméstica con la definición de amenazas existente en el código penal. En el código penal, no existe un delito de «amenaza grave». La amenaza del delito consiste en «amenazar a alguien con palabras, escritos o gestos, o cualquier otro medio simbólico, para causarle un daño injusto y grave». Por ello, es un tipo penal en el que hay un amplio margen de interpretación y, por tanto, está muy expuesto a la situación política del Poder Judicial, el único que no está sujeto a la soberanía popular.
- En cuanto al alcance de la filtración de documentos de carácter secreto o ultrasecreto, o la construcción de restricciones al uso de medios telemáticos y digitales, creemos que es necesario pensar en algo que no forma parte del PL, pero tiene implicaciones para ello. Se han realizado ataques contra el importante logro ciudadano que es la Ley de Acceso a la Información. Asimismo, la Ley General de Protección de Datos no ha terminado, y hoy esta área está íntegramente controlada por militares. Uno de los efectos de la militarización del gobierno es el crecimiento de la cultura del secreto, del secreto, dentro de la administración pública. Es necesario que, como en el caso de las actividades de inteligencia, la legislatura considere la necesidad de construir un control externo sobre lo que puede o no ser clasificado como secreto de estado ultrasecreto.
- El texto trata de manera conjunta y comparable los crímenes cometidos por Estados extranjeros y por grupos extranjeros, dos entidades jurídicas y políticas absolutamente distintas, incluso por el imperio del derecho internacional. En este sentido, criminalizar las articulaciones con «grupos extranjeros» para provocar «actos de guerra», especialmente si estos últimos no están bien definidos, puede conducir a un excesivo engrandecimiento del poder punitivo del Estado. Basta pensar que la propaganda o el uso manipulador de información, en algunas perspectivas, puede entenderse como un acto de guerra. Por tanto, no hay espacio para una sola pesa para dos medidas. Es necesario tratarlos de manera diferente, con énfasis en los delitos cometidos por los estados nacionales.
- Las confusiones también están presentes entre los delitos que pueden ser cometidos por particulares, organizaciones privadas o servidores públicos, como en los pasajes que tratan sobre el espionaje y sobre el golpe de Estado. En el texto presentado, hay un área gris en cuanto a la penalización de actividades como el espionaje, y no es exagerado decir que el individuo a veces se superpone al Estado como equivalente.
- El texto utiliza reiteradamente la expresión “poderes legítimamente constituidos”, tributaria de la Constitución de 1967, de la dictadura militar, en lugar de defender la Constitución. En la historia política nacional, existen diferencias significativas entre un poder constituido “legítimamente” y los poderes constitucionales. Por lo tanto, es importante proteger los poderes constitucionales, ya que estos son los poderes legítimos del Estado de derecho democrático.
- En el capítulo sobre insurrección, muchos términos son vagos, como «obstaculizar el ejercicio del poder» o «producir inestabilidad». Aquí, quedan dudas sobre la calificación de estas actividades, abriendo espacio para interpretaciones muy amplias. ¿La clasificación se hará en función de si se tiene o no instrumentos de fuerza, como es el caso de las milicias o los garrotes? ¿Cómo se clasificará la acción de los grupos armados que piden una intervención militar?
- El artículo de conspiración debe retirarse en su totalidad. No es posible criminalizar una intención, no es posible predecir un comportamiento o condenar acciones antes de que suceda. En analogía, equivaldría a justificar las iniciativas unilaterales de Estados Unidos proponiendo guerras preventivas. Lo mismo ocurre con el artículo que trata del sabotaje, que abre múltiples puertas a la criminalización de las denuncias.
- En el artículo que trata del atentado a las autoridades, la individualización del delito que se comete contra las personas y no contra las instituciones es positiva. Por otro lado, atacar la vida o la integridad física son expresiones bien cortadas, pero ¿qué significa atacar la libertad? Las acciones irían desde el secuestro hasta la crítica de las autoridades a través de Internet, ampliando peligrosamente su espectro. Aún así, en este punto, una vez incluido el Procurador General de la República, ¿no sería el caso de incluir a las máximas autoridades de las demás funciones esenciales para la justicia previstas en la constitución – incidencia, incidencia pública y defensa pública? ¿Por qué los excluiríamos?
- En el capítulo que trata de las elecciones, la intención del artículo sobre la violencia política es relevante: proteger el derecho de las minorías políticas a participar en las elecciones, que incluye el derecho a votar, a ser votado e incluso a organizar listas de candidatos. y financiación de campañas. Sin embargo, el texto es superficial y puede dar lugar a múltiples interpretaciones. La generalidad también está presente en el artículo sobre comunicación masiva engañosa, aunque la intención, como la anterior, es encomiable. ¿Qué es información falsa? ¿Quién determina? ¿Hay instancias para apelar la decisión? ¿Criminaliza la posibilidad de interferir en el proceso electoral? ¿Cómo diferenciar la difusión individual de mensajes falsos de la producción y difusión masiva patrocinada por empresas, incluidas las extranjeras? En el texto,
- En el capítulo que trata de los delitos contra autoridades extranjeras o internacionales, sugerimos la inclusión exacta de los términos previstos en la normativa internacional, de la que Brasil es signatario.
La extinción del LSN es una conclusión tardía, pero más vale tarde que tarde, como diría el barón de Itararé, de la exclusión de la seguridad nacional de la seguridad nacional del orden constitucional de 1988. Es este espíritu el que debe ser acogido y preservado en la sujeto.
Fuente: Brasil de Fato
