Por Alfonso Castillo. Resumen Latinoamericano, 20 de abril de 2021.
Como ha venido sucediendo desde hace diez años, se conmemoró el pasado 9 de abril, el Día de la dignidad de las víctimas del conflicto armado en Colombia, la fecha que de acuerdo a lo establecido en la ley 1448⁄11, es un reconocimiento a la memoria del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán y lo que significa para el país su asesinato, como detonante de un conflicto armado que aún no culmina en nuestro país, y con ello, el reconocimiento de millones de víctimas que ese prolongado conflicto armado ha dejado a lo largo y ancho de la historia del país.
De esta manera la institucionalidad entera organiza actividades espectáculo, para “escuchar” a las víctimas especialmente en los escenarios legislativos tanto en el ámbito territorial como nacional, pero más allá de eso, la fecha no significa ninguna reafirmación de los gobernantes para corregir el rumbo de la política de víctimas, a pesar que ello es, lo que millones de afectados gritan diariamente.
No obstante, la existencia normada de la conmemoración el 9 de abril se ha convertido en otro escenario a través del cual, las administraciones municipales, departamentales y nacional, aprovechan para visibilizarse ellas, a nombre de las víctimas, sin que éstas puedan realmente hacer ejercicios democráticos de control político a la implementación de la política pública para la atención a las víctimas.
Entre otras cosas porque, tanto concejales, como diputados y senadores que deben participar de las sesiones plenarias respectivas, no asisten activamente al debate, o como ha sucedido en la más reciente conmemoración, la institucionalidad encargada de la atención a las víctimas, privilegió el desarrollo de escenarios artístico culturales, que por supuesto, son necesarios e importantes, entre otras cosas porque quienes se presentaron en la mayoría de las veces, eran agrupaciones conformadas por víctimas del conflicto armado interno, pero que sin embargo, no dieron la adecuada cabida para que se hiciera un balance necesario y pertinente sobre la implementación en estos últimos diez años de la ley 1448⁄11, o su necesaria proyección, a propósito de la prórroga por diez años en su vigencia, recientemente aprobada.
Más allá de esta consideración, es bueno referirse al marco político al que hoy asisten las víctimas en esta nueva conmemoración, que en todo caso ha quedado reducida a un acto simbólico, en el que justamente los derechos reales y materiales de las víctimas no parecen estar en la agenda y en la preocupación cotidiana de los gobernantes.
Un primer aspecto que es bueno señalar cuando se habla de los derechos de las víctimas y en especial de su reparación, es que hablar de víctimas no se refiere a un hecho del pasado que haya vivido la sociedad colombiana.
Desafortunadamente, la violencia y la guerra, son parte de una realidad presente, que por responsabilidad del gobierno actual se ha profundizado, haciendo que la posibilidad de poner fin al conflicto armado en Colombia sea cada vez más lejana, de esta manera, durante el gobierno del presidente Iván Duque, llama mucho la atención, cómo se invierte en cada vez más recursos para prolongar y profundizar una guerra, que sigue dejando más desplazados, el aumento de las masacres en distintas regiones del país y el sistemático asesinato de líderes, lideresas, constructores de paz, así como, de quienes firmaron el acuerdo de paz.
Hechos estos, que bien se pudieran evitar si el gobierno asumiera el compromiso real para la implementación del acuerdo de paz y se suspenden las acciones que se realizan cada día para impedir su real implementación.
Aparte de este grave hecho, que muestra el actual gobierno y su falta de compromiso con la consolidación de la paz en nuestro país, también es necesario manifestar el poco avance y más bien hablar del retroceso en la política pública de atención a víctimas, esto por supuesto, se puede verificar con las pobres cifras que registra tímidamente la propia Unidad para la Atención a Víctimas (UARIV) y también los entes territoriales, que se han conformado con hacer grandes anuncios, como ha sucedido en la ciudad de Bogotá, con la aprobación de un Plan Desarrollo, y posteriormente con la aprobación del, plan de acción distrital (PAD) que se ha mostrado temeroso a asumir compromisos y metas concretas, quedándose en la superficialidad de los enunciados y el compromiso de impulsar 2 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) urbanos en las localidades de Sumapaz y al sur de la ciudad, los cuales en lo transcurrido de la administración de la alcaldesa Claudia López, no logran ningún tipo de materialización, y los procesos de concertación con las organizaciones de víctimas y los sectores sociales son bastante precarios.
En general, los derechos de las víctimas han asistido a un estancamiento grave en cuanto hace a la posibilidad de ampliar las coberturas y el desarrollo de los enfoques de género y de la garantía de derechos.
Este 9 de abril, las víctimas siguieron manifestando la inconformidad con la falta de compromiso de las administraciones en el impulso de planes y programas concretos que permitan superar el estado de vulnerabilidad y hacer posible la materialización de una reparación integral, que está lejos de concretarse.
Al escuchar a las organizaciones de víctimas que hicieron algún tipo de manifestación, este pasado 9 de abril, se escucha con toda claridad la fatiga de participar en escenarios formales en los que no logra comprometerse a las administraciones territoriales, que podrían garantizar derechos como la educación, la vivienda y las mejores condiciones para acceder a un adecuado y digno derecho a la salud de las víctimas.
Por eso, desde esta tribuna queremos recoger las voces de las víctimas que han señalado con toda justeza que “… con discursos bonitos no logra repararse a las víctimas”, hace falta mayores compromisos y voluntad política por parte de los gobernantes, además de apropiar los recursos económicos suficientes y oportunos para potenciar tanto el pago de las indemnizaciones, así como, el desmonte de las barreras de acceso para las mismas y lograr mejores cifras en el proceso de restitución de tierras, las cuales hasta la fecha muestran el fracaso de la ley de víctimas.
Sin embargo, es muy claro que lograr estas transformaciones en el desarrollo de la política pública, sólo será posible, fortaleciendo los procesos de formación política, organización y movilización de las víctimas, que permita superar esa fase asistencialista que no lleva sino al conformismo y a la cooptación por parte de las instituciones.
Finalmente señalar que las víctimas, deben asumir un mayor compromiso en ese escenario de movilización de los sectores sociales y populares contribuyendo al éxito de la realización de la jornada de movilización convocada para el próximo 28 de abril y así mismo, participar activamente levantando las consignas de las víctimas en la movilización histórica del día internacional de la clase obrera, el primero de mayo.
Fuente: Sur.org.co
