Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2021.
El lunes, la Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico presentó un comunicado de prensa donde expusieron los resultados del estudio realizado en 2020 donde se evidencia daño genético (con niveles que triplican aquellos considerados de referencia nacional e internacional) y presencia de Glifosato en orina, en niños de entre 5 y 13 años. Más de 5 años de lucha colectiva, organización comunitaria y data dura científica parecen no alcanzar ni a la Justicia ni al Estado cordobesista, que envenena a sus ciudadanxs y prioriza el negocio de uxs pocxs ante la salud de lxs vecinxs.
Es sabido que la lucha por el derecho a vivir en ambientes que no nos envenenen no es nueva en toda esta provincia donde los tres poderes del Estado schiarettista se encargan de minimizar y postergar la salud de las personas frente a los agronegocios. Específicamente en Dique Chico, les vecines hace más de 5 años que resisten y denuncian la grave situación que atraviesan en la localidad ubicada en el valle de Paravachasca.
A principios del año pasado, lxs 
Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico pidieron al equipo dirigido por la Dra. Delia Aiassa que llevara a cabo un estudio de Genotoxicidad y análisis de muestras en orina, para detectar si existía daño genético y si había presencia de uno de los componentes más frecuentemente utilizados en la producción agroindustrial en nuestro país: Glifosato y su metabolito ‑AMPA- . El estudio fue llevado a cabo en niñxs de entre 5 y 13 años de edad, habitantes de la Comuna de Dique Chico, en dos etapas de muestreo, en momentos de alta y baja frecuencia de pulverizaciones con agrotóxicos en zonas aledañas al pueblo.
Los resultados son terminantes: las 20 muestras recolectadas en febrero ‑en momentos de alta frecuencia de exposición a agentes genotóxicos- evidencian un daño genético con niveles que triplican, en la mayor parte de los casos, aquellos considerados de referencia en la bibliografía científica, tanto nacional como internacional. El llamado “daño genético” se advierte ‑aunque con diferencias- en ambos muestreos, en febrero y en noviembre. “Nuevamente, altos niveles de rotura en el material hereditario de las células de nuestros hijos (daño genético) dan cuenta de la exposición a agentes genotóxicos ambientales (agrotóxicos) y sus efectos concretos en quienes habitamos este pueblo del Sur de Córdoba. A esto se suma la detección, con indicadores realmente alarmantes, de Glifosato y AMPA en orina en 33% de las muestras requeridas para la primera fase del estudio durante 2020” expresan lxs vecinxs en el comunicado.
“Siento profundo dolor, no solamente por lo que implican estos resultados en nuestras vidas o a nivel personal, sino por la incertidumbre que genera saber que las fumigaciones revisten un daño ‑a veces visible y otras silencioso- en nuestros cuerpos y el de nuestrxs hijxs. Pienso que la justicia no ha demostrado accionar con seriedad sobre una problemática tan concreta y urgente, que atraviesa nuestras vidas en múltiples formas” dice Diana Hernández, vecina de la zona, en diálogo con La tinta. Es esto lo que se respira en la localidad ubicada a 50 km de la capital cordobesa: dolor y desprotección.
La preocupación de lxs pobladorxs de Dique Chico por la continuidad de las fumigaciones y sus efectos sobre la salud humana, es honda y nos duele a todxs. El Estado no solo hace oídos sordos, sino que es cómplice y protagonista de esta dolorosa verdad, como expresan lxs vecinxs, que denuncian “la completa desprotección de nuestros derechos colectivos desde el momento en que la Cámara 2° en lo contencioso-administrativo dispusiera en 2017 ‑a pedido de productores locales‑, la suspensión de la Resolución 242⁄17, que establece: 1) la creación de una Zona de Resguardo Ambiental de 1000 m a partir del límite exterior o más extremo de la planta urbana, así como también de la Escuela Bernardo de Monteagudo y Jardín de infantes Mariano Moreno – Anexo Bajo Chico, ubicados aproximadamente a 1,5 km del pueblo; 2) la prohibición dentro de dicha zona de utilización de productos químicos destinados a la pulverización y/o fumigación o fertilización agrícola, excepto aquellos destinados a la agricultura orgánica o agroecológica”.
En el comunicado se detalla que las medidas tomadas por la Cámara en 2018 (a raíz de un primer informe de la Dra. Aiassa) fueron confirmadas por el Tribunal Superior de Justicia el pasado 13 de abril, solamente limita las pulverizaciones cerca de la escuela ‑ubicada distante del pueblo- dejando así sin protección a les niñes en sus hogares. “El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba es engañoso. A la fecha nada cambió, nuestros derechos no han sido protegidos y seguimos siendo fumigados alrededor de nuestras casas en la misma forma de siempre” se afirma en el documento.
Jamás tendrán la comodidad de nuestro silencio
Diana hace hincapié en algo fundamental: “la organización y la lucha son primordiales para salir del silencio, para reflexionar y encontrar respuestas colectivas en este panorama adverso en donde todo parece ser incuestionable”. La vecina de Dique Chico rescata, en este sentido, el apoyo de profesionales comprometidxs con la ciencia digna, y menciona las redes amorosas que sostienen y animan a seguir resistiendo.
“Me refiero a las redes que nos ayudan a encontrar respuestas allí donde el Estado sostiene una maquinaria que solo busca reproducirse a sí misma. Nos deben explicaciones sobre tamaña vulneración de derechos que están avalando al dilatar la resolución de una causa que solo busca defender la vida y la salud de las personas. La justicia y el Estado están en deuda con nuestras hijas e hijos, por seguir sosteniendo formas de producción que envenenan nuestros días e hipotecan nuestro futuro”, enfatiza Diana, en nombre de Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico.
Las preguntas que lxs vecinxs y sus abogadxs son: “¿Cómo explicar que hace más de 4 años la Justicia de Córdoba tuvo entre sus manos la posibilidad de proteger sus derechos y los nuestros; y para no alterar el statu quo del poder, mantuvo el secreto a voces suspendiendo la única herramienta de protección que velaba por nuestra vida y nuestra integridad como seres humanos? ¿Cómo vamos a explicar al mundo entero lo que significa para nosotras y nosotros perder vecinxs, amigxs y saber que quienes pudieron hacer algo no hicieron nada para cambiar este orden de cosas que nos cuesta la vida y la salud cada día?”.
Son, como dicen ellxs, más de 5 años de lucha sostenida, de compromiso inclaudicable y resistencia colectiva, de intentos de romper con la estigmatización y la desinformación.
“Exigimos a la Justicia de Córdoba la inmediata protección de todos los habitantes del pueblo con la puesta en vigencia de la Resolución 242⁄2017 de la Comuna de Dique Chico. Denunciamos al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba y a sus agentes fiscalizadores, por la complicidad y protección de los intereses del agronegocio en nuestro pueblo, en detrimento de la salud de toda la población, incluidos aquellxs más vulnerables: nuestrxs hijxs. Por ellxs, por todos, les decimos: Jamás tendrán la comodidad de nuestro silencio”, concluyen.
Fuente: La tinta
