El Gobierno estatal ‑bajo la excusa de acelerar el proceso de vacunación- está ultimando un convenio de colaboración con las empresas privadas para poner las capacidades logísticas y el personal sanitario de estas últimas a disposición de las comunidades autónomas para vacunar durante los próximos meses. A nadie se le escapa que dicho servicio se lo harán las empresas privadas a cambio de una compensación económica, evidentemente.
Este lunes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, lo ha dicho en una entrevista en la que ha asegurado que las mutuas de accidentes de trabajo “tienen personal sanitario y locales que podrían ponerse a disposición de las autoridades sanitarias de las comunidades si así lo consideran conveniente”, según declaraciones recogidas por Efe. Además, Escrivá ha añadido que esta posibilidad de colaborar en el proceso de vacunación “podría ser incluso vinculado al ámbito empresarial”.
Mientras los problemas estos meses han sido la cantidad de dosis recibidas, las dudas sanitarias que están generando ciertas vacunas o que se estén infrautilizando los servicios sanitarios públicos, Escrivá está pensando en que la sanidad privada haga caja a costa del dinero público.
Francisco Vílchez
Andaluz de Granada (1980). Grado en Humanidades en la UGR. Pluriempleado en el sector servicios y aficionado a hablar de lo que la prensa no dice ni pío.
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