El 27 de enero Biden aprobó un “Decreto ejecutivo para afrontar la crisis climática en el país y en el extranjero”. Su gobierno pretende “situar la crisis climática en el centro de la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos”.
El decreto convierte las emisiones de CO2 en cualquier parte del mundo en una cuestión de seguridad nacional de Estados Unidos. La próxima Estimación Nacional de Inteligencia proporciona la base para que el aparato de seguridad nacional de Estados Unidos imponga sus políticas climáticas a escala mundial.
Cualquier construcción de una nueva autopista, oleoducto, fábrica o central eléctrica en un país en desarrollo que suponga un aumento de las emisiones de CO2 podría considerarse como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Entonces el gobierno estadounidense queda autorizado a intervenir, o incluso obligado a detener esos proyectos. El imperialismo “verde” se convierte así en un deber del gobierno estadounidense. Merece la pena tener en cuenta la magnitud de las intervenciones y los conflictos que pueden surgir.
Como dijo Obama, Estados Unidos tiene una serie de herramientas a su disposición para imponer sus objetivos climáticos al mundo. Biden ya está hablando del uso de aranceles, impuestos o cuotas sobre los productos intensivos en carbono de los países que no cumplen con sus obligaciones climáticas y medioambientales.
El clima proporcionará a Estados Unidos una excusa para perseguir los objetivos proteccionistas iniciados por Trump con otros pretextos. Como dijo Biden durante su campaña, “no se permitirá que los países que no cumplan con sus responsabilidades climáticas erosionen el progreso mundial con productos de carbono sucios y baratos”. El boicot a los “productos de carbono sucios” es, pues, una forma de “proteger los empleos estadounidenses”.
Los objetivos climáticos justifican ampliamente todas las formas de intervención en la política interna de los países, incluso mediante el apoyo a determinados partidos, movimientos sociales y ONG seudoecologistas.
En nombre de la salvación del planeta, Estados Unidos considera que tiene derecho a dictar a otros países las instalaciones industriales e infraestructuras que pueden o no pueden financiar y construir.
El objetivo es China, una vez más
El decreto ordena a los secretarios de Estado, del Tesoro y de Energía, y a los directores de otros organismos públicos, en consulta con el asistente del presidente para asuntos de seguridad nacional, “identificar medidas mediante las cuales Estados Unidos pueda promover el fin de la financiación internacional de la energía de los combustibles convencionales con alto contenido de carbono”.
China es el objetivo número uno de su política exterior centrada en el clima porque tiene previsto desarrollar más de 250 gigavatios (GW) de energía de carbón, con 97 GW ya en construcción. Este total de 250 GW equivale aproximadamente a toda la capacidad energética de carbón de Estados Unidos, que Biden se ha comprometido a cerrar.
En la campaña electoral, Biden dijo: “Dirigiré un esfuerzo diplomático para conseguir que cada nación vaya más allá de su compromiso original” para reducir las emisiones de CO2. “Esto es especialmente cierto en el caso de China, que es con diferencia el mayor emisor de carbono del mundo. No sólo nos aseguraremos de que sus líderes reduzcan la producción de carbono en casa, en su país, sino que nos aseguraremos de que dejen de financiar miles de millones de dólares en proyectos de combustibles convencionales sucios en toda Asia”.
Muchos de los proyectos patrocinados por China en el marco de su iniciativa “Belt and Road” implican la construcción de centrales eléctricas e infraestructuras con combustibles convencionales.
Los bancos chinos son la principal fuente de financiación de las centrales eléctricas de carbón en todo el mundo. Las finanzas y empresas chinas participan en al menos 240 proyectos de carbón en países del Tercer Mundo, entre ellos en Vietnam, Bangladesh, Pakistán, Kenia, Ghana, Malawi, Zimbabue, Egipto, Tanzania y Zambia.
Mantener el subdesarrollo del Tercer Mundo
Los países en desarrollo necesitan energía y están desarrollando su infraestructura de combustibles convencionales. La construcción de oleoductos y gasoductos es una clara muestra de ello. India tiene más de 21.000 kilómetros de oleoductos previstos o en construcción, los países africanos tienen más de 33.000 kilómetros y América Latina más de 13.000 kilómetros. La longitud total de los oleoductos y gasoductos previstos o en construcción en la región de Asia-Pacífico (incluida China) duplica la longitud del ecuador de la Tierra.
Los oleoductos y gasoductos han desempeñado durante mucho tiempo un papel en las tensiones entre Estados Unidos y Rusia (y antes, la Unión Soviética). El más importante, por supuesto, es el proyecto North Stream 2 que conecta Rusia y Alemania, que Trump y ahora Biden se han comprometido a detener.
Rusia es otro de los grandes perdedores en la reducción de las emisiones de CO2 de sus clientes de petróleo y gas. Los combustibles convencionales representan el 60 por ciento de los ingresos de exportación de Rusia y cerca del 30 por ciento de su PIB.
Al asumir el papel de “ejecutor» de la política climática, Estados Unidos entrará en conflicto con los intereses de muchos países. Casi todos los países de Oriente Medio dependen de las exportaciones de petróleo.
Otros países que dependen de los combustibles convencionales para obtener más del 50 por ciento de sus ingresos de exportación son Angola, Argelia, Azerbaiyán, Brunei, Colombia, la República del Congo, Gabón, Nigeria, Sudán, Turkmenistán y Venezuela.
Muchos países en desarrollo obtienen importantes ingresos de la exportación de combustibles convencionales y muchos tienen reservas de combustibles convencionales que se consideran parte de su riqueza nacional.
Estados Unidos intenta detener estos proyectos en nombre del clima. Trata de obligar al Tercer Mundo a renunciar a billones de dólares de infraestructuras de combustibles convencionales en funcionamiento y, al mismo tiempo, a pagar una tasa por nuevas infraestructuras. En definitiva, trata de mantener a buena parte del mundo en un estado de dependencia, a merced de la caridad y las subvenciones de las grandes potencias.
Por Juan Manuel Olarieta para 
Mpr21.
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