La pereza y el servilismo de la Junta (ya esté gobernada por PSOE y sus socios o por el PP y los suyos) hacia las multinacionales y la oligarquía perjudica a los andaluces. Es un hecho que comprobamos de forma periódica. Un nuevo caso es el que acaba de evidenciarse con el acuerdo firmado entre la compañía Endesa, cuyo origen en Andalucía se remonta al siglo XIX a través de la Compañía Sevillana de Electricidad, y la Generalitat catalana.
Endesa ya ha anunciado que no tiene previsto facilitar las ventajosas condiciones que ha acordado con la Generalitat de Catalunya y que beneficiaría a decenas de miles de familias andaluzas. La compañía ha asegurado –según señala Andalucía Información– que el acuerdo alcanzado con la Generalitat ha sido posible únicamente porque en Cataluña existe un marco legal inexistente en Andalucía. Es decir, porque existe la Ley 24⁄2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento catalán en 2015 para paliar los efectos de la devastadora recesión económica provocado por la crisis de 2008.
El Gobierno catalán y la compañía energética acordaron condonar recientemente la deuda a 35.518 familias en riesgo de exclusión de la comunidad. Gracias a este pacto, muy aplaudido por las autoridades públicas y por la dirección de Endesa, la compañía cancela 38,7 millones de euros de deuda procedentes de facturas impagadas por familias catalanas desde 2015. Endesa asume todos los impagos generados entre 2015 y 2018. Además, se hace cargo de la mitad de la deuda de 2019 y 2020, mientras que la otra mitad la asumirá la Generalitat (un 75%) y las administraciones locales (un 25%). Endesa perdona así más de 28 millones de euros a miles de familias catalanas.
Además, según el pacto aprobado, cuyo fin último es acabar con la pobreza energética en Cataluña, la deuda que se genere por nuevos impagos de familias vulnerables a partir de 2021 la asumirá Endesa y las administraciones a partes iguales. Endesa también se compromete a hacer una “promoción activa” del bono social y ofrecer auditorías energéticas gratuitas.
Actualmente, en Andalucía hay unas 186.000 familias acogidas al Bono Social muchas de las cuales podrían beneficiarse de esta medida. Pero se ve que quienes gobiernan la Junta (ahora y en 2015) están más preocupados por llevarse bien con las eléctricas que en trabajar para el Pueblo Andaluz y no han tenido tiempo de redactar una ley similar.
Francisco Vílchez
Andaluz de Granada (1980). Grado en Humanidades en la UGR. Pluriempleado en el sector servicios y aficionado a hablar de lo que la prensa no dice ni pío.
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