Gerardo Magallón /Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2021
La toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) por la comunidad otomí radicada en la Ciudad de México cumple hoy seis meses, tiempo en el que, relatan quienes mantienen la ocupación, han trasladado su vida comunitaria y autonomía a la sede institucional.
“Antes la mujer tenía que hacer las tortillas, ahora estamos rompiendo con ese patriarcado, por eso ahora hombres y mujeres nos ayudamos equitativamente y hacemos nuestros quehaceres por iguales”, señala Alejandra Toribio, integrante de la comisión que sostuvo un encuentro con el gobierno de la Ciudad de México para exigir sus demandas de vivienda digna, sin que hasta ahora se tenga ninguna resolución.
Entrevistados en la sede a la que desde hace seis meses no puede ingresar su titular Adelfo Regino Montes, relatan que “la mayor parte del trabajo lo han hecho las mujeres. Es parte de la política de la comunidad, que ellas salen al frente, porque con todo el trabajo que han hecho se merecen un respeto”.
“Estamos organizados en comisiones de limpieza, de cocina y hasta de consultorio… Más o menos estamos viviendo bien porque en los campamentos teníamos goteras y cuando hacía frío nuestros hijos sufrían. El beneficio que tenemos aquí es que tenemos agua y pues nuestros campamentos no teníamos ni agua ni drenaje”, comenta Alejandra Toribio.
Los otomís que participan en esta protesta son habitantes de campamentos instalados en predios abandonados desde el terremoto de 1985, Zacatecas 74 y Guanajuato 209, así como el de la calle Roma 18, casa dañada en el sismo del 2017, y a quienes desde entonces se les ha negado una vivienda digna.
La construcción de la autonomía al interior de la sede del INPI no sólo está cimentada en el trabajo equitativo entre hombres y mujeres, también, explican, tiene firmes raíces en la solidaridad con otros movimientos sociales, como estar al lado de las comunidades de Puebla, Tlaxcala y Morelos durante las protestas contra la termoeléctrica de Huexca, en Morelos.
El pasado noviembre la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México anunció una posible expropiación de Zacatecas 74 para la construcción de las viviendas demandadas, luego de que la comunidad otomí se negó a negociar incendiario mobiliario y papelería del INPI. Desde la declaración no hay ningún avance ni nuevos contactos con dichas autoridades.
“A lo mejor ellos apuestan por el desgaste y nosotros desde aquí les decimos: no nos vamos a cansar, les hemos dicho y les seguiremos diciendo que para nosotros, como pueblo y como comunidades hablantes de una lengua materna ancestral, no conocemos el cansancio, no conocemos el desgaste”, sostiene Isabel Valencia, vocera de la comunidad en distintos momentos de la toma pacífica.
FUENTE: desInformemonos