Por Natalia Aruguete. Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2021.
Entrevista a Luciano Wexell Severo, profesor de Economía, Integración y Desarrollo en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, Brasil. Describe un cuadro general terrible para la principal potencia de América Latina. Afirma que el desmanejo de la pandemia por parte del Gobierno de Jair Bolsonaro, a lo que se suma una estrategia económica neoliberal, «están transformando a Brasil en una gran hacienda».
Brasil se está hundiendo en un escenario pandémico alarmante: registra más de un cuarto de las víctimas fatales del planeta por coronavirus , con más muertes que nacimientos en abril. La pandemia aceleró una caída de la economía que se había iniciado en 2015, provocada en parte por la descoordinación entre los estados que integran el gigante sudamericano, con profundos efectos socioeconómicos.
En 2020, la retracción fue del 4 por ciento del Producto Interno Bruto y el número de desocupados llegó al 13,5 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA). A esos 14 millones de personas que están actualmente sin trabajo se suman otros 5,8 millones de desalentados, que desistieron de buscar empleo y no aparecen en esa estadística.
“La falta de estímulo por parte del Gobierno frente a los efectos de la pandemia están transformando a Brasil en una gran hacienda”, advierte el economista brasileño Luciano Wexell Severo, en una crítica encendida a la respuesta sanitaria del gobierno de Jair Bolsonaro frente a la covid-19.
Natalia Aruguete.- ¿En qué sectores de la economía brasileña fue más fuerte el impacto de la pandemia?
Luciano Wexell Severo.- En realidad, debemos decir que desde el 2014 se presenta una marcada caída de los precios internacionales de los principales bienes que exporta Brasil y eso ha generado una primera turbulencia. El gobierno de Dilma Rousseff perdió la batalla surgida del fuerte debate que tuvo lugar, durante su gestión, entre un intento de keynesianismo avergonzado brasileño y el liberalismo. Eso se consolidó en el 2016 con la salida de Dilma. Durante el gobierno de Temer, después de 11 años, los salarios reales no crecieron y el poder de compra de los trabajadores cayó. A su vez, el Lava Jato, una campaña judicial, mediática y parlamentaria en contra del Gobierno federal de entonces, paralizó la construcción civil porque las denuncias de corrupción cayeron exactamente encima de empresas como Odebrecht, Camargo Corrêa, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao, OAS.
Natalia Aruguete.- ¿La crisis por el coronavirus profundizó la debacle?
Luciano Wexell Severo.- Desde entonces, la economía brasileña sufre un gran frenazo. Desde 2014 se ha generado 4,4 millones de desempleados y pérdidas de 170 mil millones de reales en inversiones. Así que la pandemia intensificó una situación que ya se venía dando. Estos ajustes significaron un impacto muy fuerte en la generación de empleo y el poder de compra del salario, a lo que se agregó la agenda de flexibilización laboral, de disminución de derechos como la licencia por maternidad, el ajuste en la jubilación, y una afectación en el sector de las empleadas domésticas.
Crisis política
Natalia Aruguete.- Un rasgo notable del 2020 en Brasil fue la descoordinación entre el gobierno federal y los Estados respecto de la respuesta sanitaria a la covid-19. ¿Cómo repercutió esa dinámica en términos económicos?
Luciano Wexell Severo.- A la falta de coordinación entre el gobierno nacional, los gobiernos estatales y las alcaldías se sumó la negación de la pandemia por parte del presidente Jair Bolsonaro, todo lo cual significó un gran problema. Existen 27 Estados y entre ellos hay un mapa de conexiones que constituye una cadena de valor en la economía. Hay un flujo de insumos desde el Sur, sobre todo del centro-oeste de Brasil hacia el Sudeste. A ese problema de flujo interno hay que agregarle el de los puertos. En definitiva, no hubo una orientación clara de parte del gobierno nacional y eso generó malestar. Por ejemplo, un gobierno local decide cerrar la ciudad, cerrar el comercio y que los niños no vayan a la escuela; en paralelo, hay un decreto nacional que dice que eso no se puede hacer. La pesadilla sanitaria derivó en una guerra política entre gobernadores.
Natalia Aruguete.- ¿Entre qué dirigentes políticos se instaló la principal discrepancia?
Luciano Wexell Severo.- El representante máximo de la vertiente democrática y liberal de Brasil es el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria. Hoy hay una guerra abierta entre el gobierno federal y el mandatario de Sao Paulo, que es la región donde se concentra poco más del 30 por ciento de la producción nacional, donde está el corazón de la ciencia y la tecnología, donde tienen lugar las grandes industrias y donde se ubica la producción de vacunas en manos de un instituto público, que en su momento también se intentó privatizar. En el marco de tamaña crisis, se cambió tres veces de ministro de Salud.
Natalia Aruguete.- Bolsonaro decidió retomar los subsidios a los sectores más empobrecidos pero con un gasto menor al destinado en 2020. ¿En qué medida la política de subsidios versión 2021 logrará moderar la crisis social que se vive en Brasil?
Luciano Wexell Severo.- Hay que recordar que durante el gobierno de Temer se votó la ley llamada “Techo del Gasto Público”, es decir que el Estado no puede gastar más de lo que recauda y los gastos no pueden ser mayores que la inflación del año anterior, durante 20 años. El argumento para justificar la sanción de esa norma fue el supuesto alto endeudamiento del Estado y la irresponsabilidad de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), que habían hecho ‑decían- “populismo macreconómico”. Lo cual tampoco era cierto porque durante el período en que gobernó Luiz Inácio da Silva, el Estado recaudaba más de lo que gastaba. El ajuste fiscal ampliado con esa ley está generando un problema de imposible solución si no se rompe con ese “techo”. Además, provocó una fuerte demora en la reacción del gobierno frente a la pandemia.
Natalia Aruguete.- ¿Se refiere a una demora en la decisión de hacer política social?
Luciano Wexell Severo.- El auxilio de emergencia por parte del Estado se implementó casi tres meses después del inicio de la pandemia. El gobierno de Bolsonaro propuso pagar 280 reales, pero gracias al debate que se dio en el Parlamento se empujó ese monto a 600 reales que fueron percibidos por casi 70 millones de personas. Esta cantidad de perceptores revela que Brasil es hoy un país extremadamente pobre.
Crisis social
Natalia Aruguete.- ¿Dónde se ubica la línea de pobreza en Brasil?
Luciano Wexell Severo.- El Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socioconómicos calculó para marzo de 2021 en 5300 reales una canasta para una familia de 2 adultos y 2 niños. Es decir que esas casi 70 millones de personas percibieron poco más del 11 por ciento de lo necesario para llegar a fin de mes con los gastos de alimentación, vivienda, salud, educación, vestimenta, higiene, transporte, ocio y previsión social. El subsidio fue otorgado hasta diciembre de 2020 cuando se dejó de pagar.
Natalia Aruguete.- ¿Con qué argumento?
Luciano Wexell Severo.- Que ese auxilio fue cobrado por gente a la que no lo correspondía y, al mismo tiempo, amparados en que había un “techo de gastos” y que el Estado se había quedado sin recursos. Y esa falta de recursos se justificó, además, con la retracción de la economía y la caída en la recaudación.
Natalia Aruguete.- Pero ahora el Gobierno volverá a entregarlo.
Luciano Wexell Severo.- Sí. Propuso 150, 250 o 375 reales dependiendo de la familia, limitado a un solo beneficio por familia ‑entre 3 y 7 de lo que sería la canasta- a sólo 39 millones de personas.
Natalia Aruguete.- ¿Cuánto retrocedió PIB como consecuencia de la pandemia?
Luciano Wexell Severo.- Cayó 4 por ciento porque existió ese auxilio de 600 reales; de lo contrario podría haber caído mucho más. La crisis se arrastra de los últimos cinco años potenciada con la pandemia y la falta de estímulos por parte del Gobierno. Brasil se está transformando nuevamente en una gran hacienda. Hemos retrocedido 100 años, a la época en la que el país vendía hierro, caña de azúcar, café. Se está sometiendo a la lógica de los grandes exportadores. El gobierno de Brasil le dio la espalda al Mercosur: a Argentina, a Paraguay y a Uruguay. Les dio la espalda a los países que nos compran productos manufacturados.
Crisis laboral
Natalia Aruguete.- A partir de los efectos en el sector económico que mencionaba antes, ¿cuánto aumentó el desempleo?
Luciano Wexell Severo.- El desempleo también venía en aumento desde el 2014 por el ajuste fiscal. En 2015 había nueve millones de desempleados, alrededor del 9 por ciento de la Población Económicamente Activa. A la pandemia se puede atribuir poco menos de dos millones de personas que han quedado sin empleo, así que hoy el desempleo se ubica cerca del 14 por ciento. A eso se suma que, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la mitad de los brasileños (104 millones de personas) vive con 400 reales mensuales, el 35 por ciento de un salario mínimo. Mientras, el 1 por ciento más rico (2 millones de personas) tuvo un renta promedio de 16.000 reales. El poder adquisitivo de la mitad de los brasileños se deteriora, además, frente a una inflación oficial calculada en el 4,5 por ciento, que es muy discutible. Pero esta tasa de desempleo cuenta sólo una parte de la situación.
Natalia Aruguete.- ¿Qué otro aspecto queda oculto?
Luciano Wexell Severo.- Hay 14 millones de desempleados pero las leyes laborales implementadas en 2016 derivaron en un alto nivel de subempleo y de “uberización” de las relaciones laborales. En Brasil, 43 por ciento de los trabajadores son informales. Además hay unos 5,8 millones de personas que desistieron de buscar empleo. Ese número no se contabiliza en el índice de desocupación. De hecho, cuando se empezó a entregar el auxilio de emergencia el Gobierno admitió que descubrió a muchos brasileños que no estaban registrados.
Crisis sanitaria
Natalia Aruguete.- El año pasado, se estimó una transferencia muy significativa de recursos públicos hacia el sistema de salud privada para afrontar la pandemia. ¿Cómo se está dando ahora esa dinámica?
Luciano Wexell Severo.- Existe el Sistema Único de Salud (SUS) desde fines de la década de 1980. No existe una estructura semejante en el planeta que tenga capilaridad en los 5600 municipios pertenecientes a los 27 Estados. Sin embargo, las familias de clase media, por lo general, se pasaron al sistema de salud privado.
– ¿Por qué?
Luciano Wexell Severo.- Creo que por la disminución del gasto público no sólo en Salud, sino también en Educación, en Ciencia y en Tecnología. El SUS está al borde del colapso, de allí la vuelta a las instituciones privadas de salud por parte de la población que puede pagar esa prestación.
Natalia Aruguete.- En este marco, el Congreso aprobó la autorización para que empresas privadas compren vacunas contra la covid-19. ¿Se trata de una continuidad de esa privatización o se relaciona con otro tipo de decisión política?
Luciano Wexell Severo.- La comercialización de la vacuna por parte del sector privado cambia completamente el escenario. Las empresas privadas y los laboratorios podrán comprar vacunas a los productores o importarla para ponerla a disposición de sus beneficiarios. Esto puede crear una mafia. Es decir, algo que parecía imposible se transforma en algo tan concreto como la mercantilización de las vacunas, lo que rompe completamente con la concepción del sistema de salud público de Brasil.