Por Santiago Bastos Amigo. Resumen Latinoamericano, 25 de mayo de 2021.
Compartimos el texto de la presentación de Santiago Bastos en el Conversatorio «Los actores indígenas, dos décadas de procesos políticos», desarrollado el pasado jueves. Con ello damos inicio a la publicación periódica de presentaciones que se hagan en el Ciclo La política indígena en la Guatemala del despojo. Sujetos y procesos en un Estado cooptado.
Después del genocidio sufrido en los años 80 del siglo XX, la firma de la paz supuso la posibilidad de que los actores políticos indígenas de Guatemala retomaran el camino iniciado en los 70 hacia la autodeterminación y la lucha por sus derechos. El cambio de siglo supuso la inserción de la economía en los circuitos globales del extractivismo, y la defensa del territorio desde bases comunitarias se convirtió en el inicio de un nuevo ciclo de movilización para la búsqueda y construcción de la autonomía en un contexto de precarización económica y de degradación del sistema político.
Una vez iniciada la democratización restringida, ya desde antes de la firma de la paz en muchos lugares se empezaron a recomponer las autoridades comunitarias habían sido muy golpeadas por la violencia estatal. Se fueron rearmando tramas comunitarias, tanto por la comunitarización de las estructuras estatales de nivel submunicipal – como los Comités de Desarrollo Comunitario, COCODEs‑, como por la rearticulación de estructuras y la reaparición pública de figuras como alcaldes indígenas, especialistas religiosos, terapeutas, y otras autoridades de muy diverso tipo que se encargan de rearmar las lógicas corporativas de unas comunidades muy golpeadas y desarticuladas.
Estas autoridades rearticuladas conciben y realizan sus labores dentro de los argumentos de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de las lógicas autonómicas que se desplegaban en esos momentos alrededor de la figura del Pueblo Maya. Desde esta perspectiva, se ponen en marcha en las comunidades procesos de recuperación activa del derecho maya, la espiritualidad maya o la terapéutica maya, por ejemplo.
Cuando a partir del cambio de siglo empiezan a hacerse presentes las actividades extractivas, estos procesos comunitarios convergen con los de cuestionamiento al neoliberalismo, y a partir del año 2005 se ponen en marcha una serie de “consultas comunitarias de buena fe” autoconvocadas por las propias comunidades y basadas el código municipal y, sobre todo, en el Convenio 169 firmado por Guatemala en pleno proceso de paz y multiculturalismo. Se llegan a realizar consultas en 100 municipios y casi un millón de personas se involucran en esta movilización cívica. En todos los lugares en que se convoca, arrasa la oposición a la puesta en marcha de actividades extractivas en sus territorios.
Estas consultas se realizan a nivel municipal, pero el proceso de organización es siempre comunitario, llevado por autoridades e instituciones comunitarias, siguiendo las lógicas comunitarias y, al mismo tiempo, reforzando con ello la rearticulación de todo ese tejido comunitario que había sido tan golpeado. Cuando las empresas las instancias públicas fueron desconociendo uno por uno estos ejercicios de participación cívica, el ejercicio de la consulta se va reclamando como una práctica propia de toma de decisiones como pueblos indígenas.
De esta manera, la consulta se convirtió, al mismo tiempo en un emblema y en una práctica autonómica en sí misma, que se va haciendo a través de las propias capacidades y posibilidades de las comunidades en sí.
Pese a esta demostración de oposición, los sucesivos gobiernos apoyaron la llegada de empresas transnacionales que, aliadas al capital local, empezaron poner en marcha actividades extractivas ‑mineras, hidroeléctricas y cultivos agroindustriales sobre todo- que son resistidas por las comunidades provocándose la generalización de conflictos socioambientales por todo el país. Dada la forma de llegar, prácticamente en todos los lugares en donde se iniciaba una activad extractiva, se organiza resistencia contra ella.
Continuando la lógica de las consultas, la defensa del territorio en Guatemala es llevada desde unas instancias comunitarias renovadas. Lo mismo ocurre con otros procesos como la búsqueda de justicia a través de juicios a los responsables del genocidio de los 80; o la resistencia la privatización de la energía eléctrica. Toda esta movilización es respondida desde el Estado con criminalización, intimidación, represión y muerte.
Toda esta movilización comunitaria impacta en la política maya, inaugurando un nuevo ciclo de lucha. Desde la segunda mitad de los 70, las luchas indígenas se habían llevado sobre todo desde organizaciones de carácter y alcance nacional. Las comunidades se movilizaron apoyando a las organizaciones campesinas, revolucionarias o indígenas y después las de derechos humanos y organizaciones mayas que surgieron al calor del proceso de paz. Todas estas perdieron protagonismo una vez firmada la paz y puesta en marcha la versión guatemalteca del multiculturalismo.
El descrédito de este modelo de reconocimiento y quienes lo apoyaron entre los mayas; la reconstitución de las autoridades comunitarias y las formas que hemos visto de defensa territorial hicieron que a partir de 2005 y sobre todo 2010, las comunidades organizadas se convirtieran en el motor de las luchas por los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala.
Como consecuencia, de los actores políticos indígenas que habían estado activos durante los años previos, sólo permanecen con fuerza y presencia real aquellos que se ligan a esta movilización comunitaria, como el CUC ‑Comité de Unidad Campesina, activo desde los años 70’s y se reconstituye convirtiéndose en el eje de la Coordinadora Nacional Maya ’Waqib´Kej’. La fuerza de la represión obliga a las comunidades organizadas a través de las consultas a iniciar procesos de coordinación territorial que son la base de los nuevos actores de carácter regional y nacional. Un conjunto de ellas se agrupa en consejos que se unen en el Consejo de Pueblos de Occidente, después Consejo de Pueblos Mayas –CPO‑, que busca ser el representante de esta comunidades en lucha a nivel nacional. Pero al mismo tiempo surgen otras agrupaciones territoriales de comunidades que actúan por su cuenta. Así en el oriente del país surge el Parlamento Xinka y en el extremo noroccidental el Gobierno Ancestral Plurinacional Akateko, Chuj, Popti’ y Q’anjob’al. Por otro lado, el Comité de Desarrollo Campesino –CODECA- después de muchos años de trabajo regional, decide oponerse frontalmente a la privatización de la energía eléctrica a través del no pago del servicio y logran una presencia activa en comunidades de todo el país.
Por fin, otro actor que surge de este proceso de rearticulación a partir de las movilizaciones comunitarias son las autodenominadas autoridades ancestrales, autoridades comunitarias de diverso origen y trayectoria, que también se agrupan territorialmente y a través de la Asociación de Autoridades Ancestrales adquieren una importante presencia en la política indígena.
Así, llegado el año 2015, la política indígena es muy diferente a la del cambio de siglo. En estos 15 años, las comunidades se han convertido en sujetos básicos de los procesos autonómicos y han avanzado territorialmente, generando coordinaciones como pueblos. Esta figura política no se había desarrollado por el intento panindígena de crear una identidad como Pueblo Maya. Ante la difícil operativización de esta propuesta, los pueblos, formados desde la articulación de comunidades, aparecen como sujetos de identidad y lucha con una base más real.
En estas dinámicas, los procesos autonómicos avanzan en la práctica y el discurso. Las formas de reorqanización y lucha desde los años de las primeras autoridades comunitarias, pasando por las consultas, las resistencias y la articulación a diferentes escalas, suponen la generación de capacidades de autogestión y autogobierno entre gente de generaciones, ideologías y orígenes diyersos.
Al mismo tiempo que se desarrollan estas construcciones autonómicas de hecho, los planteamientos también van tomando un cariz cada vez más claramente autonómico, liberado de otros planteamientos. Por un lado, la demandas por un Estado plurinacional se hacen presentes en las agendas de actores como CPO y Waqib K’ej, abandonando la formulación multicultural de Guatemala como país “multiétnico, pluricultural y multilingüe” y avanzando en la concreción política de la autodeterminación de unos sujetos políticos que se asumen como naciones. Por otro, el carácter antineoliberal de las luchas incorpora cada vez más cuestionamientos al desarrollo capitalista y propuestas de refundar modelos de vida sobre las ontologías relacionales propias de los pueblos indígenas.
El año 2015, con la destitución y enjuiciamiento del Presidente por la presión popular, pudo suponer un parteaguas en la política guatemalteca, pero sólo sirvió para profundizar con más impunidad y descaro la degradación del sistema. Ante ello, los actores y organizaciones indígenas también profundizaron su apuesta autonómica al tiempo que aumentaban su presencia pública.
Las marchas y manifestaciones del 2015 fueron precedidas los años previos por una fuerte presencia en las calles de organizaciones indígenas y campesinas que cuestionaban los efectos del modelo extractivista. En los momentos álgidos de 2015 sumaron a la demanda de destitución presidencial un cuestionamiento a todo el sistema político heredado de la posguerra. Desde ese momento, los diferentes actores indígenas han mantenido la actitud crítica con el desarrollo político del país y la institucionalización del saqueo a los bienes públicos ocurridos durante los dos últimos periodos presidenciales.
Producto de este proceso, CODECA puso desarrolló el planteamiento de la necesidad de un Proceso Constituyente Popular y Plurinacional para encarar la necesaria refundación del Estado guatemalteco y librarlo de su base racista y oligárquica. Desde entonces, cada vez más actores han ido haciendo suyo este reclamo y esta vía de transformación política, apoyando así la normalización del carácter plurinacional de Guatemala, tema siempre muy conflictivo.
Además, desde 2015 ha aumentado la presencia indígena en la lucha electoral. Desde la paz, las opciones políticas que defendían los derechos de los pueblos habían sido las ligadas a la izquierda, sobre todo la ex guerrilla URNG; y en 2007 surgió Winaq como formación política abiertamente maya. Pero para 2015, la novedad fue la incorporación de los actores surgidos de la lucha comunitaria al proceso electoral. CPO se presentó aliada a la formación Convergencia, mientras que el Gobierno Plurinacional Q’anjobal se presentaba en las listas de Winaq. Y a partir de aquellas jornadas, el CODECA decidió crear su propio instrumento político, el Movimiento de Liberación de los Pueblos –MLP, con el reclamo básico de la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. En las elecciones de 2019, su candidata Telma Cabrera movilizó muchas esperanzas, aunque finalmente no logró revertir la tendencia al declive político en que estamos inmersos.
Pese a ello, el interés de estos actores indígenas por una vía electoral cada vez más desacreditada y una vida político-parlamentaria cada vez más vaciada de contenido, muestran cómo la apuesta autonómica y de reconstitución de capacidades de autogobierno desde las comunidades y los pueblos, no está reñida con la preocupación por el devenir político del país –Estado, sociedad economía- en que están insertos. Pareciera que la construcción de capacidades autonómicas les fortalece para su actuación en la política formal, ya sea municipal o nacional, De nada sirve esa autonomía de hecho si el contexto en que se mueven sigue siendo de despojo e impunidad.
Fuente: Prensa Comunitaria
