Las multas impuestas por la Inspección de Trabajo a empresas de la demarcación provincial de Málaga desde el inicio de la pandemia por algún tipo de infracción relacionada con las condiciones de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) presentan hasta la fecha la cuantía conjunta más alta de toda Andalucía (también del Estado) en este apartado, lo que revela sin duda una mayor gravedad de las faltas detectadas por este organismo en sus controles al tejido productivo de la provincia.
La propuesta total de sanciones por estas conductas fraudulentas, sin embargo, alcanza en Málaga los 2,45 millones. Expuesto de forma más gráfica, la media de las multas a las empresas en Málaga sería de unos 9.680 euros, muy superior a la media estatal, que estaría en los 4.800 euros (se levantaron 4.588 infracciones, con sanciones de casi 22 millones).
Fuentes cercanas al Ministerio de Trabajo y Economía Social, del que depende la Inspección, recuerdan a este periódico que la tipificación de las faltas por incumplimiento de los ERTE puede quedarse en «grave», donde las sanciones se mueven entre los 626 euros y los 6.250 euros en función de su grado, o pasar a ser consideradas «muy graves», donde la horquilla arranca en su grado mínimo en los 6.251 euros por trabajador afectado.
De hecho, las fuentes consultadas indican que en Málaga hostelería y turismo, tradicionalmente, son los que en años anteriores han venido concentrado más actuaciones de la Inspección.
Causas
La irregularidad más habitual aflorada es la detección de trabajadores que realizaban tareas para sus empresas en horas o días incluidos en la suspensión del contrato a través del ERTE, ya fuera por orden de la propia empresa o de forma pactada entre ambos. Ejemplo de ello sería una persona en un ERTE del 50% de la jornada que estuviera trabajando fuera de esas horas. O alguien a quien se le asignan horas de lunes a viernes y al que se le detectara activo el sábado.
Esta prolongación ilegal de la jornada sería considerada falta «muy grave» debido a que el trabajador estaría cobrando del SEPE indebidamente una prestación por desempleo. En estos casos, además de la multa a la empresa, la Inspección obliga al trabajador a devolver las prestaciones mientras que el empresario debe hacer lo mismo con las cuotas de la Seguridad Social de cuyo pago había sido exonerado.
Las fuentes consultadas recuerdan que las empresas acogidas a un ERTE tienen que comunicar en todo momento al SEPE cualquier cambio en las circunstancias laborales de sus trabajadores. Es decir, si un empleado es reincorporado de forma parcial o completa, aunque sea de forma puntual para cubrir una jornada de mayor actividad, el empresario debe notificarlo.
Además, las empresas están obligadas a informar al SEPE en el tramo final de cada mes cuáles han sido las jornadas de actividad y de inactividad de cada empleado, para que este organismo pueda calcular la nómina que les tiene que abonar en concepto de prestación. En caso de no hacerlo incurren en una falta grave.
Todos estas inspecciones, lógicamente, han sido mucho más difíciles de realizar en el marco de la pandemia, con muchas personas teletrabajando desde sus casas. Se sabe que la Inspección ha recurrido en ocasiones a comprobar la actividad de las redes en remoto que utilizan las empresas para conectar a sus empleados desde sus domicilios y a repasar los horarios de los correos electrónicos del trabajo.
Los datos de las multas en Málaga no sorprenden al secretario general de CCOO en Málaga, Fernando Muñoz, para quien no son más que «la punta del iceberg» de todos los incumplimientos que, desgraciadamente, se dan. Muñoz lamenta que existan empresarios que cometen estas tropelías «con sensación de impunidad» y dice que su proceder «mancha» al resto de negocios que sí actúan conforme a las normas. CCOO demanda también que la Inspección de Málaga cuenta con más efectivos. «Tienen algo más de 30 inspectores y subinspectores harían falta más de 50 en una provincia como ésta», afirma el responsable sindical de CCOO.
Fuente: La Opinión de Málaga.