Alfredo Valadez Rodríguez /Resumen Latinoamericano, 5 de mayo de 2021
Sujetos no identificados asesinaron a los ambientalistas y defensores del territorio José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega, esposos entre sí y miembros del ejido El Bajío, el municipio de Puerto Peñasco, Sonora, quienes hasta su muerte el pasado 27 de abril, se opusieron a la operación de la minera Penmont, subsidiaria del Grupo Peñoles.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) denunció que los ambientalistas, durante los últimos años habían sido víctimas de acoso directo y agresiones graves, por oponerse a la minera propiedad de Alberto Bailleres González.
Hace un año, ambos defensores del territorio ya habían sido secuestrados y fuertemente torturados según lo habría denunciado el propio Robledo Cruz, el 23 de marzo del año 2020, a la REMA.
Otro ataque sufrido por Robledo Cruz se produjo el 3 de septiembre de 2017, cuando sin una orden judicial, “fue detenido y desaparecido afuera de su domicilio por hombres encapuchados, quienes portaban armas largas y chalecos de la Secretaría de la Defensa Nacional”, dijo la REMA.
En ese momento, la agresión fue difundida por el portal de noticias Pie de Página, y en su testimonio Robledo Cruz planteó que “ese día me levantaron junto con mi esposa, me torturaron hasta dejarme casi muerto. Mi esposa corrió la misma suerte”, comentó la organización.
Muchos años atrás, la pareja de ejidatarios fue víctima de acoso judicial, desde el año 2002, “al ingreso de la empresa Penmont en su territorio”, cuando decidieron defenderse e interponer denuncias conforme a la ley, a partir de presentar amparos y llevar ante el Tribunal Agrario juicios por el despojo del cual habían sido objeto”, explicó en su comunicado la REMA.
“Sin embargo, a pesar de lograr varias sentencias a su favor, ninguna de ellas ha sido ejecutada y, por el contrario, desde el primer momento de reclamo, se incrementaron las intimidaciones, detenciones arbitrarias, homicidios, levantones, desapariciones forzadas, el uso de la fuerza pública, el despojo y el desplazamiento forzado, además del amedrentamiento a periodistas y robos de vehículos”.
Lamentablemente, ahora que han sido asesinados los dos defensores del medio ambiente y del territorio, “en los tiempos de la 4T todo sigue igual; el modelo extractivo continúa mostrando su verdadera naturaleza y, sin recato alguno, opera en abierto contubernio, con los tres órdenes de gobierno”, denunció la REMA.
Entre esos presuntos órganos de “represión”, al servicio de las empresas mineras nacionales y extranjeras, están “el uso de las fuerzas armadas legales, como la policía minera, creada recientemente por el ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, hoy aspirante de Morena para gobernar el estado de Sonora”, acusa la REMA.
“En época de celebración de jubilaciones, no podía ser diferente la del empresario minero mexicano Alberto Bailléres González, al dejar como su último acto, otra andanada de sangre derramada sobre los cuerpos de la compañera María y el compañero José de Jesús. El magnate se retira de sus ‘ocupaciones’, con la saña que lo ha caracterizado siempre, tal cual una vida llena de saqueo, de asesinatos y de la compra de los aparatos de justicia”, explicó la REMA.
FUENTE: La Jornada